El Gobierno oficializó la reglamentación de la Ley N° 7444/2025, una normativa que promete transformar la vida de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país. La nueva ley simplifica el proceso de formalización, ofrece alivios económicos y abre la puerta a servicios sociales y financieros que hasta ahora estaban fuera del alcance de la mayoría de los emprendedores.

Luis Tavella, presidente de la Federación de Mipymes (Fedemipyme), destacó en entrevista con la 1000 AM que se trata de un logro histórico, fruto de un arduo trabajo con el Viceministerio de Mipymes.

“Muy felices, un trabajo arduo que tuvimos con el Viceministerio de Mipymes. Ahora el trabajo, que no es menor, es de la socialización de la ley”, remarcó.

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Uno de los puntos centrales es la creación de la Cédula Mipyme, un documento que, una vez gestionado, permitirá acceder a todos los beneficios previstos. Según Tavella, las empresas que se formalicen contarán con costo cero durante los primeros tres años, lo que significa un alivio importante para negocios que hoy operan con márgenes muy ajustados.

A partir del cuarto año, las firmas comenzarán a pagar y el Estado empezará a recaudar. “Esta ley busca dar ventajas, un tiempo como para que las microempresas se fortalezcan”, explicó.

El dirigente gremial recordó que la mayoría de las microempresas en Paraguay son familiares, con facturaciones que como máximo alcanzan los 20 millones de guaraníes mensuales. “Trabajás con tu esposa, con primos, es un esfuerzo en familia. Esta ley viene a dar un respiro y la posibilidad de crecer sin tanta carga al inicio”, puntualizó.

Las expectativas son altas. Tavella estimó que, en un escenario optimista, unas 10.000 microempresas podrían formalizarse en el primer año, dentro de un universo que ronda las 400.000. A mediano plazo, la meta es mucho mayor: entre 80.000 y 100.000 microempresas podrían acogerse a los beneficios, siempre y cuando las instituciones estatales cumplan su rol y acompañen el proceso.

“Creemos que unas 80.000 a 100.000 empresas micro se estarán acogiendo a los beneficios, si las instituciones se ponen las pilas. Los primeros resultados veremos a finales del año que viene recién”, apuntó.

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A través de una ley buscan la inclusión de personas con trastornos del espectro autista (TEA). Con esta iniciativa se quiere garantizar el trato preferencial en espacios públicos y privados.

“Esto es algo que se está haciendo en 1970 en Europa. Son espacios acondicionados para los niños. La realidad de hoy es que las salas de espera son multiuso, hay gente adulta y un niño no puede estar esperando en medio de cientos de personas una consulta”, señaló el neurólogo José Medina a la 1020 AM.

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Lo mismo, el niño con TEA tampoco puede esperar un vuelo en el aeropuerto o estar en un lugar en el shopping, agregó.

“Tiene que tener condiciones sensoriales diferentes, diferentes luces, diferentes sonidos y espacios donde puedan distraerse. Entonces, yo no le puedo obligar a una criatura en un lugar público a esperar con otras personas”, expresó.

El especialista recordó que ya en el siglo pasado, en los países europeos e inclusive Brasil tiene adecuado sus aeropuertos y estaciones de buses.

“O sea, en todos los lugares donde haya aglomeración de gente tiene que contar con un espacio donde los chicos puedan relajarse y estar tranquilos”, puntualizó.

Aclaró que a los niños con TEA no les gusta la aglomeración de personas. Por ello, deben contar con un lugar apartado que evite sonidos, música. Necesitan una sala acondicionada especialmente, conforme expresó.

“La propuesta permitirá una identificación clara y rápida de las necesidades especiales de los usuarios, asegurando así espacios acondicionados en lugares públicos y privados, incluidos aeropuertos, centros de salud, escuelas y otros espacios concurridos”, remarcó.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 al Congreso Nacional. Este contempla un gasto de USD 18.900 millones para el próximo año, un aumento del 12 % respecto al actual ejercicio fiscal (USD 17.700 millones).

Este incremento, según precisó el titular del MEF, está distribuido entre la administración central y entes descentralizados como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), la Administración Nacional de Electricidad (Ande), gobernaciones y otros organismos.

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Uno de los puntos más importantes de este PGN es que se prevé llegar a la convergencia fiscal en 2026, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que permite un déficit anual del 1,5 % del producto interno bruto (PIB). Este año se cerrará en 1,9 %.

Otro detalle en la presentación de la ley más importante del país, es que es la primera vez que se hace entrega del proyecto en formato QR y no en hojas de papel, a fin de contribuir con la sustentabilidad.

Consultado sobre los gastos rígidos, el ministro señaló que el componente salarial representa el 62 % de los impuestos en la administración central. Aunque este porcentaje puede parecer elevado, recordó que en su punto máximo llegó al 77 % y que en 2025 fue del 65 %, por lo que actualmente se observa una reducción.

Mencionó que, al margen de los incrementos en sectores prioritarios como salud y educación, recordó el ajuste salarial del 3,6% para docentes, y que el peso de los salarios sobre la recaudación sigue disminuyendo.

Sobre los sectores prioritarios, dijo que se destinarán USD 25 millones adicionales al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), al igual que en el presupuesto del año anterior. Señaló que el objetivo es garantizar recursos reales y sostenibles para un sector sensible como la atención a pacientes oncológicos.

Respecto a inversiones en infraestructura, expuso que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tendrá un presupuesto similar al de este año, así como proyectos de inversión de la ANDE y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Acerca de la reforma del transporte público, aclaró que los USD 300 millones contemplado en el PGN, corresponde al costo total estimado del plan, pero que en el presupuesto se incorporan USD 55 millones en subsidios.

Dijo que estos fondos podrán ser reprogramados según avance la implementación del nuevo sistema. Resaltó que, por primera vez, el subsidio al transporte se financiará con recursos propios, eliminando la necesidad de endeudamiento.

Por segundo día consecutivo, miles de personas se manifestaron este miércoles en Kiev, capital de Ucrania, contra la nueva ley que limita la independencia de dos importantes organismos anticorrupción, una movilización que resulta inédita desde el inicio de la guerra contra Rusia.

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La nueva ley, que rige desde el martes fue muy criticada por los activistas contra la corrupción en Ucrania. Los ciudadanos advierten que la cada vez mayor presión del gobierno amenaza las reformas necesarias para entrar en la Unión Europea.

Tampoco desde los Estados Unidos están muy conformes con los cambios decretados por Ucrania, incluso Donald Trump comentó que no estaba seguro si cada dólar enviado al gobierno de Zelenski había sido utilizado en la guerra.

También la congresista republicana Marjorie Taylor Greene opinó sobre las manifestaciones en su cuenta de X. Y se tiró contra el líder del gobierno, Volodímir Zelenski.

No se limitó a una crítica al presidente ucraniano, sino que también cuestionó la asistencia militar y económica a Kiev y pidió poner fin a esta política. “¡Y Estados Unidos debe dejar de financiar y enviar armas!”, expresó.

Las protestas, que en principio se concentraron en Kiev, con el correr de las horas se extendieron a otras localidades como Lvov, Odesa, y Dnepropetrovsk, sobre todo después de que Zelenski estampara su firma en la cuestionada ley que pone fin a la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano).

Según el medio RT, solo en la capital, más de 1.000 personas se congregaron cerca de la oficina presidencial, coreando consignas como “vergüenza”, “veta la ley”y “Zelenski es un demonio”.

El medio explica que la norma aprobada “establece la completa subordinación del SAP al fiscal general y le otorga a este el derecho de supervisar las investigaciones de la NABU, exigir que cualquier caso se remita a ese organismo y darle instrucciones".

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Esto hará que la NABU desarrolle sus actividades bajo la supervisión del fiscal general, con quien deberán ser acordados todos los acuerdos de culpabilidad y las sospechas.