Los 55 millones de extranjeros que tienen visas para Estados Unidos están sujetos a revisión continua, advirtió el Departamento de Estado el jueves, mientras el presidente Donald Trump intensifica su control sobre visas e inmigración. “La verificación continua del Departamento incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente tienen visas estadounidenses válidas”, declaró un funcionario del Departamento de Estado.

"El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como, por ejemplo, cualquier indicador de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista", indicó.

El funcionario no dijo que los 55 millones de visas estuvieran bajo revisión activa, pero explicó que el gobierno de Trump las tenía en la mira y que estaba intensificando el escrutinio, en particular entre los estudiantes. “Estamos revisando todas las visas de estudiantes”, declaró el funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que el Departamento de Estado monitorea constantemente lo que se dice en redes sociales, información que los solicitantes de visas ahora deben mostrar.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, no ha ocultado sus críticas a los manifestantes antisraelíes, utilizando una ley poco clara que le permite revocar visas a personas consideradas contrarias a los intereses de la política exterior estadounidense. Desde que Rubio asumió el cargo en enero con Trump, el Departamento de Estado anunció la revocación de 6.000 visas.

Sin embargo, la administración ha enfrentado reveses en dos sonados casos. Mahmoud Khalil, residente legal permanente en Estados Unidos que lideró las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, fue liberado en junio por un juez. Rumeysa Ozturk, estudiante turca de posgrado de la Universidad de Tufts, que escribió un artículo en un periódico universitario crítico con Israel, fue liberada por un juez en mayo a la espera de sus argumentos.

Fuente: AFP.

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Los extranjeros de algunos países que solicitan visas de turismo o de negocios tendrán que pagar una fianza de hasta 15.000 dólares para entrar en Estados Unidos, según un proyecto piloto revelado ayer lunes por el Departamento de Estado. Con el objetivo declarado de frenar la inmigración ilegal, el presidente estadounidense Donald Trump tomó una serie de medidas drásticas desde que regresó al poder en enero.

El republicano, de 79 años, decidió vetar o restringir la entrada a ciudadanos de 19 países que se encuentran en África, tienen población de mayoría musulmana o son gobernados por la izquierda como Cuba y Venezuela. Además, ha bloqueado la solicitud de visas a algunos estudiantes. La iniciativa piloto de solicitar entre 5.000 y 15.000 dólares en depósito se publicará el martes en el registro federal y entrará en vigor 15 días después.

Se trata de garantizar que los solicitantes de visa no excedan la estadía autorizada en Estados Unidos. El proyecto piloto tiene una duración de 12 meses y se aplica tanto a visas de negocios como de turismo, según el aviso del Departamento de Estado. El viajero recuperará el dinero si cumple las normas y lo perderá si se queda en el país más tiempo del permitido.

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El programa se aplica a ciudadanos de países identificados por el Departamento de Estado con altas tasas de permanencia más allá de la fecha permitida o en los que el control y verificación de la información “son considerados insuficientes”, se lee en el aviso. Preguntado por la AFP, el Departamento de Estado no ha ofrecido detalles.

En un informe sobre el año fiscal de 2023, que comienza el 1 de octubre del año anterior y termina el 30 de septiembre, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) estadounidense dio cuenta de unos 565.000 casos de estancias prolongadas, es decir 1,45% del total. En otras palabras, el 98,55% de los visitantes no inmigrantes “salieron de Estados Unidos a tiempo y de acuerdo con los términos de su admisión”, se lee en el informe.

Fuente: AFP

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Al menos 68 migrantes murieron y decenas más fueron declarados desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en aguas de Yemen, informó el lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Hasta anoche, habían muerto 68 personas a bordo del barco, pero solo 12 de los 157 pasajeros han sido rescatadas. Se desconoce el paradero de los restantes”, indicó a AFP el jefe de misión de la OIM en Yemen, Abdusattor Esoev.

Un saldo previo dado a conocer el domingo informó de 27 muertos. “El barco se dirigía hacia las costas de la provincia (de Abyan)”, indicó una fuente de la policía de Abyan a la AFP. “Las fuerzas de seguridad (...) realizan actualmente una gran operación para rescatar los cuerpos de un gran número de migrantes de nacionalidad etíope (oromos), muertos ahogados en el mar frente a las costas de la provincia de Abyan cuando trataban de penetrar ilegalmente al territorio yemení”, indicó la dirección de Seguridad del gobierno de Abyan en un comunicado.

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“Muchos cuerpos fueron hallados dispersos en las playas, lo que deja pensar que algún número de víctimas están desaparecidas”, según la misma fuente. Pese al conflicto que devasta a Yemen desde 2014, la migración irregular hacia el país no ha cesado, especialmente desde Etiopía.

Los migrantes atraviesan por el estrecho de Bab Al-Mandab que separa Yibuti de Yemen, una ruta importante para el comercio internacional, pero también para las migraciones y el tráfico de seres humanos. Las ricas monarquías petroleras del Golfo, como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, acogen una importante mano de obra extranjera proveniente del subcontinente indio y de África.

Fuente: AFP.

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El presidente Donald Trump firmó ayer jueves un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos. Las nuevas tarifas aduaneras, una de las palabras preferidas del presidente republicano, conocido por tener una visión mercantilista de las relaciones comerciales, no entrarán en vigor este viernes como estaba previsto inicialmente, sino dentro de siete días.

Este retraso tiene como objetivo dar tiempo a las aduanas para prepararse, informó un alto cargo estadounidense a periodistas. “Reestructuración del comercio mundial en beneficio de los trabajadores estadounidenses”, escribió la Casa Blanca en mayúsculas y negrita en uno de los documentos en los que anuncia los nuevos gravámenes.

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Se trata de “abordar aún más el creciente déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos” y “proteger a Estados Unidos de las amenazas extranjeras a la seguridad nacional y la economía”, añade. Las nuevas tarifas aduaneras llegan al 41 % en el caso de Siria, a la que Suiza pisa los talones con el 39 %. Argelia está sujeta al 30 %, Bangladés al 20 %, Laos al 40 % e India al 25 %.

Canadá también recibe un golpe, al pasar del 25 % al 35 %, salvo los productos protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte junto con Estados Unidos y México. “Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos” lamentó la Casa Blanca.

“Los cárteles mexicanos operan cada vez más laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno en Canadá”, añade sobre dos opioides sintéticos que preocupan a Estados Unidos. La Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur, unos de los pocos socios que lograron renegociar las tarifas durante la tregua anunciada en abril y postergada desde entonces, estarán sujetos al 15 %, como la mayor parte de los países. El Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas también alcanzaron acuerdos, todavía preliminares.

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Washington aumentó del 10 al 15 % los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantuvo intactos los previstos en abril para Venezuela (15 %) y Nicaragua (18 %). Brasil figura con un 10 %, pero será solo hasta el 6 de agosto. El miércoles el gobierno de Trump anunció que a este arancel mínimo universal añadirá 40 puntos porcentuales (pp), lo que equivale a un 50 %, debido sobre todo al juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intentona golpista.

Este jueves, tras hablar por teléfono con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, Trump se mostró indulgente con su vecino del sur y le concedió una prórroga de 90 días con el objetivo “de firmar” un acuerdo “dentro de ese plazo, o incluso más”. Entre tanto sigue sometido al 25 % salvo los bienes incluidos en el T-MEC.

Se alcanzó “el mejor acuerdo posible” si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa. México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30 %, “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas”, añadió Trump.

“No cabe duda: el decreto y los acuerdos” concluidos en los últimos meses “destrozan el libro de reglas comerciales que ha gobernado el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, opina Wendy Cutler, vicepresidenta senior del Asia Society Policy Institute. “Si nuestros socios pueden preservarlo sin Estados Unidos es una pregunta abierta”, añadió.

China ha quedado excluida del drama porque su tregua no expiraba este viernes, sino el 12 de agosto, cuando los aranceles podrían volver a niveles más altos. Hasta ahora la mayoría de los países se enfrentaban al arancel mínimo universal del 10 % impuesto en abril y los aplicados a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles. A partir del viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. El impacto de los aranceles preocupa a los economistas. Los consideran un lastre para la inflación, que subió al 2,6 % en junio, según el índice PCE publicado el jueves, y para el crecimiento de Estados Unidos.

El uso de los aranceles como medio de presión para alcanzar acuerdos comerciales favorables a Estados Unidos acabó en los tribunales. Este jueves se celebró una vista en una corte de apelaciones de Washington para determinar si Trump se ha extralimitado en sus facultades constitucionales al imponer estos recargos. La Casa Blanca ha advertido que apelará ante la Corte Suprema si la sentencia le es desfavorable.

Fuente: AFP.