Tanto en Paraguay como en Argentina, la ciudadanía en general está expectante a cuál será la decisión del jurado que juzga el crimen de Fernando Báez Sosa, el hijo de paraguayos radicados en el país vecino, quien fue brutalmente atacado y asesinado en manos de ocho jóvenes rugbiers a la salida de un local nocturno en Villa Gesell, Argentina, hace tres años. La sentencia se dará a conocer este lunes.
“La expectativa que tenemos es que se dicte la perpetua a los ocho imputados. Cualquier otra condena alternativa motivaría recurrir a un Tribunal Superior”, comentó en comunicación con la 1000 AM Fabián Améndola, uno de los abogados de la familia de Fernando.
Améndola destacó que lo mínimo que puede ser otorgado por la Corte es la prisión perpetua por el odio, la saña y por sobre todo la premeditación que es clara en el caso e indiscutible gracias a las pruebas forenses, de video y mensajes de Whatsapp, y por sobre todo, por el testimonio de los testigos que intentaron ayudar a Fernando.
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“Nosotros estamos convencidos de que el hecho está acreditado, como también la participación de los ocho imputados para que se dé la única sanción justa que es la prisión perpetua”, subrayó el abogado al ser consultado respecto a la posibilidad de que no se le dé la misma condena a todos los imputados por no contar con el mismo grado de participación.
Este 6 de febrero, el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores debe definir cómo dar a conocer la sentencia de los acusados que podrían ser de dos formas; una, solo leer el veredicto con la llamada “Parte dispositiva”; o como segunda opción, ampliar el margen y también dar lectura de la sentencia con una breve reseña de los fundamentos de la decisión.
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Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
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El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.
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“Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear”, dice abogado esteño
“Nosotros descubrimos que Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear“, dijo el abogado Víctor Enríquez, quien integra la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, organización sin fines de lucro que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción que pesan contra el intendente Miguel Prieto, quien insiste en obstaculizar la labor del interventor Ramón Ramírez y ayer le envió una escribana pública para amedrentarlo.
“Él nos engañó a todos con shows mediáticos, ya que es un corrupto, un egocéntrico que necesita salir en los medios de prensa, ya sea bien o mal”, sostuvo Enríquez, este viernes, en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones del abogado, quien fue apoderado de Prieto en su primera elección para completar el mandato de Sandra McLeod en 2019, surgen tras el desesperado intento del líder del movimiento Yo Creo en interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, que denunció la dificultad de acceder a documentos públicos debido a maniobras de los directores prietistas de las dependencias municipales.
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Confianza en el interventor
“Los integrantes de la Contraloría Ciudadana le llenamos la canasta de denuncias. Si él se sintió ofendido (por las denuncias de Ramírez), ¿por qué no se anima a establecer una querella en nuestra contra? Seguro porque no tendrá el mediatismo que tiene el hecho de ir a patotear al interventor de la municipalidad”, comentó Enríquez.
Prieto envió ayer jueves a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente. “El interventor es una persona muy segura, que llegó para hacer un trabajo técnico, no es mediático”, indicó el integrante de la Contraloría Ciudadana de CDE.
“Es un simple farsante mediático”
“Las denuncias que presentamos contra Prieto no son chismes, son investigaciones claras, fehacientes de todos los actos de corrupción de Prieto. Es un simple farsante mediático. Cómo creer a un tipo que tiene como asesor en la municipalidad a un exdiputado (Carlos Portillo) que perdió su investidura por corrupto, por ser grabado extorsionando en casos judiciales; y después Prieto quiere hablar de honestidad y honorabilidad", refirió.
Señaló que, como organización, ya mantuvieron un encuentro con Ramírez para presentarle las investigaciones y denuncias sobre irregularidades que detectaron en la gestión del opositor. “Está todo en sus manos y tenemos la plena certeza que está haciendo bien su trabajo”, dijo.
El abogado denunció que los concejales aliados a Prieto pretenden obstaculizar el trabajo de intervención. “Ellos no quieren que se investigue. En todas las denuncias que redacté para la Contraloría Ciudadana se tipifica lesión de confianza, asociación criminal, se tiene una organización jerárquicamente organizada para provocar hechos punibles. Acá hay una organización criminal, Prieto y sus concejales armaron una gavilla para saquear“, sentenció Víctor Enríquez a Nación Media.
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Argentina mejora calificación de deuda en medio de protesta salarial
La agencia de calificación de riesgo Moody’s informó ayer jueves en un comunicado que elevó la nota de la deuda a largo plazo de Argentina en dos niveles, de Caa3 a Caa1, aunque se mantiene en la categoría especulativa. La calificadora estadounidense justificó su decisión citando las reformas macroeconómicas recientes, que han contribuido a reducir la inflación y a regresar al crecimiento a finales de 2024.
Estima que el riesgo de un incumplimiento de pagos o de una reestructuración de la deuda ha disminuido gracias al retiro progresivo de las restricciones cambiarias “permitiendo una transición hacia un régimen de cambio más sólido, apoyado en la reconstitución de reservas internacionales”.
La agencia destaca además que la economía del país registró un crecimiento del 5,9 % en el primer trimestre de 2025 “impulsado por la demanda interna y sostenido por una recuperación de la confianza”.
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La calificación de Caa1 tiene una perspectiva “estable”. “La desinflación contribuyó a un alza de los salarios reales, mientras que el ajuste presupuestal ha mejorado la disponibilidad de crédito, ahora menos competido por los préstamos del sector público”, agregó Moody’s.
Desde hace más de un año, Argentina se beneficia de una fuerte tendencia a la baja de los precios. En junio, la inflación interanual se ubicó en el 39,4%, contra el 211% de finales de 2023, al inicio de la presidencia de Javier Milei, y cuando se aplicaron las primeras medidas de austeridad, entre ellas una fuerte devaluación del peso de más del 53%.
En abril, el país recibió préstamos y ayudas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 42.000 millones de dólares en total.
Es el “reconocimiento de los impresionantes avances realizados en la estabilización de la economía” argentina, indicó la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Moody’s precisa en todo caso que la debilidad de las reservas exteriores de Argentina y obstáculos estructurales a la inversión extranjera todavía impiden que la nota supere el nivel Caa1.
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Recortes en salud pública
Miles de personas se movilizaron este jueves pasado a la Plaza de Mayo de Buenos Aires bajo la consigna “la salud no se toca” para reclamar por mejoras salariales para los trabajadores de la salud. Con pancartas con leyendas como “recomposición salarial ya” y “el hospital no se toca”, médicos, residentes, enfermeros y trabajadores de otros sindicatos se movilizaron para protestar contra lo que consideran un “vaciamiento sistemático” de la salud pública como parte del drástico plan de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei.
“La situación actual es crítica”, dijo a la AFP Ignacio Meza, médico residente del hospital público Fernández, en la movilización. “Tenemos un gran ataque del gobierno nacional hacia la salud pública, donde los ajustes de salario de los trabajadores de la salud afectan directamente a la salud de la población”.
El detonante para la marcha fue la situación del hospital público Garrahan, principal centro pediátrico del país, cuyos trabajadores realizan paros y protestas desde hace meses denunciando una “asfixia salarial”.
“Hay un éxodo masivo de recurso humano capacitado”, dijo el miércoles en CNN Radio el médico neonatólogo del Garrahan Nicolás Morcillo. “El hospital funciona con un presupuesto del 2023 y no sabemos cómo llegaremos a fin de año”.
Meza señaló que en su hospital ve integrantes del personal “cansados y guardias explotadas” ya que “cada vez más pacientes caen (van) al hospital por falta de medicación, porque no logran atenderse en los centros propios de su obra social (privados, ndlr)”.
Mientras se llevaba adelante la protesta, el ministro de Salud, Mario Lugones, desmintió en X que se esté desfinanciando al hospital Garrahan y dijo que se trata de un reordenamiento para “terminar con los curros (trampas) legales y la mala administración”.
Fuente: AFP.
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Ley de la Función Pública elimina vacío legal y profesionaliza la carrera, afirma abogado
El abogado laboralista Jorge Rivas Careaga, destacó los principales avances de la ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, que entró en vigencia este 16 de julio último y que tiene como objetivo promover una administración pública más eficiente, profesional y orientada al mérito. Con esta normativa se deroga la ley n.º 1626/2000, de la Función Pública.
“Siempre los cambios generan inquietudes y eso es absolutamente natural. Teníamos una ley que estuvo vigente 25 años, entonces, por supuesto, cualquier modificación genera temores, expectativas. Esta ley 7445, fundamentalmente lo que hace en conjunto es recoger todas las experiencias de la función pública durante los años de vigencia de la ley 1626, aprender de esas experiencias, corregir los errores y mejorar la anterior normativa”, indicó Rivas en una entrevista con el programa “Tarde de perros”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Esta es una norma reguladora que yo considero, no un paso, sino un salto para adelante, con garrocha, si se quiere, por la virtud de haber recogido todo lo que se tenía con la ley anterior. Muchas disposiciones, doctrinas de los tribunales que ya estaban vigente en materia administrativa también fueron recogidas”, acotó Rivas.
La 7445/2025 estipula reglas claras para la gestión del talento humano en el sector público, incorporando por primera vez una Carrera del Servicio Civil y un sistema para directivos públicos, con estándares más rigurosos y perfiles diferenciados para cargos técnicos y profesionales.
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Autonomía constitucional
Se aplica a todas las instituciones públicas, incluidas aquellas con autonomía constitucional, reconociéndoles la facultad de reglamentar internamente la aplicación de los principios generales establecidos por la ley. De esta manera, se supera el vacío legal dejado por la 1626/2000, que durante su vigencia fue objeto de varias acciones de inconstitucionalidad por pretender imponer una rectoría centralizada desde el Ejecutivo.
La norma también agrega un sistema para directivos públicos, eleva los estándares para asesores institucionales al exigir experiencia comprobada, y establece perfiles diferenciados para los cargos técnicos y profesionales.
“Yo soy un férreo defensor del derecho a peticionar a las autoridades, no podemos vivir en una República democrática si no podemos peticionar. Si la gente cree y entiende que hay derechos laborales en peligro de ser vulnerados tiene todo el derecho y la obligación de expresar sus disconformidades y salir en defensa de lo que cree que es justo. Yo, haciendo un análisis técnico, me parece que no hay de ninguna manera una vulneración de la autonomía constitucional”, dijo.