Linda Kasabian, una integrante de la secta dirigida por Charles Manson que asesinó a la actriz Sharon Tate en 1969, murió a los 73 años de edad, informó el martes la prensa estadounidense. Kasabian actuó como vigilante cuando la llamada “familia Manson” asesinaba a Tate, que estaba embarazada de ocho meses y que era esposa del director de cine Roman Polanski, junto a otras tres personas en un barrio acomodado de Los Ángeles en agosto de 1969.
Durante el juicio de los miembros de la secta, Kasabian fue testigo de la fiscalía y alcanzó un acuerdo de inmunidad. Manson y cuatro de sus seguidores fueron encarcelados después del proceso. Manson murió en detención en 2017.
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El sitio de noticias TMZ reveló que Kasabian murió el 21 de enero en un hospital de Tacoma, estado de Washington, a los 73 años de edad, citando su certificado de defunción. El certificado indicó que Kasabian había cambiado su apellido a “Chiochios” para proteger su identidad tras testificar contra el culto de Manson.
El 29 de marzo de 1971, Charles Manson, de 36 años, y sus tres seguidoras Leslie Van Houten, de 21; Susan Atkins (1948-2009), de 22, y Patricia Krenwinkel, de 23, fueron sentenciados a muerte tras 41 semanas de juicio. Manson falleció en prisión, a los 83 años, el 19 de noviembre de 2017.
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Fuente: AFP.
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La trampa del papel
DESDE MI MUNDO
- Por Mariano Nin
- Columnista
- marianonin@gmail.com
Hay una forma de crimen que no necesita pasamontañas ni pistolas. Ni siquiera va en moto y tampoco requiere entrar por la fuerza ni salir corriendo.
Solo necesita una hoja, una firma, un sello… y una víctima distraída.
En Paraguay, la estafa no siempre se disfraza de violencia. A veces, se viste de legalidad, se archiva en un juzgado y se presenta con sonrisa blanca y traje oscuro.
La llamada “mafia de los pagarés” no actúa en los márgenes de la ley, actúa en sus colores grises, amparada en una sensación de legalidad. Aprovecha los tiempos muertos, la negligencia, la complicidad.
Fabrica deudas ficticias.
Engaña a incautos.
Y cuando todo está listo, activa la máquina del Estado a su favor.
Demandas exprés, embargos millonarios en cuestión de horas, jueces que no preguntan, abogados que cobran en porcentajes. Una industria silenciosa que arruina vidas, pero no deja rastros de sangre ni imágenes en circuitos cerrados.
La víctima, generalmente, no tiene acceso a los pasillos del poder.
Es un comerciante, una señora mayor, un emprendedor, una docente.
De pronto, su cuenta queda bloqueada, luego pierde la casa, el auto, el sustento.
Y al final, debe demostrar que no debe lo que jamás pidió, o que ya pagó el préstamo que con sacrificio sacó confiando en el sistema.
Mientras tanto, los autores intelectuales siguen operando en oficinas con aire acondicionado. Con contactos en registros públicos, escribanías y juzgados. Usando la ley como un arma y la lentitud del sistema como su mejor aliado.
Fidelino trabaja como barrendero municipal en Asunción. Llegó a pagar hasta cuatro veces una misma deuda originada en 2018, con cuotas mensuales de 700 mil a 900 mil guaraníes. Pese a haber desembolsado alrededor de 35 millones de guaraníes, la deuda nunca desapareció y lo dejó prácticamente en ruinas.
No es un drama aislado.
El Senado recibió más de 2.500 denuncias por pagarés fraguados, mientras la Defensoría del Pueblo remitió más de 200 casos con un impacto económico global de más de G. 1.346 millones
Se hallaron cerca de 10.000 expedientes judiciales en una empresa privada dedicada al cobro de deudas, evidenciando irregularidades en la custodia y manipulación de documentos judiciales
Pasaron más de tres años desde que se destaparon los primeros casos. Hay denuncias, evidencias, testimonios. Pero hasta ahora, nadie esta preso.
Se habla mucho de corrupción, de ladrones en cargos públicos. Pero hay otro tipo de abuso, más sutil, más dañino: el que permite que el crimen se institucionalice sin que nadie lo llame por su nombre.
Porque al final, no es la corrupción lo que nos ahoga, es la impunidad de un sistema judicial permisivo que castiga con severidad a los ladrones de gallinas, pero no llega a aquellos que se visten de traje y corbata para robar.
Pero esa es otra historia.
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“No podemos permanecer en silencio ante un hecho tan atroz”, sostiene Arzobispado de Asunción
La sociedad no puede permanecer en silencio ante un hecho tan atroz, sostiene el Arzobispado de la ciudad de Asunción sobre el crimen de la niña ocurrido el lunes en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá).
“Alzamos la voz para clamar justicia. No puede haber verdadera paz mientras crímenes tan crueles no sean esclarecidos ni castigados con todo el peso de la ley”, señala el comunicado.
La autoridad de la Iglesia Católica sostiene que el Estado tiene la obligación moral y legal de proteger a los más vulnerables, los más indefensos y desprotegidos.
“Como Iglesia renovamos nuestro compromiso de cuidar, educar y denunciar toda forma de violencia, amenaza o abuso, sobre todo cuando se ensañan con los más pequeños”, dice el documento.
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La postura del Arzobispado concluye con continuar trabajando en unidad por una sociedad donde los niños puedan crecer en paz, protegidos, cuidados y amados.
En la noche del lunes se encontró el cuerpo sin vida de M. M. R. D., una niña de 11 años. Presentaba evidentes signos de violencia sexual y estrangulamiento. El hallazgo se produjo en medio de un yuyal, situado a unos 200 metros de la vivienda de la víctima, en la comunidad de Isla Saka (Yegros).
El sospechoso, identificado como Marcelo Giménez Duarte, ya está detenido. El mismo negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
Más información: Allanan la casa del sospechoso del crimen de niña de 11 años
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Senadora pide urgencia para reforzar la lucha legal contra la violencia a la niñez
Ante el brutal asesinato por estrangulamiento de la niña de 11 años en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá), expresamos nuestra indignación y solidaridad con la familia y la comunidad, según un comunicado de la senadora Lizarella Valiente.
Este crimen evidencia la urgencia de reforzar la lucha contra la violencia hacia la niñez y aplicar con firmeza las leyes que los protegen, agrega.
Por ello, con los avances legales se requiere de una mayor protección contra la violencia sexual infantil.
Estas personas ya no pueden ser reinsertadas a la sociedad, y lamento que la justicia y sus administradores no sean consecuentes con las herramientas que hoy tienen a la hora de proteger a los niños y a la sociedad de este tipo de individuos, dijo.
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La legisladora recordó que recientemente se promulgó las modificaciones clave a los artículos 128 y 135 del Código Penal, endureciendo las penas por abuso sexual infantil y tipificando nuevas formas de violencia.
Estas reformas, junto a campañas de prevención y operativos de rescate, representan un avance crucial en la lucha por erradicar la violencia contra la niñez, explicó.
“Todos Somos Responsables, hay que romper el silencio. Actuar ya, no damos posibilidad a medidas alternativas a la prisión. Este no es un caso aislado. Es consecuencia de una cultura de violencia que debemos erradicar”, dijo la senadora.
Ante esta situación exige la aplicación estricta de la ley sin atenuantes, la investigación expedita y la condena ejemplar para los responsables, y una mayor protección en comunidades vulnerables
La parlamentaria señala que es crucial desnaturalizar el abuso infantil, visibilizar esta problemática y sensibilizar a las comunidades. “La justicia exige rigor, pero también prevención: denunciar, educar y proteger a niñas, niños y adolescentes es un compromiso colectivo”, mencionó.
En la noche del lunes se encontró el cuerpo sin vida de M. M. R. D., una niña de 11 años. Presentaba evidentes signos de violencia sexual y estrangulamiento. El hallazgo se produjo alrededor de las 20:00, en medio de un yuyal, situado a unos 200 metros de la vivienda de la víctima, en la comunidad de Isla Saka, en el distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá. El sospechoso, identificado como Marcelo Giménez Duarte, ya está detenido. El mismo negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
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Allanan la casa del sospechoso del crimen de niña de 11 años
Una comitiva fiscal y policial allanó la vivienda de Marcelo Giménez Duarte, sindicado como autor del crimen de Melania Montserrat (11), ocurrido el día de ayer lunes en Isla Saka del distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá. Se busca colectar evidencias del trágico suceso que conmocionó a la comunidad.
El agente fiscal, Carlos Ramírez, lideró el operativo y tras el cual finalmente se confirmó que se realizará la autopsia al cuerpo de la niña, aunque en principio consideraba que no era necesario dicho procedimiento.
“Vamos a seguir buscando indicios, todas las aristas son posibles, entonces, para ir descartando ciertas situaciones”, dijo el comisario Marcos Velázquez, jefe de Investigaciones de Caazapá a C9N.
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Según el policía, en las primeras inspecciones no se observaron signos de que la menor haya tenido una lucha en un intento por defenderse de su agresor.
“Por eso es que seguimos buscando otras evidencias que impliquen o lo deslinden de esta situación”, expresó.
Así también, mencionó que “no hay testigos presenciales” del hecho. “Por eso se ha solicitado al personal técnico por disposición del señor subcomandante y se hicieron acá presentes la gente de Homicidios y Criminalística para seguir buscando indicios”, remarcó.
Dijo que en la vivienda el presunto autor vivía con sus padres y dos hermanos. En su defensa, el acusado alegó que se encontraba trabajando en la chacra, y esa coartada también será analizada por los investigadores.
“Hay muchas diligencias que se van a realizar hoy en acompañamiento con el Ministerio Público”, confirmó el comisario Velázquez.