Un juez de la corte suprema de Brasil rechazó este jueves un pedido de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para extender el plazo que el líder de extrema derecha tiene para responder a las acusaciones de la Fiscalía por un presunto intento de golpe de Estado.

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Los abogados de Bolsonaro habían solicitado que el tope de 15 días fijados para contestar a los cargos se suspendiera, porque las pruebas sobre la supuesta trama para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 “no fueron proporcionadas a la defensa” a tiempo.

También exigieron un plazo de 83 días para estudiar dichas pruebas, bajo el argumento de que ese fue el tiempo que demoró la Fiscalía en analizar la documentación para imputar al exmandatario (2019-2022).

El juez Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro se refiere como “dictador”, rechazó el pedido y afirmó que los abogados tuvieron acceso al expediente desde febrero de 2024.

Cumplidos los 15 días, Moraes decidirá si abre un juicio contra el expresidente y 33 de sus colaboradores por cargos de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, entre otros.

Bolsonaro, de 69 años, se expone a una pena de prisión de hasta 40 años por estos delitos.

“Me importa un carajo la prisión”, exclamó el expresidente este jueves en un mitín de su partido en Brasília. También insistió en que es inocente y reiteró un llamado a sus seguidores a manifestarse en varias ciudades el 16 de marzo.

Según la Fiscalía, tras su derrota contra Lula en las elecciones de octubre de 2022, Bolsonaro lideró un plan para “no dejar el poder, o volver a él, por la fuerza”.

La supuesta trama golpista, que contemplaba incluso el asesinato de Lula, no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército, de acuerdo con la investigación.

Entre los imputados figuran también el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, el excomandante de la Marina Almir Santos y Mauro Cid, ex mano derecha del expresidente, quien firmó un acuerdo de delación premiada con la justicia.

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Lastrado por varios procesos judiciales, Bolsonaro presiona por anular una inhabilitación política que le impide concurrir a las presidenciales de 2026, por haber desinformado sobre el sistema de votación brasileño.

Fuente: AFP

La policía de Brasil busca a una periodista británica desaparecida desde hace 11 días en el país sudamericano, informaron este miércoles las autoridades del estado brasileño de Sao Paulo.

La Secretaría de Seguridad Pública dijo en un comunicado enviado a la AFP que la policía “realiza investigaciones para localizar a la persona desaparecida y esclarecer los hechos”.

La Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Brasil (ACIE) alertó el martes sobre la desaparición de Charlotte Alice Peet, de 32 años, y pidió a las autoridades “intensificar la búsqueda para encontrar a la periodista británica lo antes posible”.

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Peet, una reportera ‘freelance’, contactó el 8 de febrero a una amiga en Río de Janeiro para informarle que planeaba viajar allí desde Sao Paulo y necesitaba un lugar donde hospedarse.

Según la ACIE, “la amiga respondió que, lamentablemente, no podía alojarla”. Días después, la familia de Peet en el Reino Unido contactó a la misma amiga para decirle que habían perdido comunicación con la periodista.

La ACIE señaló que Peet había trabajado como ‘freelance’ en Rio hace más de dos años, antes de regresar a Londres. La reportera volvió a Brasil en noviembre de 2024, según el comunicado. Mientras estuvo en el país, Peet escribió para varios medios, como Al Jazeera, The Times de Londres y The Evening Standard, según su perfil de LinkedIn.

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El “criptogate” que sacude el universo político argentino comenzó cuando el presidente Javier Milei, un economista ultraliberal que se jacta de haber contenido la endémica inflación argentina, promovió “de buena fe” una criptomoneda que en dos horas colapsó con pérdidas multimillonarias. El viernes de tarde, Milei promovió (o difundió, según su versión) en redes sociales la “memecoin” $LIBRA. “Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina”, escribió.

Lanzada ese mismo día, la criptomoneda alcanzó tras el tuit un valor de casi 5 dólares y se desplomó en un 90 % en dos horas. Milei borró entonces su publicación inicial y dijo que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”. En ese lapso, la moneda “movió más de 4.500 millones de dólares”, dijo Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales.

El monto de lo que perdieron los inversores “es algo subjetivo y difícil de estimar”, dijo a la AFP. Actualmente esa cifra se estima en 250 millones de dólares. Se presentaron decenas de denuncias en contra de Milei y otros involucrados, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y congresistas opositores dijeron que iniciarían un procedimiento de juicio político por “criptoestafa”.

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Diputados de la opositora Unión por la Patria (peronismo) anunciaron que impulsarán un juicio político al presidente, aunque están lejos de contar con los votos necesarios para que prospere. Esta posibilidad, “de 0 a 10, es cero”, dijo el analista político Carlos Germano a la AFP.

Otros impulsan la creación de una comisión investigadora, una iniciativa más viable, y hay una tercera propuesta promovida por la izquierda para interpelar al presidente. Esto lo expondría a las preguntas del Congreso, que Milei definió en el pasado como un “nido de ratas”.

El PRO, partido aliado de Milei que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), calificó el caso como “muy grave” y evaluó que “impactó en la credibilidad del país”. Sin embargo, declinó apoyar la iniciativa del juicio político “en esta instancia”. “Claramente el presidente ha quedado en el medio de una estafa para mucha gente y eso amerita una investigación muy seria”, dijo Macri. En medio de la polémica, la bolsa argentina (MERVAL) se derrumbó el lunes un 5,58%.

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Para llevar a cabo un juicio político al presidente se requieren mayorías especiales de dos tercios en ambas cámaras. El abogado Adolfo Suárez Erdaire, que se especializa en estafas digitales e investiga este caso, dijo a la AFP que, aun si un juicio político lo hallara culpable, “la única pena que va a tener el presidente en el ámbito político sería la destitución y la inhabilidad para volver a ocupar cargos públicos”.

Pero tras el fin de su mandato podría enfrentar en la justicia ordinaria cargos con penas de hasta seis años de prisión, además de procesos civiles de reparación para los afectados. “Tiene un riesgo legal latente, porque las causas judiciales siempre quedan”, explicó.

Además de Milei, protagonizan el caso el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de la empresa Kelsier Ventures y uno de los creadores de $LIBRA; el singapurense Julian Peh, quien creó la web “vivalalibertadproject.com” desde la cual se lanzó la moneda; y el argentino Mauricio Novelli, fundador del foro tecnológico donde se reunieron con el presidente en octubre en Buenos Aires.

El propio Milei informó en X que había mantenido un encuentro “muy interesante” con Davis el 30 de enero en la Casa Rosada. “Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”, escribió. Novelli es además cofundador de N&W Professional Traders, una empresa que brinda cursos de formación financiera en la que Milei dictó clases antes de lanzarse a la carrera política. “Lo conozco hace años”, dijo el presidente.

El lunes por la noche, el canal TN publicó una entrevista con el mandatario ultraliberal grabada en la misma tarde. “Yo no lo promocioné, yo lo difundí”, dijo Milei, quien aseguró que al darle publicidad a $LIBRA había obrado “de buena fe”.

“Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo”, planteó el presidente, al asegurar que las personas que invierten en criptoactivos “sabían muy bien lo que era el riesgo de lo que estaban tratando”, como aquel que va “a un casino”.

“Un casino en el que las máquinas están tocadas por el dueño”, ironizó Smaldone sobre la metáfora. Un clip editado de la entrevista se viralizó en redes y generó más controversia porque el presidente y el periodista comentan en tono irónico que las preguntas están preparadas de antemano. Poco después, a pedido del equipo de Milei, el periodista cambia una pregunta tras conceder que puede traerle un “quilombo (lío) judicial”.

• Brasilia, Brasil. AFP.

La Fiscalía brasileña imputó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro y a 33 colaboradores por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El organismo presentó cargos “contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho”, dijo en un comunicado.

“La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)”, también imputado, agregó. Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).

De ser hallado culpable por estos delitos, se enfrentará a entre 12 y 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. “Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe” en el que se contemplaba “incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez” de la corte suprema, detalla la PGR. Bolsonaro ha negado las acusaciones y se considera un “perseguido” por la justicia.

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Entre los imputados figuran también el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres y Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada. La fiscalía sostiene que la trama golpista que pretendía revertir la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.

Pero los acusados hicieron “un último intento” el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, “incentivados” por el expresidente y sus colaboradores, dijo.

La imputación, basada en una investigación de la policía, queda ahora en manos de la corte suprema, que deberá decidir si juzga al exmandatario por estos hechos. “El intento de golpe de Estado (...) se convirtió en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro”, reaccionó en la red social X uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.

La defensa del ultraderechista se mostró “asombrada” e “indignada”. El expresidente “nunca” estuvo relacionado con ningún “movimiento que persiguiera la deconstrucción del Estado democrático de derecho”, dijo en una nota. El diputado teniente coronel Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja, cuestionó por su parte la “imparcialidad” de la acusación.

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El presidente del máximo tribunal, Luis Roberto Barroso, dijo el lunes que Bolsonaro sería juzgado “examinando las pruebas” y sin “una visión politizada”. Bolsonaro también se adelantó al anuncio de la fiscalía más temprano este martes, al declarar a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” por la posibilidad de ser inculpado.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar una ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado. La corte suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque, algunos hasta a 17 años de prisión. Bolsonaro tuvo que declarar ante la policía como presunto instigador de esos disturbios.

Según la indagación previa de la policía, Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva” de una trama golpista, que finalmente no se consumó por “circunstancias ajenas a su voluntad”. Bolsonaro habría discutido la elaboración de un “decreto presidencial” que justificaba la necesidad de un “estado de defensa” para evaluar la validez del proceso electoral de octubre de 2022, en el que resultó electo Lula.

Las discusiones contemplaron la detención del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y el llamado a nuevas elecciones, de acuerdo con el informe policial. La policía ya recomendó inculpar a Bolsonaro en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna anticovid fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente.

Además, en junio de 2023 fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las presidenciales de 2026 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación. Pese a ello, ha reiterado su intención de concurrir a esa contienda y ha confiado en que el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera su “amigo”, le ayude a revertir su inhabilitación.