• Washington, Estados Unidos. AFP.

El presidente de Esta­dos Unidos, Donald Trump, dio 50 días a Rusia para poner fin a la gue­rra en Ucrania o exponerse a más sanciones y anunció el inminente envío de una gran cantidad de armas a Kiev a través de la OTAN.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se niega a poner fin a la invasión iniciada en febrero de 2022. Su ofensiva se inten­sificó en las últimas semanas, coincidiendo con el estanca­miento de las negociaciones impulsadas por Estados Uni­dos para frenar los combates en Ucrania.

Moscú rompe récords cada semana en número de drones lanzados, suministrados por una industria de defensa que opera a plena capacidad.

“Estamos muy, muy descon­tentos” con Rusia, declaró Trump a periodistas durante una reunión con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca.

“Vamos a aplicar aranceles muy duros si no llegamos a un acuerdo en 50 días, aranceles de aproximadamente el 100 %”, declaró Trump.

Añadió que se trataría de “aranceles secundarios” que afectarían a los socios comer­ciales de Rusia. El objetivo es asfixiar económicamente al país, sometido ya a sanciones occidentales duras.

Trump y Rutte revelaron los términos de un acuerdo en virtud del cual la alianza militar de la OTAN com­praría armas a Estados Unidos, incluidas baterías antimisiles Patriot, y luego las suministraría a Ucra­nia para combatir la inva­sión rusa

La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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El líder del movimiento La Derecha Liberal, Abel Villalba González, indicó que su sector político pujará por la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en los comicios internos previstos en junio del 2026, presentando la candidatura del economista Víctor Pavón.

“Tenemos la sana intención de presentarnos en las elecciones internas partidarias impulsando la candidatura de Pavón con una plataforma renovada para comenzar a realizar reformas en el PLRA“, dijo al diario La Nación/Nación Media. ”El partido sigue enfrentando una crisis tremenda por la falta de conducción y así es muy difícil poder levantarse para las próximas elecciones, tenemos deudas por doquier y existe una falta de transparencia en el manejo de los recursos”.

De esta forma, Pavón se suma a la danza de nombres de aspirantes como el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, y los senadores Dionisio Amarilla, Enrique Salyn Buzarquis y Ever Villalba. “El doctor Pavón conoce de reformas estructurales y para nosotros es una figura que representa los ideales de Eusebio Ayala, un estadista conoce del funcionamiento del Estado y sus limitaciones”, refirió el líder del movimiento liberal.

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“Pavón es un líder que posibilitará los espacios de diálogo y unidad que el PLRA necesita, ya que la crisis del partido está centrada exclusivamente en la carencia de contenidos, no tiene un contenido ideológico, no tiene un norte“, sostuvo Villalba. “Como movimiento, nosotros proponemos desarrollar un plan estratégico partidario que, por estatuto, es necesario, pero que nunca se realizó. Los comités del PLRA están disfuncionales, acéfalos, sin un norte que los movilice con miras a las próximas elecciones, tanto municipales como nacionales”.

El abogado añadió que el movimiento La Derecha Liberal se encuentra abierto a establecer consensos con otros movimientos internos con la finalidad de sumar fuerzas y construir un solo proyecto en la búsqueda de ocupar el máximo cargo partidario.

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“Ya hemos iniciado el diálogo con otros movimientos internos de mediano y menor fuerza. Buscamos a la vez construir un programa de gobierno apuntando a las elecciones presidenciales. Debemos planear un frente como partido, sabemos que no habrá un 2028 sin salir victoriosos en el 2026. Nuestra meta como movimiento es que el PLRA logre por lo menos conquistar 100 intendencias en las elecciones municipales", afirmó.

Villalba puntualizó que como movimiento plantearán la realización previa de un debate entre los candidatos con la finalidad de que la dirigencia azul conozcan sus propuestas. “No debemos atacarnos ni menospreciar al adversario. Debemos proponer el debate para luego construir una visión ganadora a largo plazo, no dejar a nadie atrás porque cada voto cuenta y prueba de ello fue la catastrófica elección general del año 2023″, sentenció.

• AFP.

El presidente de Esta­dos Unidos, Donald Trump, publicó en su red Truth Social cartas sepa­radas con los nuevos gravá­menes, como hizo en los últi­mos días con una veintena de países, incluido Brasil.

México figura entre los pri­meros países a los que Trump impuso aranceles desde que regresó al poder en enero.

El presidente republicano gravó los productos mexi­canos con un 25 % para inci­tar al país a combatir más el tráfico de fentanilo, un potente opioide responsa­ble de una crisis sanitaria en Estados Unidos, y la inmi­gración ilegal.

Pero suspendió gran parte de estos recargos, sobre todo a los productos protegidos por el Tratado de Libre Comer­cio de América del Norte (T-MEC), para entablar nego­ciaciones.

“México me ha estado ayu­dando a garantizar la segu­ridad de la frontera, PERO, lo que México ha hecho, no es suficiente” porque “aún no ha detenido a los cárte­les que tratan de convertir a toda América del Norte en un patio del narcotráfico”, escri­bió Trump.

“A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a México un arancel del 30 % a los pro­ductos mexicanos enviados a Estados Unidos”, añade.

Trump critica además las “políticas arancelarias” y las “barreras comerciales” de México y advierte al país que si toma represalias a “la cantidad que elijan se añadirá al 30 %”.

Un funcionario estadouni­dense declaró el sábado a la AFP que está previsto man­tener la exención del T-MEC tanto para México como para Canadá, al que amenaza con un arancel del 35 %, pero Trump aún no ha tomado una decisión al respecto.

Como hace con el resto de los países, Trump contem­pla la posibilidad de modifi­car los aranceles “al alza o a la baja”. Por eso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que confía en “llegar a un acuerdo” antes del 1 de agosto “en mejores condiciones”.

El Gobierno mexicano dice haberse enterado de la deci­sión el viernes en una mesa de negociación en Washington.