A través de un proyecto de ley legisladores pretenden formalizar el trabajo en el campo. Se trata del proyecto economía social y solidaria. El senador Carlos Núñez, presidente de la Comisión Bicameral de Economía Social, encabezó una mesa de trabajo para establecer un acuerdo y consenso acerca de esta iniciativa.

“Hemos creído conveniente invitar a autoridades del Gobierno, invitar a viceministros, viceministras de entidades sociales, del Ministerio de Economía, para poder consensuar y sacar un proyecto de ley muy interesante, muy importante”, indicó el legislador en conversación con los medios de comunicación luego de la reunión de trabajo.

Podés leer: Adjudicación de tobilleras electrónicas se define esta semana

Esta iniciativa busca incluir a los trabajadores campesinos en el sistema formal y con ello acceder a beneficios sociales, además de dar un empuje a la economía de los productores que tienen el objetivo de crecer en su emprendimiento.

“El proyecto de ley de economía social y solidaria, para que el día de mañana esos campesinos que están trabajando de forma informal, que puedan a través de mipymes, a través de este proyecto formalizar y ayudar al Gobierno a esa gente que tanto quiere crecer”, apuntó.

Explicó que esta es la primera reunión de esta mesa de trabajo para el debate de este proyecto. “En el campo, miles de compatriotas trabajan en la chacra y no pueden vender su producto porque falta formalizar, y todo eso nosotros tenemos en cuenta y ahora instalamos esta mesa de trabajo”, sentenció.

Leé también: OCDE: “Paraguay quiere estar en la primera fila del ejército de la transparencia”, dice Peña

“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

Lea también: Ministro defiende PGN 2025: “Nos caracteriza tener políticas sostenibles en el tiempo”

La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

Te puede interesar: Diputados otorgó el visto bueno para ampliar la vigencia de la Comisión Antilavado

El presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, manifestó que es una prioridad para la institución y el Gobierno que el proyecto de tren de cercanías sea aprobado en la brevedad posible en el Congreso, de modo a poder avanzar con las siguientes etapas de esta iniciativa, cuyas obras tomarían alrededor de cinco años.

“Estamos muy focalizados, el tren de cercanías es el proyecto principal de Fepasa, es una decisión política del Gobierno nacional y por eso el presidente de la República firmó con carácter de urgencia. Nosotros vamos a empezar a recorrer las comisiones para contestar todas las preguntas que tenga el Congreso a fin de que esto se apruebe a fin de año”, expresó Salinas a la 650 AM.

Asimismo, indicó que a medida que esto avanza en el Poder Legislativo, Fepasa continúa ajustando los datos de factibilidad del proyecto, el cual es llevado adelante en conjunto con una consultoría. El estudio está siendo realizado con expertos en trenes y el objetivo es definir todos los lineamientos con miras al diseño del pliego de bases y condiciones para la licitación.

Lea también: En Itauguá, colorados llegan a consenso sobre candidatura para las municipales del 2026

“La licitación queremos hacerla el año que viene, debemos trabajar con una precalificación y la idea es llegar a agosto con una licitación armada, el pliego, el modelo financiero, el proyecto, la demanda, entre otras cosas. Hoy tenemos un grado avanzado del proyecto, vamos a terminar las definiciones funcionales con las soluciones de ingeniería, el estudio topográfico de suelo y precatastro”, detalló.

Salinas manifestó que para este proyecto se volvió a revisar toda la demanda estimada para el tren de cercanías, ya que el anterior proyecto era “extremadamente optimista”, hecho que no es positivo para las finanzas. El análisis de esto se realiza gracias al estudio más reciente del Viceministerio de Transporte, el cual cuenta con datos de la movilidad en el área metropolitana.

“La financiación está por definirse, siempre se habló de un aporte estatal de entre USD 100 y 150 millones de cofinanciamiento, el resto es capital privado más deuda privada. Cuando hablamos de esto, es capital propio de la empresa y la deuda por el proyecto en sí, la garantía sería la renta del proyecto”, explicó.

Le puede interesar: Paraguay firmó acuerdo de préstamo para compra de aviones Súper Tucano en Brasil

El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

Le puede interesar: En G20, Peña pide acción urgente contra la pobreza

El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

Siga informado con: Con los Súper Tucanos y radares brindarán mayor defensa aérea, sin ley de derribo