• Cali, Colombia. AFP.

Siete personas murieron y 28 resultaron heridas el martes en 24 ataques con disparos, coches bomba y drones de guerrilleros en Cali, la tercera ciudad de Colombia, y poblados cercanos, acciones que el gobierno calificó de “terroristas”. Se trata de una de las peores arremetidas de guerrilleros durante el mandato del presidente izquierdista Gustavo Petro, que llegó al poder en agosto de 2022 con la idea de negociar la paz con todos los grupos armados ilegales del país, pero por ahora sin éxito.

En la región donde ocurrieron los ataques operan disidentes de la extinta guerrilla FARC. Los atentados “indiscriminados” se registraron en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, en el suroeste del país, dijo el general Carlos Triana, director de la policía. El ministerio de Defensa los calificó de “ataques terroristas”.

Los fallecidos son dos policías y cinco civiles, dijo a la AFP un vocero de la policía. Dos de las víctimas murieron en Cali, ciudad de 2,2 millones de habitantes. Allí los rebeldes usaron motocicletas cargadas con bombas.

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Los ataques ocurren después de un atentado el sábado en Bogotá contra Miguel Uribe, senador y aspirante presidencial herido con tres balazos. El dirigente de 39 años está en cuidados intensivos en una clínica de la capital y su estado es estable pero crítico, según los médicos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sugirió que el gobierno está determinando si estos hechos están conectados con el atentado.

Las investigaciones no han sido “concretadas”, aseguró a medios.

Además de Cali, los ataques ocurrieron en municipios como Jamundí, vecino de esta urbe, Corinto y el puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia sobre el Pacífico.

Sin atribuirse la responsabilidad de los hechos, los guerrilleros del llamado Estado Mayor Central (EMC) emitieron un comunicado en el que piden a civiles no acercarse a bases militares y policiales.

En enero, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) asesinaron a más de 100 personas en la frontera con Venezuela.

Para Juanita Goebertus, directora de la organización Human Rights Watch en el continente, esta ola de ataques “es consecuencia de la fallida política de ‘paz total’ del gobierno de Petro”.

“La ausencia de medidas efectivas de seguridad y justicia ha permitido a los grupos armados ampliar su presencia y aumentar su capacidad de causar daño”, dijo en unas declaraciones compartidas con la AFP.

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Fotógrafos de la AFP observaron vehículos y estructuras destruidas en Cali y otros municipios afectados.

Luz Amparo Hincapié, dueña de una panadería en Corinto, contó que en el momento del atentado acababa de salir de su casa junto con su esposo rumbo a su negocio.

El estallido fue tan duro que “pensamos que había temblado”, dijo a la AFP. Cuando llegó a la calle donde está su panadería, vio todos los vidrios rotos.

Con estos actos, los guerrilleros conmemoran el aniversario de la muerte de alias Mayimbú, un comandante guerrillero abatido por la policía en 2022, sostuvo el general Triana, que calificó estos hechos de “demenciales”.

“Se trata de una demostración de fuerza por parte del EMC”, es “una ofensiva especialmente bien coordinada”, indicó a la AFP Elizabeth Dickinson, experta del centro de estudios International Crisis Group.

El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, dijo que el ejército frustró la noche del lunes otros seis “eventos terroristas” en la zona y que dos personas fueron capturadas mientras manipulaban artefactos explosivos.

Los rebeldes que operan en el suroeste del país obedecen órdenes de alias Iván Mordisco, el principal cabecilla disidente de Colombia.

Si bien su agrupación Estado Mayor Central suele atacar a la fuerza pública y a la población, no había ocurrido una acción de ataques simultáneos de esta magnitud.

Petro compara a Mordisco con el abatido capo de la cocaína Pablo Escobar.

Con grandes operaciones militares, el gobierno ha intentado arrinconar a sus hombres en una región montañosa del Cauca conocida como el Cañón del Micay.

Los rebeldes controlan en esta región los cultivos de hoja de coca, el principal componente de la cocaína.

Autoridades manifestaron recientemente que están cerca de ubicar a Mordisco, que al parecer se mueve por la Amazonía tras ser herido en un operativo del ejército. Se cree que usa los atentados para distraer la atención de los militares. El EMC estuvo en diálogos de paz con el mandatario izquierdista, pero en abril de 2024 Mordisco abandonó las negociaciones.

• Quito, Ecuador. AFP.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este sábado tres días de duelo nacional por la muerte de 11 militares en una emboscada atribuida a una disidencia colombiana de las FARC en la Amazonía ecuatoriana, informó la presidencia. Los uniformados realizaban operaciones contra la minería ilegal en la selva cuando fueron atacados con explosivos, granadas y fusiles por el grupo Comandos de la Frontera, que negocia la paz con el gobierno de Colombia.

El enfrentamiento también dejó un soldado herido y un fallecido perteneciente a esa disidencia, según el Ejército ecuatoriano. “Encontraremos a los responsables y los acabaremos”, escribió Noboa en X, sin mencionar la emboscada ocurrida en zona del Alto Punino, en la provincia de Orellana, fronteriza con Perú.

El duelo nacional se extenderá del 10 al 12 de mayo “en honor a estos soldados que ofrendaron su vida en defensa del bienestar y la seguridad del país”, señaló la presidencia en un comunicado. Agregó que los militares fallecidos fueron declarados héroes nacionales y que “este crimen no quedará impune”.

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El Ejército ecuatoriano realiza permanentes operativos contra la minería ilegal y el narcotráfico, lucrativos negocios de las organizaciones criminales que se multiplican en Ecuador. Vinculadas con carteles de México y Colombia, las bandas se enfrentan entre sí por el control de las rutas. El inusual ataque ocurre en medio de un aumento de la violencia en ambos países debido al creciente tráfico de cocaína que se produce en Colombia y se exporta por los puertos ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa.

En la zona de la emboscada, además de los Comandos de la Frontera, operan las bandas ecuatorianas de Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones y la brasileña Comando Vermelho, según el coronel retirado Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército. Los Comandos de la Frontera dialogan con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro sin alcanzar mayores acuerdos. A finales de mayo está previsto su quinto ciclo de negociaciones en Colombia.

Su líder Andrés Rojas, alias Araña, fue capturado en febrero cuando sostenía un encuentro con delegados de Petro en un hotel de Bogotá. Y en abril de 2024, el gobierno de Ecuador lo incluyó en su lista de “objetivos militares”, al igual que a capos del cartel mexicano de Sinaloa que operan en el país. De acuerdo con Noboa, en Ecuador hay 40.000 miembros de bandas criminales, casi el doble de los 22.000 narcos y rebeldes que existen en Colombia, según cifras oficiales.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Al menos cinco soldados murieron y otros tres resultaron heridos de gravedad el martes por un ataque con explosivos perpetrado por guerrilleros disidentes de las FARC en una región del suroeste de Colombia, clave para la producción de cocaína, informó el ejército.

“Lamento, condeno y rechazo el vil ataque terrorista de la Estructura Carlos Patiño en la Vereda la Esperanza, Balboa, (departamento del) Cauca” contra una caravana del Ejército, escribió el martes en la red social X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El ataque “deja al momento dos suboficiales y tres soldados profesionales asesinados, tres soldados profesionales heridos de gravedad y 13 más que no presentan afectaciones de consideración”, detalló el ejército poco antes de las 00:00 locales (05:00 GMT). El convoy se trasladaba desde el municipio de Balboa hacia el sector de La Hacienda, un pueblo rural de ese mismo departamento ubicado en una conflictiva región conocida como el Cañón del Micay.

Los soldados emprendían un viaje de unos 100 kilómetros para reinstalar en La Hacienda un puente que a inicios de marzo había sido destruido por rebeldes del Frente Carlos Patiño adscritos al Estado Mayor Central (EMC), una agrupación de disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que no se acogieron al histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.

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En esa zona, que alberga una de las mayores concentraciones de cultivos de coca en el país, la semana pasada fueron retenidos durante tres días 28 policías y un militar hasta su liberación el sábado por medio de intensas negociaciones, luego de una violenta jornada de enfrentamientos entre pobladores y la fuerza pública.

Luego de la evacuación en helicópteros de los uniformados retenidos, la AFP presenció el sábado nuevas tensiones en la zona que terminaron con el arrinconamiento y expulsión de soldados de una base militar cercana.

El presidente izquierdista Gustavo Petro expresó el lunes durante una reunión con sus ministros su intención de recuperar “el total del Micay”, uno de los principales bastiones de los rebeldes bajo el mando de alias Iván Mordisco. Este antiguo comandante de las FARC se apartó en 2024 de las negociaciones de paz que el EMC había iniciado con el gobierno de Petro un año antes. Otra facción de esa agrupación, al mando de alias Calarcá, se mantiene en las conversaciones.

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Tras la ruptura de las negociaciones con Mordisco, el ejército lanzó en el Cañón del Micay la operación Perseo en octubre, con la intención de recuperar la región. Luego de la incursión militar, una comitiva de ministros visitó la zona por órdenes de Petro, que busca instalar una presencia del Estado en la zona.

Pero esos esfuerzos son constantemente saboteados por los rebeldes. En febrero, por ejemplo, el EMC atacó con drones cargados de explosivos un hospital temporal instalado por el gobierno en el corregimiento de El Plateado. El EMC “no es una insurgencia, es un ejército privado del narcotráfico”, aseguró el lunes Petro, que vincula al grupo con “una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái (...) que incluso quiere matar al presidente”.

El año pasado, Petro ya había relacionado a Mordisco con un grupo denominado la Nueva Junta del Narcotráfico, cuyos cabecillas, según él, se instalaron en Dubái y planean asesinarlo. El gobierno propone además un ambicioso programa de sustitución de narcocultivos por otros en varias regiones cocaleras del país que más produce cocaína en el mundo.

Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta de su primer gobierno de izquierda por lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar, mediante el diálogo, un conflicto interno de seis décadas.

Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico, informaron el viernes las autoridades.

El ministerio de Defensa indicó que “la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública” tuvo lugar en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.

Según la cartera, “pobladores instrumentalizados” por los guerrilleros participaron en la retención de los uniformados, una represalia contra el gobierno que presiona al EMC tras los frustrados intentos de negociaciones para alcanzar su posible desarme.

Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.

Los hechos se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde hay una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU. Allí el ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar “Perseo” para retomar el control de la región.

El gobierno asegura que el EMC es responsable de las acciones “ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad” de los uniformados.

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Imágenes difundidas en medios locales la tarde del viernes muestran a los uniformados retenidos en un centro comunitario para reuniones, rodeados de pobladores y en aparente buen estado de salud, sentados en sillas plásticas y recibiendo cada uno un plato de comida.

En un comunicado, pobladores del Cañón del Micay rechazaron lo que denuncian como una campaña de “erradicación forzada” de cultivos de coca y una intención del estado de “militarizar el territorio”. Exigen al gobierno del izquierdista Gustavo Petro “entablar el diálogo y la concertación directa con las comunidades”.

En un mensaje en la red social X, Petro sostuvo que el EMC actúa con “desespero y por eso utiliza la población civil”. “La manera como el frente (Carlos Patiño) logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria”, agregó Petro más tarde en otra publicación.

El Frente Carlos Patiño, que opera en esta conflictiva zona, es una de las principales estructuras armadas adscritas al EMC y mantiene una fuerte presencia en el Cañón del Micay.

El Ministerio de Defensa aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan “constantes amenazas” de esta disidencia de las FARC “que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales”.

“¡Exigimos su inmediata liberación! Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado (Cauca), a manos de la organización criminal Carlos Patiño, a la cual hacemos responsable de su integridad”, escribió el viernes también en X el general Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana.

El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.

“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil”, denunció el ministerio.

La Fiscalía investiga lo ocurrido y “avanza en la identificación” de los responsables de varios “delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”, según el boletín.

El sábado se realizará una reunión en Popayán, capital del Cauca, con miembros del gobierno y la comunidad para evaluar la situación. Los disidentes “no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, añadió el ministerio.

Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar un conflicto interno de seis décadas.

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