El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ayer miércoles ante el Congreso una reforma de la Constitución para acaparar el control total de todos los poderes del país junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien dará el cargo de “copresidenta”.

La propuesta, que aumenta el mandato presidencial de cinco a seis años, será votada en la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en los próximos días. “Se está trabajando para la pronta aprobación”, según la prensa oficialista.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, desde cuando gobierna al lado de su esposa. Ambos son señalados por Estados Unidos, la Unión Europa y algunos países de América Latina de instaurar una autocracia en el país.

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La reforma confirma el poder que ya tiene Murillo, al elevar su rango: “La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta”, que se elegirán en comicios “cada seis años”, no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.

Los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que la Constitución vigente reconocía como independientes. La reforma “consolida lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario de todos los nicaragüenses”, afirmó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, ante los diputados, que analizarán el texto en una comisión especial.

Es “meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial” y una “agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”, reaccionó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Organizaciones en el exilio rechazaron la iniciativa. “Destruye derechos básicos, legitima la violencia estatal y concentra todo el poder en Ortega y Murillo. Un golpe directo a la democracia y las libertades”, dijo en un comunicado la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

La reforma consigna que “los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, tal y como ha hecho el gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.

Ortega y Murillo acusan a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las manifestaciones en su contra en las que murieron 300 civiles, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”.

Otra iniciativa de ley, presentada en paralelo a la reforma constitucional, amenaza con multas y suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras. “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas”, subrayó.

Además, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público”, agrega el texto. Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica y Estados Unidos, en tanto que medio centenar de religiosos fueron enviados al exterior, principalmente al Vaticano.

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En la reforma, el gobierno propone la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad. Durante las masivas protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes. Miles de personas partieron al exilio.

Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado “revolucionario” e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

Fuente: AFP

El gobierno argentino abrió un proceso de licitación para concesionar por 30 años la operatoria de la hidrovía Paraná-Paraguay, un paso estratégico para el comercio exterior del país sudamericano y del cono sur hacia el Atlántico.

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Desde 2021 el dragado, balizamiento y señalización de la hidrovía así como el cobro de peaje está en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos, luego de que Buenos Aires resolviera no renovar la concesión a la empresa privada Hidrovía S.A. una sociedad de la marítima belga Jan de Nul y capitales locales.

Según la resolución publicada este miércoles en el boletín oficial, los oferentes, nacionales e internacionales, podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de enero próximo.

La Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, es una vía fluvial de más de 1.500 kilómetros de extensión, que desemboca en el océano Atlántico, por donde Argentina exporta cerca del 80 % de su producción, principalmente agrícola.

También sirve de canal de exportación para productos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que constituye una vía estratégica para el comercio exterior de la región.

Según las bases de la licitación, el nuevo contrato establece pautas para la modernización del sistema de señalización, con el objetivo de “mejorar los servicios, reducir los costos operativos y atraer mayores inversiones” que el gobierno aspira aumenten “la competitividad del sector exportador”.

Los pliegos establecen un plan de obras que el nuevo operador deberá cumplir en los primeros cinco años de gestión.

Entre otras medidas se sumarán radares y sistemas satelitales para el seguimiento de buques, a la vez que se aumentarán medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según indicó el gobierno.

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La licitación entregará el control de la hidrovía “comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior”, indica el texto.

Fuente: AFP

La prensa argentina se hace eco de un millonario decomiso de droga procedente de Paraguay. Durante el procedimiento realizado ayer por personal de Aduana en la frontera con nuestro país, se detectó un cargamento de 92 kilogramos de pasta base de cocaína, oculto en un camión semirremolque que tenía como destino Uruguay.

Los datos preliminares refieren que el cargamento está valuado en USD 1.104.000. El control fue realizado por agentes de la Aduana de Clorinda, ubicados en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola.

El operativo se inició con el control de una unidad de transporte procedente de Paraguay y con destino final Uruguay. La unidad transportaba un contenedor vacío de 20 pies en un semirremolque y era tripulada por dos ciudadanos paraguayos.

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Según publica el portal MNews, el camión fue interceptado alrededor del mediodía cuando llegaba al puente internacional San Ignacio de Loyola, en la ciudad fronteriza de Clorinda, provincia de Formosa. Un control de rutina con un escáner permitió descubrir el contenido de la carga.

“Según los papeles de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, con la que entró al país, el acoplado debía estar vacío, pero los funcionarios aduaneros detectaron un compartimiento sospechoso sobre el plato de enganche del semirremolque”. refiere la publicación.

Tras el hallazgo, tanto el conductor como su acompañante terminaron detenidos, luego de que se vieran en las imágenes que entregaba el sistema de escaneo que había objetos que no parecían propios del vehículo.

“Fue entonces que sumaron a la requisa un perro entrenado para detectar la presencia de drogas. El animal, de nombre Zeus, fue determinante para profundizar la sospecha de contrabando. Con estos indicios, el personal de Aduana cortó dos planchas de acero y otras dos de plomo que protegían la bóveda donde estaba escondida la droga. Encontraron 91 ladrillos, que arrojaron un peso total de 92 kilogramos”, añade MNews.

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El Gobierno argentino ha anunciado ayer viernes que va a enviar al Congreso el proyecto de ley de reforma para el fortalecimiento electoral que eliminaría el régimen de primarias abiertas, conocida como PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y que modificará la ley orgánica de los partidos políticos para revisar el sistema de financiamiento de los mismos.

“Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, desde la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina.

Adorni ha detallado que, solo en 2023, las PASO “tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos (unos 45,5 millones de dólares), a valores, por supuesto, históricos”, que, ha agregado, “obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado tres veces”.

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“Desde su introducción en 2011, “hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40 % no logró siquiera alcanzar el umbral de 1,5 % para poder después participar de las elecciones generales”, ha explicado.

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno modificará la ley orgánica de los partidos políticos “con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma (partidos políticos que, en la práctica, no tienen una estructura ni actividad real), “cuyo único objetivo es el recaudatorio”.

“La modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos busca reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”, ha indicado la Casa Rosada, al subrayar que “la sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral”.

Por otra parte, Adorni ha anunciado la eliminación de impuestos para compras en el exterior, una medida que “va a entrar en vigencia a partir de diciembre y tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales”, incluso “cuando no tengan el dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior”.

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“Todo esto tiene como fin que Argentina sea un país más libre, en contraposición con el que se encontró el gobierno el 10 de diciembre último, cuando la Argentina era el tercer país más cerrado del mundo, detrás de Sudán y de Etiopía”, ha concluido.

Fuente: Europa Press