Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas, analiza la imputación del ciudadano detenido ayer lunes en el marco de la investigación de una organización criminal que se dedica a la captación de trabajadores para ser llevados al extranjero, con fines de someterlos a un régimen de esclavitud en fábricas clandestinas.

“Son grupos criminales que captan a trabajadores para todos los segmentos, entre ellos aquellos altamente capacitados en el manejo de máquinas industriales utilizadas en tabacaleras clandestinas”, sostuvo la agente fiscal. Confirmó que uno de esos países es Brasil, pero no mencionó los estados donde estarían esas empresas.

Remarcó en el conocimiento que tienen las personas captadas que van para trabajar en algún hecho ilícito, en tabacaleras ilegales, pero son engañadas, cuando se les promete alta remuneración y estando en las fábricas se dan cuenta que no existe nada de lo que se les prometió.

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“Este hecho no exime el hecho punible de trata de personas porque el régimen de esclavitud o la práctica análoga a la esclavitud es lo que se persigue penalmente”, señaló la agente del Ministerio Público. “Ellos saben, por ejemplo, que van a otro país para falsificar cigarrillos, pero eso no significa que puedan ser sometidos a un régimen de semiesclavitud”, indicó.

“Ellos son convencidos acá para ir trabajar a otro país, con una buena compensación económica; llegado a destino son esperados por alguien con transporte para trasladarlos al sitio de destino, pero al subir al vehículo las víctimas ya son encapuchadas para que no sepan dónde van”, expresó la fiscal Coronel.

En cuanto al régimen de esclavitud, la responsable de la investigación mencionó que las personas trabajan y duermen en el mismo sitio, se les prohíbe salir, comunicarse, quedan encerradas y ya no distinguen días ni fechas. Manifestó que la acción criminal tiene varias etapas: captación, traslado, acogimiento y funcionamiento del sitio donde son encerradas. “La comisión de cualquiera de estas tareas sirve para ser procesados”, concluyó.

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Las negociaciones del Anexo C del tratado de Itaipú Binacional fueron puestas en pausa debido a la confirmación del espionaje por parte de Brasil, que ocurrió entre los años 2022 y 2023. No obstante, según explicó el ingeniero Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y consejero de la hidroeléctrica, esto para nada se traduciría en resultados adversos para nuestro país.

“Puedo asegurar que esta pausa no perjudica en ningún momento a la Ande o al Paraguay”, aseveró Sosa, quien manifestó que pese a que en este momento no hay un diálogo con la parte brasileña respecto a los puntos del Anexo, la delegación nacional sigue trabajando y aportando informes que serán de utilidad una vez que se reanuden las conversaciones.

El titular de la Ande dejó en claro que todos los detalles en torno a las negociaciones, los tiene el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, quien es el encargado de encabezar las conversaciones, dentro del Consejo de la binacional. En este sentido, el mencionado secretario de Estado cuenta con datos e informes constantemente actualizados que guardan relación a la cuestión energética.

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“Como consejero de la Itaipú Binacional y como presidente de la Ande, estamos colaborando con las informaciones técnicas, principalmente a los negociadores. Tenemos que recordar que el ministro del MIC, Javier Giménez, está liderando esta negociación y nosotros lo estamos apoyando con datos técnicos para la negociación correspondiente”, detalló el presidente de la Ande a la 1020 AM.

La confirmación por parte del Brasil de que hubo una acción de inteligencia contra Paraguay que se inició en junio del 2022 y que se extendió hasta marzo del 2023, llevó al Gobierno paraguayo a tomar una serie de medidas entre las que se encuentra la puesta en pausa de las negociaciones con el vecino país, en tanto se recupere la confianza.

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El presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó que tras el exitoso encuentro con su homólogo brasileño, Davi Alcolumbre, ya se acordó el primer encuentro oficial entre ambas delegaciones, que será en mayo. La fecha exacta aún no fue confirmada, no obstante, se indicó que también se aguarda el arribo de la comitiva brasileña en nuestro país.

“Con base a la conversación que iniciamos con el presidente del Congreso Davi Alcolumbre, se va a ir ahondando, tenemos prevista una visita la última semana de mayo en Brasilia. Vamos a ir una comitiva y también el presidente de Congreso del Brasil y su comitiva, están invitados aquí en el Parlamento de Paraguay”, señaló Núñez.

En conversación con varios medios de prensa, el titular del Senado manifestó que el primer encuentro con Alcolumbre, fue bastante positivo y considera importante el acercamiento entre ambos Congresos debido a los temas de interés compartidos con Brasil, siendo uno de los más importantes, la negociación del Anexo C de la Itaipú Binacional.

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Ambos legisladores pudieron conversar en el marco de una visita técnica realizada por la Itaipú Binacional, oportunidad donde estuvieron presentes los directores de ambas márgenes, Justo Zacarías Irún por Paraguay y Enio Verri Brasil y fue en este contexto donde Alcolumbre propuse una mayor cercanía entre ambos Congresos.

“Fue una reunión importante a instancia de los directores generales de ambas márgenes con los presidentes del Congreso de ambas márgenes también y senadores de Brasil y nuestra comitiva, además del inicio de las relaciones con el Congreso de Brasil, lo que siempre es alentador, más en estos momentos que tenemos ciertas diferencias por la cuestión del espionaje del gobierno anterior que se cortó en la actual administración”, detalló.

Asimismo, ya en esta ocasión, los parlamentarios brasileños informaron que en dicho país también se conformará una comisión exclusiva para dar seguimiento a las negociaciones del Anexo C y al respecto, ya tuvieron un primer diálogo con Natalicio Chase, presidente de la comisión paraguaya. “La función de ambos Congresos es aceptar o rechazar, no se puede modificar lo que fue acordado por las altas partes, pero sí pueden estar en desacuerdo total o ir por la aprobación”, explicó.

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• Carlos A. Primo Braga
• Profesor de la Fundación Dom Cabral, Brasil

El 2 de abril (denominado Liberation Day por el presidente Trump), el Gobierno de los Estados Unidos anunció la imposición de aranceles recíprocos que afectan a cerca de 185 países. A partir del 5 de abril, se sumaron aranceles del 10 % a los ya existentes, y desde el 9 de abril deberían imponerse aranceles adicionales a los países considerados como los peores infractores, con base en una “evaluación” sobre cómo sus políticas afectan las exportaciones estadounidenses.

Los mercados financieros en todo el mundo, y particularmente en EE. UU., reaccionaron de forma dramática en los días posteriores al anuncio. El índice NASDAQ, por ejemplo, que refleja el desempeño del sector tecnológico, cayó alrededor de un 9,8 % en los dos días siguientes, una corrección significativa en relación con su nivel máximo anterior.

Estos aranceles se suman a otros anunciados previamente por la administración Trump, dirigidos principalmente a China (incluyendo un arancel del 20 % como sanción por el comercio ilícito de fentanilo y aranceles del 25 % sobre automóviles, acero y aluminio). En síntesis, los productos chinos pasarán a enfrentar aranceles totales del 54 % (20 % vinculados al tema del fentanilo y 34 % por el cálculo de reciprocidad) y, en algunos casos, específicos (como los automóviles, considerados una amenaza a la seguridad nacional), los aranceles podrían alcanzar hasta un 79 %. China respondió con una tarifa adicional del 34 % sobre exportaciones estadounidenses. Posteriormente, el gobierno de Trump reaccionó a esta decisión imponiendo un arancel adicional del 50 % sobre productos chinos el 8 de abril.

El cálculo de los aranceles recíprocos por parte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) fue recibido con escepticismo y críticas sobre la arbitrariedad del método utilizado. La fórmula adoptada se basa, esencialmente, en dividir el déficit comercial de EE. UU. en bienes con cada país entre el valor de las importaciones provenientes de dicho socio comercial, como una proxy de un arancel que equilibraría los flujos comerciales. La fórmula también incluye en el denominador una estimación de la elasticidad de las importaciones respecto a los precios y de los precios respecto a los aranceles; sin embargo, al haber asignado arbitrariamente los valores 4 y 0,25, el producto de dichas elasticidades es igual a 1. El valor resultante de esta división fue reducido a la mitad, según el presidente Trump, para reflejar la magnanimidad estadounidense. En el caso de países con superávit comercial con EE. UU. (como Brasil), así como en situaciones especiales (como Afganistán), se estableció un arancel recíproco del 10 %.

El 9 de abril, el presidente Trump anunció una pausa de 90 días en la implementación de estos aranceles para la mayoría de los países, con excepción de China. Para los países que no respondieron con represalias, solo se aplicará el arancel adicional del 10 % hasta junio. En el caso de China, sigue vigente un arancel acumulado del 145 %, mientras que para Canadá y México se aplicarán aranceles del 25 % sobre productos que no cumplan con las normas del acuerdo USMCA (que sustituyó al NAFTA). China respondió de inmediato, elevando sus tarifas a un 125 % sobre productos estadounidenses.

El arancel medio en EE. UU. se incrementará a aproximadamente un 22,5 %, con picos importantes para ciertos países (como China) y productos. Este nivel remite a lo ocurrido en la década de 1930 y sus consecuencias negativas para la economía global. Asimismo, la lógica de la fórmula (centrada únicamente en el comercio de bienes, ignorando los servicios donde EE. UU. suele registrar superávit), la elección arbitraria del año 2024 como base para los cálculos —a pesar de que los déficits comerciales varían con el tiempo—, el desconocimiento de las estructuras proteccionistas de los socios comerciales, y las causas macroeconómicas de los desequilibrios en la balanza de pagos (como el desajuste entre ahorro e inversión) han sido señalados como puntos críticos de esta metodología.

Para los países del Mercosur, hay tanto buenas como malas noticias. Es cierto que los miembros del bloque fueron “beneficiados” con un arancel recíproco mínimo del 10 %, muy por debajo del promedio general y de los valores máximos aplicados a otros países. Sin embargo, el impacto puede ser perjudicial, no solo por los efectos sobre los flujos globales de comercio (la Organización Mundial del Comercio —OMC— estima que estos aranceles podrían generar una contracción del 1 % en el volumen del comercio mundial en 2025), sino también por los desvíos comerciales que pueden surgir (como la redirección de exportaciones chinas hacia la región). No obstante, el “superarancel” y sus externalidades (como la adopción de medidas de represalia por varios países, especialmente China) pueden generar oportunidades para el agronegocio del Mercosur, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Desde una perspectiva estratégica, la política comercial de EE. UU. crea incentivos para una postura más favorable en relación con la implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Cabe destacar, sin embargo, que Argentina y Brasil mantienen visiones divergentes sobre el impacto de estas medidas. El presidente Milei, por ejemplo, ha expresado interés en ajustar la política comercial argentina y eventualmente negociar un acuerdo bilateral con EE. UU.

En resumen, las medidas adoptadas por EE. UU. pueden interpretarse como una decisión de facto de abandonar las normas de la OMC. Esto incrementará los niveles de incertidumbre en la economía global. El Programa “Parceiros para Excelência” PAEX de la Fundación Dom Cabral puede asistir a sus clientes en la navegación de este escenario incierto.