Un grupo de vecinos y familiares de la joven María Fernanda, enardecidos, llegaron al barrio Villa del Maestro en la ciudad de Coronel Oviedo, donde se encuentra la vivienda del supuesto autor del crimen y sus padres, y en medio de gritos y empujones derribaron el portón principal del lugar.

Los manifestantes lograron superar por completo a los oficiales de policía que se encontraban custodiando el sitio, luego de que el día de ayer ya se diera una manifestación similar, exigiendo la detención de los padres del joven sindicado como autor del hecho.

Los manifestantes remarcaron que la menor de 17 años no solo fue asesinada, sino que su cuerpo fue desechado en un baldío contiguo junto con los restos de un perro, de manera a despistar a todos, dejando ver la crueldad con que habrían actuado los responsables del crimen.

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Además de derribar el portón de hierro en la parte trasera de la vivienda, también tiraron abajo parte de la muralla y encendieron una enorme fogata con ruedas, palos y hasta el cuerpo del perro que habría sido enterrado cerca de los restos de la joven.

El nivel de descontento de los vecinos y familiares llevó a que los efectivos apostados en el sitio fueran asistidos por un equipo antidisturbios para así, de alguna manera, retrasar y evitar que el grupo de manifestantes ingresara al predio y continuara con los destrozos, aunque los esfuerzos fueron en vano.

Finalmente, el grupo de personas logró ingresar a la vivienda luego de forzar el portón de la parte delantera del predio y prendió fuego dentro de la casa. Las llamas, si bien avanzaron rápidamente, tomando varias zonas de la casa, pero los policías pudieron controlar el fuego.

Ya desde ayer, los padres del joven sindicado como autor del hecho no se encuentran en el lugar justamente por temor, mientras que el adolescente se encuentra guardando reclusión en un centro juvenil mientras avanzan las diversas diligencias investigativas.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, confirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset está vinculado al crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini como uno de los posibles autores intelectuales. Indicó que esta información fue compartida por el Ministerio Público de Colombia.

Rolón detalló este lunes, en una conferencia de prensa, que el prófugo uruguayo figura dentro del esquema criminal que acabó con la vida del agente fiscal antimafia, el 10 de mayo del 2022, cuando pasaba su luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, en la isla de Barú, en Cartagenas (Colombia).

“La búsqueda de los participantes del primer orden ya está concluido por Colombia y en ese orden están hoy abocados a la autoría intelectual. La fiscal Luz Adriana Camargo me habla de un segundo anillo de participantes intelectuales y lo ubica a Marset como uno de los que podría ser (actor intelectual de la muerte de Pecci)“, dijo el fiscal paraguayo.

Rolón Fernández, que el viernes pasado se reunió con su par colombiana en Madrid (España), en el marco de una cumbre de ministerios públicos; señaló que Colombia también maneja la existencia de un tercer anillo que se espera que surja de la información que produzcan los medios tecnológicos y otras fuentes.

“Hay también una recompensa ofrecida para que próximamente tengamos una respuesta favorable. Ella (Camargo) reconoce claramente que la mayor fuente de actividad está en Colombia, precisamente por aquello que siempre reiteramos que el crimen de Pecci ocurrió en ese país. Mi preocupación fue por la cadena de custodia de los elementos, que estará garantizada por Colombia“, remarcó, aludiendo a la gratificación por datos del Gobierno colombiano y, recientemente, de Estados Unidos, al incluir a Marset entre los más buscados de la DEA.

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Respecto a la investigaciones encaradas por la Fiscalía paraguayam, manifestó: “Tenemos varias líneas seguidas por la investigación nacional, pero hasta ahora tampoco tenemos una respuesta clara a la autoridad intelectual. Mencionamos en varios cursos de investigación que había líneas que luego se cerraban por falta de camino para que se llegue a ese objetivo propuesto”.

Acotó que la carpeta paraguaya coadyuvante abierta tras las declaraciones del fallecido sicario colombiano Francisco Luis Correa Galeano, uno de los articuladores del crimen de Pecci Albertini, será remitido a Colombia para que sigan los hilos de investigación.

“Es una carpeta coadyuvante que viene a intentar dar respuestas a los temas que a todos nos interesan. Esa carpeta también va a formar parte del equipo conjunto de investigación, se lo va a remitir íntegramente a Colombia para que se tengan las fuentes, los hilos de investigación que el fiscal Pecci hizo en su momento”, puntualizó.

Con relación a los conflictos mantenidos con Claudia Aguilera, el fiscal general del Estado manifestó que “hay una relación tensa con la viuda, pero ella tiene que entender que información no es lo mismo que tratar de obtener datos confidenciales de una carpeta fiscal. Eso dejamos absolutamente claro las veces que nos corresponde”.

Marset figura en la nómina de los narcotraficantes más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, y se encuentra en el cuarto lugar de la lista. Lleva prófugo desde 2023, cuando logró burlar una operación policial destinada a capturarlo en Bolivia.

El país norteamericano ofrece una recompensa de USD 2 millones (G. 15.600 millones), para quienes provean informaciones que conduzcan a su arresto y condena. El Departamento de Justicia estadounidense anunció, el 21 de mayo, la apertura de un auto de acusación contra Marset por “lavado de dinero” procedente de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

La acusación del Departamento de Justicia contra Marset refiere que es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con operaciones en Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal, entre otros.

También apunta a Marset como el responsable del envío vía marítima, en abril de 2021, de 11 toneladas de clorhidrato de cocaína al puerto de Amberes (Bélgica), procedente de Paraguay y con escala en el Puerto de Buenos Aires.

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• Tegucigalpa, Honduras. AFP.

Un periodista salvadoreño, Antonio Hércules, fue asesinado a balazos este domingo pasado en Honduras, donde trabajaba en una televisora local, pese a contar con medidas de protección estatal. Hércules, que gozaba desde 2023 del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, fue atacado cuando conducía un taxi de su propiedad en el poblado de Copán, a unos 200 km al noroeste de Tegucigalpa, informó la policía.

Trabajaba para el canal de televisión A Todo Noticias y vivía con su esposa e hijos desde hace cinco años en esa ciudad. La directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, la periodista Dina Maza, dijo vía telefónica a la AFP que el crimen “se vincula directamente con el ejercicio del periodismo”.

En Copán “confluyen el narcotráfico, el crimen organizad, y los políticos intolerantes que ven con malos ojos a los periodistas que les sacan las irregularidades que están cometiendo”, afirmó. La protección de que gozaba Hércules se le brindó después que desconocidos intentaran secuestrarlo, recordó.

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“El crimen es solo el reflejo de lo que está pasando en Honduras a nivel general”, afirmó, tras advertir de un posible incremento de la violencia contra los comunicadores previo a las elecciones que se celebrarán en noviembre próximo. “Esto va a ser horrible. Va a haber una situación bastante fuerte de violencia contra la prensa y es posible, ojalá esté equivocada, que se produzcan más crímenes contra periodistas”, aseveró.

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Carlos Sierra, exigió a su vez “una investigación transparente y creíble” sobre el caso. “Lamentamos que las acciones del Mecanismo de Protección para los Periodistas no dieron los resultados para evitar esta tragedia que hoy enluta a una familia y al periodismo nacional”, puntualizó.

Honduras es uno de los países más violentos de América Latina y más peligrosos para ejercer el periodismo. Según organizaciones de prensa local, desde 2001 han sido asesinados más de cien comunicadores y 95 % de los casos están impunes.

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• Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

En las seis elecciones provin­ciales que se desarrollaron en la Argentina en lo que corre del presente año electoral de medio tiempo para renovar la mitad de la Cámara de Dipu­tados y un tercio de la de Senadores, el otrora poderosísimo Partido Justicialista (el pero­nismo) se evidencia perdedor y en caída.

La voluntad popular no acom­paña en las urnas a quienes se suponen herederos de Juan Perón y Evita cuando casi el 22 % del padrón nacional estuvo habilitado para discer­nir con el voto cuestiones provinciales que no siempre tie­nen relevancia cuando en los comicios se discuten asuntos nacionales e internacionales.

Luego de conocidos los escru­tinios en las provincias de Santa Fe, Salta, Jujuy, San Luis, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), si algo queda claro es que –con la excepción jus­tamente de la capital argen­tina– los oficialismos pro­vinciales se imponen y que, en ellos, el oficialismo nacio­nal del partido La Libertad Avanza (LLA), que fundara y lidera el presidente Javier Milei, no solo mantiene los mismos volúmenes que en las presidenciales de 2023 alcanzó en la primera vuelta electoral, sino que el 26 de octubre –cuando se realicen las elecciones legislativas nacionales en todo el país– la influencia del libertarismo, según coincidentes encues­tas, “podría crecer y consoli­darse” aunque, aun así care­cerá a partir del próximo 10 de diciembre de mayorías en el Parlamento.

La percepción en los sentidos expuestos de analistas y rele­vantes actores públicos res­pecto de la evolución de las fuerzas políticas argentinas es tan coincidente que, según el periodista Jorge Liotti, del diario La Nación de Buenos Aires, la expresidenta Cris­tina Fernández (2007-2015) y exvicepresidenta (2019- 2023), “admitió días atrás, durante un encuentro polí­tico del peronismo kirch­nerista –de cara al proceso electoral en desarrollo que, tanto ella como su partido “enfrentamos un escenario muy desfavorable en la pro­vincia (bonaerense) para las elecciones de setiembre. Y si no nos va bien en setiembre, (se pregunta y los interroga) ¿cómo nos va a ir en octubre? Mucho peor”.

Siempre según Liotti, la exjefa de Estado reconoció que le “preocupa el impacto de la provincia (de Buenos Aires que tendrá el resultado de los comicios provinciales que por disposición del gobernador Axel Kicillof se realizarán el venidero 7 de septiembre) en la definición de los senadores nacionales (que se votarán un mes más tarde, porque) si cae el bastión (peronista), como le dicen (a Buenos Aires, el resultado), impacta en todo el país”.

En línea con ese trascendido, Cristina Fernández sostuvo ante sus dirigentes más cer­canos que “si no ganamos en setiembre, no hay octubre posi­ble”. También en esta aprecia­ción de la señora Fernández, coinciden los más relevantes y connotados consultores en opinión pública que trabajan intensamente aquí.

El panorama presente al igual que el del futuro inmediato del peronismo –en cualquiera de sus variantes– y, en parti­cular, el kirchnerista, no es bueno ni mucho menos alen­tador.

Aunque a dicho análisis no exento de complejidad es pre­ciso añadirle la situación judi­cial de la señora de Kirchner que, condenada en tres ins­tancias tribunalicias a “seis años de prisión con la acceso­ria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” por ser penalmente respon­sable del delito de “adminis­tración fraudulenta”, como se encuentra, por un recurso de apelación en queja que la exmandataria presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), si el más alto tribunal de la República rechazara su presentación, inmediatamente podría ser encarcelada porque la condena mencionada más arriba tendrá que hacerse efectiva.

De allí que –según cuatro fuentes del peronismo kirch­nerista bonaerense que dia­logaron con La Nación con la condición de mantener sus identidades en reserva– “Cris­tina quiere presentarse como candidata a diputada provin­cial en la Tercera Sección Elec­toral (la zona sur más cercana a la capital argentina), donde todas las encuestas la señalan como triunfadora” porque de resultar electa tendría fueros parlamentarios y, en conse­cuencia, no podría ser privada de su libertad.

Otros informantes consulta­dos sobre el tema no solo con­validaron aquella intención, sino que añadieron que “con esa estrategia la señora de Kirchner tiene la esperanza de salvar la ropa para no ir en cana (presa)”.

Las horas pasan. Los días también. Si bien desde la perspectiva procesal la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para expedirse, los jueces Horacio Rosatti, pre­sidente; Carlos Fernando Rosenkrantz, vicepresidente; y Ricardo Lorenzetti, tienen claro que el desprestigio del Poder Judicial –que es un dato real, verificable y com­probado entre otros por Lati­nobarómetro– podría cre­cer exponencialmente si no resolvieran la situación que comenzó a tramitarse cuando la imputada era presidenta.

El reloj –algo que los supre­mos parecen desconocer– en este caso les juega en contra. El fiscal general de la Nación, Eduardo Casal, consultado por la CSJN, varios días atrás dictaminó, aunque su dictamen no es vinculante con la decisión que finalmente tomen los jueces, que la con­dena a la señora de Kirchner debe ser duplicada (12 años) y, además, se la debería con­denar también por el delito de “asociación ilícita”, como técnicamente se denomina a una banda (a un grupo de 3 ó más personas) que se ponen de acuerdo para delinquir y obtener beneficios de esas acciones antijurídicas.

De allí que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti saben que –ante la opinión pública– tienen 97 días (hasta el inicio del 7 de septiem­bre) para decidir sobre el futuro de Cristina Fernández viuda de Kirchner.

Si no lo hicieran y en esa jor­nada fuera elegida candidata a diputada –desde ese mismo momento, aún antes de asu­mir el cargo– tendrá fueros y, para eventualmente encar­celarla para que cumpla la condena en la causa que la tiene como rea, previamente, deberá ser desaforada por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.