El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer viernes el inicio de “conversaciones” en el extranjero con el clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país que bate récords de narcocultivos.

El poderoso grupo ilegal de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, con más de 7.500 miembros entre combatientes y redes de apoyo, es el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los principales retos de seguridad del primer gobierno izquierdista del país.

Leé más: Alerta por ola de calor en el sur de Francia

“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista”, dijo Petro durante un evento en Córdoba (norte), sin dar más detalles. El anuncio se da mientras el país atraviesa su peor ola de violencia, provocada por los grupos ilegales, desde el histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El clan del Golfo insiste en ser reconocido como un grupo político y recibir un trato judicial diferenciado similar al de la guerrilla y los escuadrones paramilitares. Estos están sometidos a un sistema de justicia transicional, en el que prima la reparación a las víctimas y la memoria histórica por sobre las penas de cárcel. Para los expertos en procesos de paz, el grupo narcotraficante no cumple con los requisitos para acceder a la justicia transicional.

“Su conexión con economías ilícitas desde su fundación” y la falta de un “proyecto político detrás de la organización” la alejan de esta categoría, dijo a la AFP Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para La Paz (FIP). A finales de julio, el gobierno presentó una cuestionada propuesta ante el Congreso para someter a los grupos criminales con beneficios como la reducción de penas y la no extradición, a cambio de su desarme.

Desde que arrancó su mandato en 2022, Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados, sin éxito hasta ahora. “Estamos intentando quitar las finanzas” de los grupos que “hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia”, declaró el presidente.

Durante el mandato de Petro, los grupos armados, financiados por actividades como el narcotráfico o la minería ilegal, se han fortalecido, según expertos. Con el estancamiento de la política de paz y a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, Arias considera que “no hay tiempo” para lograr un acuerdo de paz con el Clan del Golfo.

“No hay tiempo ni espacio político para avanzar en un proceso de paz (...) Hay una clara instrumentalización de estos anuncios para hacer campaña electoral para 2026”, dijo. En medio del récord de narcocultivos en el país, con 253.000 hectáreas registradas en 2023 según la ONU, las fuerzas armadas llevan a cabo una gran ofensiva para intentar frenar al grupo narcotraficante.

Podés leer: Tiroteo en el Times Square deja tres heridos

Los analistas afirman que el recrudecimiento de la ofensiva contra los grupos ilícitos responde a presiones de Estados Unidos, socio histórico de Colombia, en sus horas más bajas de relación bilateral. El anuncio de las conversaciones llega el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para combatir a los cárteles latinoamericanos considerados “terroristas globales”.

Se espera que en setiembre Estados Unidos decida si renueva la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas. Si no lo hace, el país sudamericano dejará de recibir ayuda de ese país para combatir a las guerrillas y los narcotraficantes.

Fuente: AFP

Las condiciones de estabilidad macroeconómica y los incentivos fiscales de los regímenes impositivos llaman la atención de empresarios europeos para radicar inversiones, principalmente en el régimen de maquila, aseguró la agregada comercial para Europa, de la embajada de Paraguay en Madrid, Natalia Cáceres.

“La reciente visita del presidente Pedro Sánchez, acompañado por una delegación empresarial, marcó un hito tras 27 años sin una visita oficial española. Este gesto reafirma el interés europeo en Paraguay y abre nuevas puertas para la inversión y el comercio bilateral”, manifestó en entrevista con Paraguay TV.

La agregada comercial recordó que España es el quinto inversor externo más importante con alrededor de 700 millones de dólares participando en alianzas público privadas, así como inversiones en los sectores de energía, de infraestructura vial, infraestructura sanitaria, entre otros.

Leé también: Empresas asiáticas manifiestan interés en sectores como alimentación y economía verde

En ese marco, mencionó que en el evento Paraguay Business Week 2025, que se realizará del 8 al 10 de septiembre en Ciudad del Este, estará presente Manu Marín, fundador de la empresa HaloTech de cascos de seguridad que utilizan inteligencia artificial e internet de las cosas (IoT) para identificar los entornos laborales.

“El interés español por la maquila paraguaya es creciente. Empresarios como Manu Marín han reprogramado sus agendas para estar presentes, atraídos por el potencial de Alto Paraná como nuevo hub de negocios e innovación”, destacó.

El presidente de España, Pedro Sánchez, visitó Paraguay en julio. Durante el Foro Encuentro Empresarial Paraguay-España, resaltó las sólidas relaciones comerciales entre ambos países, que se refleja en un aumento de inversiones españolas, por un monto de USD 674 millones.

Además, habló del interés creciente de empresas españolas por nuestro país, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, agroindustria y tecnología, donde España tiene mucho que aportar gracias a su experiencia y liderazgo global.

Sostuvo también que es clave que ambos países sigan avanzando en tres objetivos comunes: primero, impulsar el desarrollo económico; segundo, promocionar y defender a sus empresas, y finalmente, “hacer frente a la ola del proteccionismo, favoreciendo la apertura comercial como hacen tanto Paraguay como España”.

Te puede interesar: Criollos y sus jinetes prometen una final competitiva

La fiscalía estadounidense descartó pedir la pena de muerte para el mexicano Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York, informaron fuentes judiciales ayer martes. La decisión de la fiscal general, Pam Bondi, cierra así la posibilidad de que en caso de que Zambada, de 77 años, se siente en el banquillo de los acusados pueda ser castigado con la pena capital.

“El gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al tribunal y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a esta oficina a no buscar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García“, señala el oficio del fiscal del Tribunal del Distrito Este de Brooklyn, Joseph Nocella.

Tras eludir a la justicia mexicana durante cuatro décadas, Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

Lea más: Agricultores mantienen apoyo a Milei, pero exigen más reformas

Zambada dijo haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López, uno de los denominados “Chapitos”, para ser traído a la fuerza a Estados Unidos a cambio de ventajas judiciales para él y sus hermanos, cuyos casos se instruyen en un tribunal de Chicago, Illinois (norte).

El pasado 14 de septiembre, Zambada se declaró no culpable de los 17 cargos de los que le acusa la justicia estadounidense, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

Esta decisión de la fiscal estadounidense, equivalente a ministra de Justicia, abre la puerta a un posible acuerdo de culpabilidad que le evitaría eventualmente un juicio, como al que se sometió su socio en el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en el mismo tribunal y por el mismo juez, Brian Cogan, que instruye ahora el caso de Zambada.

Lea también: ¡Insólito! Cayó un pez del cielo y causó un incendio en Canadá

La suerte de Zambada está estrechamente vinculada a dos hijos del Chapo, detenidos en Illinois. Uno de ellos, Ovidio Guzmán López, conocido también como “Ratón”, que fue extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró el pasado 11 de julio culpable de cargos de narcotráfico, lo que le evita ir a juicio. Es también probable que tenga una pena más corta que la de su padre.

En caso de que Zambada se someta a juicio, sin duda, Ovidio Guzmán, de 35 años, será uno de los testigos estrella de la fiscalía. Su hermano Joaquín, que llegó junto a Zambada, también está detenido en Illinois y se espera que también llegue un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Chicago a cambio de rebajas carcelarias.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el cartel de Sinaloa, designado por el gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global. México ha reclamado la extradición del Mayo, cuya captura desató una guerra interna entre sus herederos y los hijos del Chapo que ha dejado más de 1.200 muertos y 1.400 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según cifras oficiales.

Además del Mayo y los Chapitos, en suelo estadounidense se encuentran en espera de juicio un grupo de 29 notorios narcotraficantes, entregados por el gobierno mexicano. Entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y que también puede ser punible con la pena de muerte. En julio, México extraditó a Héctor Manuel Avendaño Ojeda, presunto operador de Zambada, acusado también de narcotráfico.

Fuente: AFP.

Carreras universitarias sin terminar, títulos inventados... Los políticos españoles llevan semanas cruzándose acusaciones sobre las falsedades descubiertas en los currículums de cargos de partidos de izquierdas y derechas que se han visto forzados a dimitir tras ser señalados.

La controversia arrancó el 21 de julio, cuando el ministro de Transportes -el socialista Óscar Puente, habitual de los enfrentamientos en la red social X- apuntó incoherencias en el currículum de la diputada del Partido Popular (PP, derecha) Noelia Núñez.

Figura emergente de la formación conservadora -y cercana a la influyente presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, Núñez había dado a entender que era licenciada en Derecho, Ciencias Jurídicas de la Administración Pública y Filología Inglesa.

Instada a aclarar las disparidades entre los currículums que había presentado, la diputada acabó admitiendo que había comenzado estudios en estas materias, pero sin obtener los títulos.

“Recalcó que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte”, se defendió Núñez, de 33 años y con miles de seguidores en las redes, el 22 de julio, poco antes de anunciar la dimisión de todos sus cargos.

Tras su caída, partidos de izquierda y derecha emprendieron una carrera contrarreloj para encontrar errores, falsedades o imprecisiones en los currículums académicos de sus rivales políticos.

Te puede interesar: Envíos de remesas a México caen 16,2% interanual en junio

Así, el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), recibió acusaciones de haberse atribuido en el pasado una licenciatura en Administración de Empresas; la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé (PSOE), una licenciatura en Comunicación Audiovisual, e incluso Óscar Puente fue señalado por haber calificado de “máster” una formación de nivel inferior.

Estas acusaciones, en muchas ocasiones difíciles de verificar y de las que los aludidos se defienden, llevaron a varios políticos a pedir más transparencia, mientras otros se apresuraban a modificar sus currículums.

El jueves, el socialista José María Ángel, comisionado del gobierno para la reconstrucción de las zonas de la región de Valencia afectadas por las inundaciones del año pasado, renunció a su cargo tras una denuncia anónima que lo acusaba de haber usado un título falso para conseguir un puesto de funcionario.

Y el viernes, el responsable de Mundo Rural del gobierno regional de Extremadura (oeste), Ignacio Higuero (derecha), presentó su dimisión tras haber asegurado que tenía una licenciatura en Marketing por una universidad privada que por entonces no ofertaba esa titulación.

“En España seguimos padeciendo de un mal crónico: la ‘titulitis’”, lamentó el ensayista Joaquim Coll en un artículo de opinión, denunciando la “falta de escrúpulos” de algunos políticos, que perpetúan “una política de apariencias, donde el currículum se convierte en una herramienta de marketing personal”.

• Fuente: AFP

Lea más: Google emplea la IA para verificar la edad de los usuarios en EE. UU.