Ocho grupos criminales de México, Venezuela y Centroamérica fueron designados como organizaciones “terroristas globales” por el gobierno de Donald Trump, que los considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y promete eliminarlos. Aquí una sinopsis de estas bandas acusadas de tráfico de drogas y migrantes, además de una amplia gama de delitos.

Surgido en 2010, el CJNG es considerado una de las mayores organizaciones criminales de México. Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, acusado de contrabando de fentanilo y metanfetaminas. Según Insight Crime, sus redes se extienden a varios países de Latinoamérica, Canadá, Australia y el Sudeste Asiático.

Presente en varios estados de México, disputa con el Cártel de Sinaloa el control del tráfico de migrantes en la frontera con Guatemala y ha atentado contra altos cargos como el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en 2020.

Fundado en los años 1980 por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, es la otra gran mafia mexicana, con una reconocida capacidad para infiltrar las altas esferas del Estado. Guzmán y Zambada están presos en Estados Unidos, el primero a perpetuidad. Según Washington, este cártel es el mayor traficante de fentanilo -al que se atribuyen miles de muertes cada año en Estados Unidos-, y también se le vincula con el contrabando de metanfetaminas, heroína y cocaína.

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Los herederos de sus fundadores mantienen una guerra intestina que ha dejado cientos de muertos desde 2024, cuando supuestamente Zambada fue secuestrado por un hijo de “El Chapo”, que lo llevó en un avión privado a Estados Unidos para entregarlo a autoridades de ese país.

Un exministro de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue condenado en 2024 a casi 39 años de prisión por colaborar con el cártel.

Se conformó en 2014 en una cárcel del estado venezolano de Aragua y está ligado a secuestros, robos, venta de drogas, prostitución y extorsión. Más tarde se expandió a la explotación ilegal de oro en un país que cuenta con grandes yacimientos, y a la trata de personas en medio de la ola migratoria. Sus actividades se expandieron a varios países del continente.

En 2023 estaba compuesto por unos 5.000 hombres y su centro de operaciones era la cárcel de Tocorón (Aragua), ocupada ese mismo año por las autoridades. Esa prisión era una especie de hotel con piscina, zoológico, sala de apuestas, banco, campo de béisbol y una discoteca. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro asegura que la banda fue desmantelada, su jefe, Héctor Guerrero, está prófugo.

La MS-13 se formó en Los Ángeles (Estados Unidos) en los años 1980. Sus primeros hombres llegaron deportados a El Salvador tras la guerra civil (1980-1992). Luego se extendieron a Guatemala y Honduras y convirtieron la región en una de las más violentas del mundo. Junto con sus archienemigos de Barrio 18 suman decenas de miles de miembros dedicados a las extorsiones, los asesinatos, el sicariato y el tráfico de drogas.

Dos tercios de sus integrantes han sido encarcelados en El Salvador por las medidas draconianas del gobierno de Nayib Bukele, según Insight Crime, que define esta situación como un “golpe casi mortal” contra ambos grupos. En Estados Unidos, la MS-13 se concentra en la venta de narcóticos y la extorsión de pequeños negocios y bares clandestinos, detalla el centro de pensamiento.

Opera en el estado agroindustrial de Michoacán (oeste de México) y ha ganado notoriedad por el uso de minas antipersonas en el combate que libra con el CJNG en esa región. Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), distribuye metanfetaminas y heroína.

Fundada en 2006 como La Familia Michoacana, este grupo se había debilitado desde 2014 tras el asesinato de su fundador, Nazario Moreno González, según Insight Crime. Sus remanentes se reorganizaron en años recientes como la Nueva Familia Michoacana y operan actualmente en los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero y Estado de México. Estados Unidos asegura que el grupo trafica metanfetaminas e incursiona en el trasiego de fentanilo.

El Cartel del Golfo llegó a ser uno de los grupos criminales más temibles de México, pero en los últimos años perdió influencia y se dividió en múltiples facciones, una de ellas el extinto y sanguinario cártel de Los Zetas. Su líder, Osiel Cárdenas Guillén, fue deportado en diciembre pasado desde Estados Unidos a México, donde está preso por varios delitos. Había sido condenado en 2010 a 25 años de cárcel por la justicia estadounidense. Sus sucesores controlan importantes zonas fronterizas cerca del Golfo de México, beneficiándose del tráfico de migrantes y drogas como cocaína y metanfetamina, según Insight Crime.

Es la organización sucesora de Los Zetas, conformada por antiguos militares de élite. Domina en la fronteriza Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, principal cruce para el comercio terrestre entre México y Estados Unidos.

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El “criptogate” que sacude el universo político argentino comenzó cuando el presidente Javier Milei, un economista ultraliberal que se jacta de haber contenido la endémica inflación argentina, promovió “de buena fe” una criptomoneda que en dos horas colapsó con pérdidas multimillonarias. El viernes de tarde, Milei promovió (o difundió, según su versión) en redes sociales la “memecoin” $LIBRA. “Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina”, escribió.

Lanzada ese mismo día, la criptomoneda alcanzó tras el tuit un valor de casi 5 dólares y se desplomó en un 90 % en dos horas. Milei borró entonces su publicación inicial y dijo que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”. En ese lapso, la moneda “movió más de 4.500 millones de dólares”, dijo Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales.

El monto de lo que perdieron los inversores “es algo subjetivo y difícil de estimar”, dijo a la AFP. Actualmente esa cifra se estima en 250 millones de dólares. Se presentaron decenas de denuncias en contra de Milei y otros involucrados, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y congresistas opositores dijeron que iniciarían un procedimiento de juicio político por “criptoestafa”.

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Diputados de la opositora Unión por la Patria (peronismo) anunciaron que impulsarán un juicio político al presidente, aunque están lejos de contar con los votos necesarios para que prospere. Esta posibilidad, “de 0 a 10, es cero”, dijo el analista político Carlos Germano a la AFP.

Otros impulsan la creación de una comisión investigadora, una iniciativa más viable, y hay una tercera propuesta promovida por la izquierda para interpelar al presidente. Esto lo expondría a las preguntas del Congreso, que Milei definió en el pasado como un “nido de ratas”.

El PRO, partido aliado de Milei que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), calificó el caso como “muy grave” y evaluó que “impactó en la credibilidad del país”. Sin embargo, declinó apoyar la iniciativa del juicio político “en esta instancia”. “Claramente el presidente ha quedado en el medio de una estafa para mucha gente y eso amerita una investigación muy seria”, dijo Macri. En medio de la polémica, la bolsa argentina (MERVAL) se derrumbó el lunes un 5,58%.

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Para llevar a cabo un juicio político al presidente se requieren mayorías especiales de dos tercios en ambas cámaras. El abogado Adolfo Suárez Erdaire, que se especializa en estafas digitales e investiga este caso, dijo a la AFP que, aun si un juicio político lo hallara culpable, “la única pena que va a tener el presidente en el ámbito político sería la destitución y la inhabilidad para volver a ocupar cargos públicos”.

Pero tras el fin de su mandato podría enfrentar en la justicia ordinaria cargos con penas de hasta seis años de prisión, además de procesos civiles de reparación para los afectados. “Tiene un riesgo legal latente, porque las causas judiciales siempre quedan”, explicó.

Además de Milei, protagonizan el caso el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de la empresa Kelsier Ventures y uno de los creadores de $LIBRA; el singapurense Julian Peh, quien creó la web “vivalalibertadproject.com” desde la cual se lanzó la moneda; y el argentino Mauricio Novelli, fundador del foro tecnológico donde se reunieron con el presidente en octubre en Buenos Aires.

El propio Milei informó en X que había mantenido un encuentro “muy interesante” con Davis el 30 de enero en la Casa Rosada. “Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”, escribió. Novelli es además cofundador de N&W Professional Traders, una empresa que brinda cursos de formación financiera en la que Milei dictó clases antes de lanzarse a la carrera política. “Lo conozco hace años”, dijo el presidente.

El lunes por la noche, el canal TN publicó una entrevista con el mandatario ultraliberal grabada en la misma tarde. “Yo no lo promocioné, yo lo difundí”, dijo Milei, quien aseguró que al darle publicidad a $LIBRA había obrado “de buena fe”.

“Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo”, planteó el presidente, al asegurar que las personas que invierten en criptoactivos “sabían muy bien lo que era el riesgo de lo que estaban tratando”, como aquel que va “a un casino”.

“Un casino en el que las máquinas están tocadas por el dueño”, ironizó Smaldone sobre la metáfora. Un clip editado de la entrevista se viralizó en redes y generó más controversia porque el presidente y el periodista comentan en tono irónico que las preguntas están preparadas de antemano. Poco después, a pedido del equipo de Milei, el periodista cambia una pregunta tras conceder que puede traerle un “quilombo (lío) judicial”.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

La justicia argentina ordenó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández para que responda en un juicio oral por “lesiones graves” y “amenazas coactivas” en contexto de violencia de género contra quien era su pareja cuando ejercía la presidencia (2019-23). El exmandatario, de 65 años, ha rechazado todos los cargos durante la etapa de instrucción al calificar la acusación como “una estafa procesal sin precedentes”, según prologó el escrito de 200 páginas que presentó a la justicia para pedir su sobreseimiento, el cual fue denegado.

“Jamás ejercí violencia física, psicológica o económica” contra Fabiola Yáñez, sostuvo Fernández en ese escrito, en el que también denunció que tanto el fiscal como el juez limitaron su derecho de defensa. El 6 de agosto pasado la ex primera dama, una periodista de 43 años que reside en Madrid, había denunciado por violencia física y psicológica al expresidente, con quien tiene un hijo de dos años. Fernández aún “puede apelar el procesamiento”, aclaró a la AFP Mariana Gallego, abogada defensora de Yáñez. “Una vez firme (la causa) se eleva a juicio oral”, explicó la abogada.

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En su fallo, el juez Julián Ercolini lo consideró “prima facie autor (presunto) penalmente responsable de los delitos de lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas”.

También le impuso un embargo sobre sus bienes de 10 millones de pesos (unos 8.400 dólares) y debe informar cualquier viaje que implique ausentarse por más de 72 horas de su domicilio en Buenos Aires. Previamente la fiscalía había recabado pruebas del teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, con fotografías que le había enviado Yáñez, en las que la exprimera dama aparecía con hematomas en su rostro y cuerpo.

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Ercolini se refirió en su escrito a dos lesiones específicas que se corresponden con dos fotos filtradas a la prensa, que muestran a Yáñez con un ojo y un brazo morado. Además, el magistrado señaló que Fernández se habría aprovechado de la “particular relación asimétrica de poder” que tenía con su pareja al menos desde 2016 hasta el momento en que Yáñez realizara la denuncia.

Ercolini es el mismo juez que tramita otra denuncia contra el expresidente por una supuesta defraudación en la contratación de seguros durante su mandato, caso que aún no fue elevado a juicio. En esta causa el exmandatario recusó al magistrado por supuesta parcialidad, petición que aún está pendiente de resolución.

• Toronto, Canadá. AFP.

Un avión de Delta Air Lines con 80 personas a bordo se estrelló ayer lunes al aterrizar y luego quedó volcado en la pista del aeropuerto de Toronto, dejando 18 heridos, tres de ellos en estado grave. El vuelo CRJ900, de un avión Bombardier operado por Endeavor Air, estaba aterrizando en la ciudad más grande de Canadá procedente de Minneapolis, en el estado estadounidense de Minnesota, cuando colisionó, reportó la aerolínea.

El Aeropuerto Internacional Toronto Pearson “está al tanto de un incidente durante el aterrizaje de un avión de Delta Air Lines procedente de Minneapolis. Equipos de emergencia están respondiendo. Todos los pasajeros y la tripulación están localizados”, indicó esa terminal aérea en X.

Las razones del volcamiento, o de cómo el avión acabó con las alas cortadas, aún se desconocen. “Es bastante pronto. Es muy importante que no especulemos. Lo que podemos decir es que la pista de aterrizaje estaba seca y no hubo condiciones de viento cruzado”, señaló el jefe de bomberos del aeropuerto, Todd Aitken.

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Aitken confirmó que 18 personas resultaron heridas, sin ningún fallecido. De 17 hospitalizados, tres se encuentran en estado grave. “Un niño fue trasladado al hospital con heridas graves. Un hombre de unos 60 años y una mujer de unos 40 también resultaron heridos de gravedad”, declaró a la AFP un portavoz de la organización de asistencia médica Ornge, mientras socorristas llegaban al lugar.

Tres helicópteros y dos ambulancias de cuidados intensivos respondieron, añadió el portavoz. CBS mostró imágenes de personas saliendo con dificultad del avión, que terminó boca abajo, protegiéndose de las ráfagas de viento. La aerolínea estadounidense Delta confirmó que el accidente “no causó víctimas mortales”.

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Un usuario de Facebook que dijo ser pasajero del vuelo, John Nelson, publicó un video en el que se veía la aeronave accidentada y escribió: “Nuestro avión se estrelló. Está boca abajo”. “La mayoría de la gente parece estar bien. Todos estamos bajando”, añadió.

La ministra canadiense de Transportes, Anita Anand, dijo que había 80 personas en el vuelo. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, se mostró “aliviado de que no haya víctimas tras el incidente en Toronto Pearson”, y añadió que las autoridades aeroportuarias y locales estaban prestando ayuda.

Una enorme tormenta de nieve azotó el este de Canadá el domingo. Los fuertes vientos y las temperaturas gélidas podrían seguir sintiéndose en Toronto el lunes. La Junta de Seguridad del Transporte de Canadá (TSB) anunció que enviará un equipo de investigadores tras el accidente.