La justicia de Bangladés condenó este lunes a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión de los disturbios que provocaron su caída en 2024 y en los que murieron al menos 1.400 personas, en su mayoría civiles, según la ONU.

“Todos los elementos (…) constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos”, declaró el juez del tribunal de Daca, Golam Mortuza Mozumder. “Hemos decidido imponerle una sola pena, la pena de muerte”, añadió.

Hasina, de 78 años, siempre negó los cargos en su contra y fue juzgada en ausencia tras huir en helicóptero a India en el verano de 2024. Tras la sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladés reclamó al gobierno indio extraditar “inmediatamente” a Hasina y a su ex ministro de Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte y huido a ese país.

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La cancillería india se limitó a responder que el país había “tomado nota del veredicto pronunciado” contra la exdirigente. Los jueces consideraron a la ex primera ministra culpable de varios cargos relacionados con crímenes contra la humanidad, en particular por incitar a cometer asesinatos y ordenar asesinatos, según el veredicto.

Tras la sentencia, Hasina, que estuvo en el poder durante 15 años, dijo que el veredicto tenía “motivaciones políticas”. “Las sentencias pronunciadas contra mí fueron dictadas por un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático”, afirmó en un comunicado.

La decisión del tribunal de Daca era muy esperada en este país asiático de más de 170 millones de habitantes, centrado en las próximas elecciones legislativas que deben celebrarse dentro de tres meses. El jefe del gobierno interino, el nobel de la paz Muhammad Yunus, la celebró como “un veredicto histórico”.

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La policía de la capital se desplegó en gran número para llevar a cabo estrictos controles alrededor del tribunal y en todos los puntos neurálgicos de la ciudad, constataron periodistas de AFP.

Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abogado este martes pasado por castigar los casos de homicidio en Washington D.C. con la pena de muerte, abolida desde hace décadas en la jurisdicción de la capital estadounidense, en el marco de su campaña de las últimas semanas para luchar contra una supuesta grave delincuencia. “Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte”, ha declarado durante una reunión que ha mantenido este martes con su gabinete ante la presencia de periodistas.

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que “buscaremos” la pena capital para todo aquel que comete un homicidio, alegando que se trata de “una medida preventiva muy fuerte”. “Todos los que la han escuchado (la medida) están de acuerdo”, ha asegurado, si bien ha reconocido que “no sé si estemos preparados para ello en este país”.

Con todo, ha señalado que “no tenemos otra opción” que recuperar la pena de muerte, en un paso más de su plan para reducir la criminalidad en Washington D.C., pese a que hace apenas unos días aseguró que era una “ciudad segura” gracias al despliegue de la Guardia Nacional y la Policía Federal (FBI). En cuanto al resto de estados, el mandatario estadounidense ha señalado que serán estos quienes “tendrán que tomar su propia decisión”.

Fuente: Europa Press.

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La fiscalía estadounidense descartó pedir la pena de muerte para el mexicano Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York, informaron fuentes judiciales ayer martes. La decisión de la fiscal general, Pam Bondi, cierra así la posibilidad de que en caso de que Zambada, de 77 años, se siente en el banquillo de los acusados pueda ser castigado con la pena capital.

“El gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al tribunal y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a esta oficina a no buscar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García“, señala el oficio del fiscal del Tribunal del Distrito Este de Brooklyn, Joseph Nocella.

Tras eludir a la justicia mexicana durante cuatro décadas, Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

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Zambada dijo haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López, uno de los denominados “Chapitos”, para ser traído a la fuerza a Estados Unidos a cambio de ventajas judiciales para él y sus hermanos, cuyos casos se instruyen en un tribunal de Chicago, Illinois (norte).

El pasado 14 de septiembre, Zambada se declaró no culpable de los 17 cargos de los que le acusa la justicia estadounidense, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

Esta decisión de la fiscal estadounidense, equivalente a ministra de Justicia, abre la puerta a un posible acuerdo de culpabilidad que le evitaría eventualmente un juicio, como al que se sometió su socio en el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en el mismo tribunal y por el mismo juez, Brian Cogan, que instruye ahora el caso de Zambada.

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La suerte de Zambada está estrechamente vinculada a dos hijos del Chapo, detenidos en Illinois. Uno de ellos, Ovidio Guzmán López, conocido también como “Ratón”, que fue extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró el pasado 11 de julio culpable de cargos de narcotráfico, lo que le evita ir a juicio. Es también probable que tenga una pena más corta que la de su padre.

En caso de que Zambada se someta a juicio, sin duda, Ovidio Guzmán, de 35 años, será uno de los testigos estrella de la fiscalía. Su hermano Joaquín, que llegó junto a Zambada, también está detenido en Illinois y se espera que también llegue un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Chicago a cambio de rebajas carcelarias.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el cartel de Sinaloa, designado por el gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global. México ha reclamado la extradición del Mayo, cuya captura desató una guerra interna entre sus herederos y los hijos del Chapo que ha dejado más de 1.200 muertos y 1.400 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según cifras oficiales.

Además del Mayo y los Chapitos, en suelo estadounidense se encuentran en espera de juicio un grupo de 29 notorios narcotraficantes, entregados por el gobierno mexicano. Entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y que también puede ser punible con la pena de muerte. En julio, México extraditó a Héctor Manuel Avendaño Ojeda, presunto operador de Zambada, acusado también de narcotráfico.

Fuente: AFP.

• Tokio, Japón. AFP.

Japón ejecutó este viernes al llamado “asesino de Twitter”, un hombre que mató a nueve personas contactadas por esa red social, en la primera aplicación de la pena capital desde 2022 en este país. El reo era Takahiro Shiraishi, un hombre de 34 años que en 2017 asesinó y desmembró a nueve personas, en su mayoría chicas jóvenes, a quienes había contactado por Twitter, ahora llamada X.

Japón y Estados Unidos son los únicos dos países del G7 donde sigue practicándose la pena de muerte, un castigo que cuenta con una amplia aceptación de la sociedad nipona. El ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, explicó que Shiraishi había cometido “robo, violación, asesinato, destrucción de cadáver y abandono de cadáver”.

“Nueve víctimas fueron golpeadas y estranguladas, asesinadas, robadas y luego mutiladas con partes de sus cuerpos guardadas en cajas y otras arrojadas a un vertedero”, afirmó a la prensa. Actuó “por la egoísta razón de satisfacer sus propios deseos sexuales y financieros”, aseguró. “Después de una detenida reflexión, ordené la ejecución”, explicó.

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El acusado reconoció los nueve asesinatos, dijo la prensa. Según explicó, contactaba en Twitter con personas con tendencias suicidas y les ofrecía ayuda para morir.

Las víctimas, de entre 15 y 26 años, iban a su casa cerca de Tokio, donde él las asesinaba, las descuartizaba y escondía los restos de sus cuerpos en pequeñas neveras.

Las ejecuciones en Japón siempre se practican por ahorcamiento. En el país hay alrededor de un centenar de reos en el corredor de la muerte.

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El apoyo de la población a este castigo es elevado. Una encuesta encargada por el Gobierno en 2024 entre 1.800 ciudadanos señaló que un 83 % de ellos consideraba “inevitable” la pena capital.

Aunque la ley estipula que la ejecución debe aplicarse en un plazo máximo de seis meses después de la sentencia definitiva, muchos reos pasan años o incluso décadas esperando. Además, a menudo los presos no son informados de la ejecución hasta último momento, normalmente con pocas horas de antelación.