La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la condena de 35 años de prisión contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, encontrada culpable, ya que fue la persona que contrató a los sicarios para poder asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La mujer es la séptima persona sentenciada por el caso.

La justicia de Colombia no admitió la demanda de casación que presentó la defensa de la mujer, sentenciada por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.

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Con este fallo judicial se ratifica que Chacón formó parte del equipo que se reunió para plantear el atentado contra el fiscal paraguayo. La Fiscalía la ubicó en reuniones con los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, días previos al magnicidio.

El pasado 10 de mayo se cumplieron tres años del homicidio del fiscal Marcelo Pecci, quien en Paraguay era agente fiscal de la unidad crimen organizado. Hasta el momento, en Colombia hay siete personas condenadas por el hecho, mientras que una más está para ser juzgada en Venezuela.

La justicia colombiana ya condenó a 23 años y 6 meses de cárcel a Wendre Still Scott, quien realizó el disparo; Eiverson Adrián Arrieta, conductor de los asesinos; Marisol Londoño y Cristian Monsalve, quienes hicieron el seguimiento al fiscal. También están condenados a 25 años y 6 meses de cárcel los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos. En cuanto al último detenido, que es el venezolano Luis Gabriel Salinas, este último está procesado en su país, donde será juzgado.

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El partido opositor colombiano Centro Democrático informó este viernes que suspendió los actos de campaña de sus aspirantes a la presidencia tras el atentado a tiros contra Miguel Uribe, uno de sus precandidatos.

El senador de 39 años recibió el sábado tres disparos, dos de ellos en la cabeza, durante un acto con seguidores en Bogotá. El presunto pistolero es un joven de 15 años que está detenido, igual que uno de sus cómplices.

Uribe está en estado crítico en una clínica “con pronóstico neurológico reservado”, según el último parte médico. “En solidaridad con nuestro compañero Miguel Uribe”, los “demás precandidatos del Centro Democrático hemos decidido hacer un alto proselitista”, dice un comunicado. “Esta pausa es transitoria”, agrega.

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Uribe hacía campaña para ser elegido como candidato único de este partido, el principal movimiento de oposición al presidente izquierdista Gustavo Petro. Antes debe ganar en una disputa interna a otros aspirantes, como la senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Las legisladoras son muy cercanas al líder natural del Centro Democrático, el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Aún se desconoce quién ordenó el atentado contra Miguel Uribe, que no tiene parentesco con el exmandatario. La derecha busca recuperar el poder en las elecciones de 2026, en las que Petro no puede participar por disposiciones legales.

Los dirigentes del Centro Democrático culpan al presidente de incitar al odio contra la oposición. El atentado revive temores de un regreso a las peores épocas de la violencia en Colombia. En los años 80 y 90, en pleno auge del capo de la cocaína Pablo Escobar, cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados.

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El menor que presuntamente disparó a Uribe fue detenido en flagrancia y se declaró el martes inocente por homicidio en grado de tentativa y porte de armas.

Un segundo involucrado se entregó ante la Fiscalía el jueves y fue imputado con esos mismos cargos, además de “uso de menores de edad en la comisión de delitos”. Ambos permanecen fuertemente custodiados en un búnker de la fiscalía en Bogotá.

Fuente: AFP

• Bogotá, Colombia. AFP.

La fiscalía de Colombia imputó ayer jueves a un supuesto cómplice del pistolero de 15 años acusado de atentar contra el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe. El nuevo acusado, que se entregó ante las autoridades, participó en la “logística” del ataque ocurrido el sábado, en el que el senador de 39 años recibió tres disparos, indicó el ente investigador.

Antes, fue capturado en flagrancia al supuesto tirador, un adolescente de 15 años herido en una pierna en medio de una persecución de los escoltas de Uribe, miembro del partido de derecha Centro Democrático. Imputado por intento de homicidio y porte de armas, el joven se declaró inocente el martes y está fuertemente custodiado en un búnker de la fiscalía.

La entidad aseguró que el nuevo implicado hizo un “reconocimiento” días antes del parque en un barrio popular de Bogotá en el que se cometió el atentado. El día del ataque estaba en un automóvil desde el que “se le entrega” el arma, una Glock de 9 milímetros, al presunto pistolero. El menor ingresó al vehículo y se cambió de ropa.

La fiscalía también le imputó los delitos de “uso de menores de edad en la comisión de delitos” y porte de armas. Fiscales solicitaron que permanezca privado de la libertad. Uribe dio el miércoles las primeras muestras de mejoría tras recibir dos de los disparos en la cabeza, aunque sigue en estado crítico. Aún se desconoce quiénes son los autores intelectuales del ataque.

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El presidente Gustavo Petro apunta principalmente a bandas de narcotráfico que supuestamente quieren desestabilizar al gobierno como respuesta a las incautaciones de droga y las capturas de sus capos. Llegó a mencionar al principal grupo disidente de la guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 y ahora trafica cocaína.

En un comunicado enviado por chat a un grupo de periodistas, el grupo ilegal negó estar detrás de la acción criminal. El martes, la disidencia ejecutó más de 20 ataques simultáneos en el suroeste del país. Petro dijo que investigaría si había conexión con el atentado a Uribe.

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Petro también menciona a una supuesta mafia de narcos colombianos y extranjeros con sede en Dubái. El abogado de Uribe asegura que las autoridades encargadas de protegerlo no atendieron alertas sobre la necesidad de ampliar el número de escoltas en su esquema de protección.

“Insistimos en que aquí también hay una grave omisión del Estado en brindar la seguridad a Miguel Uribe”, dijo el jurista Víctor Mosquera a los medios este jueves. Si es el adolescente es declarado culpable, puede pasar hasta ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad. Para esclarecer el caso, el presidente Petro solicitó ayuda a “organismos secretos” de Estados Unidos.

La inflación en Argentina fue de 1,5 % en mayo, el dato mensual más bajo desde mayo de 2020, según el Instituto Nacional de Estadísticas (Indec).

“Los precios al consumidor (IPC) aumentaron 1,5 % en mayo de 2025 respecto de abril y 43,5 % interanual”, señaló la institución en un informe que mostró una baja dominada por los precios de los alimentos y del transporte.

El gobierno del ultraliberal Javier Milei recibió el número, que adjudicó al “exitoso plan de estabilización ortodoxo” del equipo económico.

“Realizaron un ajuste histórico de 15 puntos del (Producto Bruto Interno) PBI, terminaron con la emisión monetaria y eliminaron el cepo cambiario”, escribió el vocero presidencial Manuel Adorni en su canal de Whatsapp, refiriéndose al control de cambios que regía desde 2019 y que se eliminó parcialmente este año.

La percepción de algunos argentinos va a contramano de lo que refleja los indicadores, con el malhumor social que crece por una desinflación que no ven reflejada en sus bolsillos.

Cristian Rodríguez, de 45 años y empleado de logística de valores, dijo que el alza del costo de vida no está acompañado por la recuperación de salarios, lo que afecta su nivel de vida y el de su familia.

“De la mano de que, según dicen, la inflación bajó, también los sueldos quedaron paralizados. Hace un año no tenemos aumento”, explicó a la AFP.

El 16 de abril, Argentina recibió 12.000 millones de dólares del primer desembolso de un flamante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones, en un contundente voto de confianza al programa económico del presidente ultraliberal Javier Milei.

• Fuente: AFP