La Unión de Gremios de la Producción (UGP) sigue poniendo en tela de juicio las multas que quiere imponer la Unión Europea (UE) en caso de no cumplir con las exigencias establecidas en el marco del Reglamento 1115.

Para el gremio, las medidas que quieren imponer son irracionales y solo buscan bajar el precio de la soja paraguaya, de altísima calidad. Cuestionan la categoría de riesgo estándar que le asignó la UE a Paraguay, que implica mayores controles y auditorías sobre las exportaciones, a diferencia de países como China, EE. UU. e India, que tienen altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero.

En su boletín semanal, el gremio realizó un análisis sobre qué es lo que podría impulsar al mercado europeo avanzar con este reglamento, y poner trabas a nuestro país, al igual que a Argentina, Brasil y Rusia.

Hugo Jiménez de Recalde recordó que hasta inicios de 1800, las cédulas reales eran documentos oficiales del Antiguo Régimen europeo, donde la corona comunicaba a las autoridades locales la voluntad real sobre diversos asuntos políticos, organizativos y administrativos. Estas disposiciones no se discutían, se imponían.

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Ante los abusos de poder de la Corona y la expoliación de las colonias americanas, el proceso de emancipación de España y la constitución de repúblicas independientes dieron lugar a un cambio radical en el mapa del Nuevo Mundo. La primera nación latinoamericana en independizarse —en este caso de Francia— fue Haití, en 1804. Le siguieron Paraguay (1811), Argentina (1816), Chile (1818), Perú (1821), Ecuador (1822), Brasil (1822), Bolivia (1825) y otras.

“Hace unos días, como reeditando aquellas decisiones imperiales, la UE-27 publicó la lista de países proveedores de bienes agropecuarios y forestales, junto con sus respectivas clasificaciones de riesgo”, expresó.

Luego, mencionó que en la categoría de bajo riesgo fueron incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, China, Chile y Uruguay, entre otros. Argentina, Brasil y Paraguay fueron colocados en la categoría de riesgo estándar o medio, mientras que Rusia fue clasificada como país de riesgo alto.

Afirmó que esta clasificación se basa en criterios como la tasa de deforestación o degradación forestal, la expansión de tierras agrícolas y la tendencia de producción de materias primas y productos relevantes. En consecuencia, el Imperio Europeo, bajo el pretexto de “cuestiones ambientales”, disfraza su espíritu proteccionista y lo transforma en un argumento ambiental.

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Luego, expuso que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una fuente respetada y confiable en el mundo entero, presenta una amplia colección de trabajos sobre áreas de producción, población, emisiones de CO₂ y gases de efecto invernadero. Allí se pueden explorar las emisiones de numerosos países y regiones, de dónde provienen, cómo evolucionarán en el tiempo y qué factores las impulsan.

Finalmente, precisó que para poner algún criterio objetivo en la comparación de emisiones, deben considerarse múltiples métricas: emisiones anuales por país, emisiones por persona, contribuciones históricas y si se ajustan o no a los bienes y servicios comercializados.

“Ante la necesidad de producción de alimentos para una población cada vez más numerosa, y el papel de las naciones para enfrentar este desafío consagrado en el ODS 2, conocido como “Hambre Cero”. Este objetivo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Busca, en definitiva, asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos durante todo el año, especialmente los más vulnerables”, aseveró.

• Bruselas, Bélgica. AFP.

La Unión Europea añadió ayer martes a 10 países, incluyendo a Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de “alto riesgo” en materia de lavado de activos, aunque retiró de ella a Panamá. Fueron añadidas al listado Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, y entre los países removidos de la lista están Panamá, Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

También fueron removidos de la lista Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda. Las entidades deben “aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE”, explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.

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La Comisión “ha llevado a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información” recopilada del Grupo de Acción Financiera (FATF, en inglés).

La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló que la identificación de los territorios “de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE”. Las alteraciones en el listado tuvieron lugar después de una “evaluación técnica exhaustiva”, aseguró la alta funcionaria.

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Luego de conocerse a las abogadas que defenderán a los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez comenzaron a saltar videos de las mismas usando la Sala de Juicios de la Corte Suprema de Justicia para promocionar sus servicios.

Esta situación generó el repudio y el cuestionamiento ciudadano, así como en el seno de la máxima instancia judicial, por lo que las abogadas serán investigadas.

Así lo anunció la Corte, al tiempo de recalcar que las mismas se exponen no solamente a sanciones administrativas, sino también a la suspensión en el ejercicio de la profesión.

Desde la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado en el que indicaron que iniciarán la investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala como se reporta.

Se trata de dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala de juicio oral para promocionar sus servicios. Los materiales luego fueron posteados en sus redes sociales. En uno de los videos se las ve bailando y en otro habla de cómo logró dejar en libertad a uno de sus clientes, acusado por homicidio doloso.

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“De conformidad al art. 4° de la Ley n.° 609/95, disposiciones de la acordada n.° 1597/21 y reglamentaciones concordantes, dispóngase el inicio de una investigación preliminar respecto a las presuntas irregularidades señaladas que guardan relación con la conducta desplegada por las abogadas María Fátima Muñoz Escobar y Gricelda Alejandra Arona Mieres", indicó el ministro César Manuel Diesel, en la orden.

El documento fue remitido a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias. Ambas abogadas se exponen a sanciones administrativas como la suspensión en el ejercicio de la profesión, apercibimiento con constancia de legajo y amonestación, incluso la casación de sus matrículas.

Los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo fueron detenidos y ya comparecieron ante el Juez. El guardiacárcel y la docente habrían escondido a su hijo de 17 años, entre el viernes y sábado previos al descubrimiento del cuerpo, en un hotel mientras denunciaban su supuesta desaparición en la comisaría 31ª del barrio Azucena.

El juez penal de Garantías de primer turno, Armando Mendoza, dispuso hacer lugar al pedido de la Fiscalía, de decretar la prisión preventiva para ambos adultos. El padre del presunto homicida cumplirá la medida de reclusión en el penal de Emboscada, mientras que la madre irá al pabellón de mujeres de la Penitenciaria Regional de Misiones.

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• Bruselas, Bélgica. AFP.

La principal asociación agrícola de Brasil pidió el martes pasado a la UE que investigue un posible cártel de minoristas de Francia en 2024 contra la carne bovina brasileña, en violación de las reglas de competencia del bloque. La influyente Confederación Nacional de Agricultura (CNA) acusó a cuatro de los mayores grupos minoristas franceses -Carrefour, Les Mousquetaires, E. Leclerc y Coopérative U- de un boicot a la carne brasileña en noviembre del año pasado.

La entidad sostiene que los cuatro grupos hicieron declaraciones destinadas a denigrar los productos cárnicos de los países del Mercosur, sin tener razones técnicas para ello. El episodio estalló en momentos en que el Mercosur y la UE se aproximaban a la conclusión de un acuerdo comercial, anunciado en diciembre de 2024 y al que Francia se opone con firmeza.

Los agricultores europeos, especialmente los franceses, temen que el acuerdo abra la puerta a la competencia desleal. El CEO de Carrefour, Alexandre Bompard, dijo en noviembre a los sindicatos franceses que esa cadena de supermercados “no vendería carne proveniente del Mercosur”.

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La senadora y exministra de Agricultura Tereza Cristina dijo a AFP en Bruselas que la CNA espera de la UE “una respuesta, saber si estas empresas han actuado juntas para formar un cártel”.

Las cuatro cadenas, alega la entidad, no tenían elementos científicos para adoptar esa postura pública, pero igualmente el gesto representó un duro golpe a la imagen de un importante renglón exportador brasileño.

“Trabajamos duro para llegar a este punto. No podemos permitir que una frivolidad como esta vuelva a ocurrir”, dijo la legisladora y ex ministra.

“El problema no es con Francia. El problema no está en el mercado común europeo. Nuestro problema es saber por qué estas cuatro empresas se juntaron e hicieron estas declaraciones”, comentó.

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En ese momento, agregó, “hubo una indignación muy fuerte de los productores argentinos, uruguayos y paraguayos”, porque estas cuatro empresas, “además de golpear a Brasil, también golpearon al Mercosur”.

Por su parte, Gedeão Pereira, vicepresidente de la CNA, dijo a AFP que el episodio no puede generalizar una imagen de falta de calidad. “No lo vamos a admitir, ni con el bloque europeo, ni con nadie”, apuntó.

Al ser consultados sobre el impacto económico que tuvo el episodio, la senadora Cristina dijo que “es muy difícil de medir, pero sí existió”. “Es un problema de imagen. No queremos que la imagen de nuestro producto sea objeto de afirmaciones que no se correspondan con la realidad”, apuntó Pereira.