El partido opositor colombiano Centro Democrático informó este viernes que suspendió los actos de campaña de sus aspirantes a la presidencia tras el atentado a tiros contra Miguel Uribe, uno de sus precandidatos.

El senador de 39 años recibió el sábado tres disparos, dos de ellos en la cabeza, durante un acto con seguidores en Bogotá. El presunto pistolero es un joven de 15 años que está detenido, igual que uno de sus cómplices.

Uribe está en estado crítico en una clínica “con pronóstico neurológico reservado”, según el último parte médico. “En solidaridad con nuestro compañero Miguel Uribe”, los “demás precandidatos del Centro Democrático hemos decidido hacer un alto proselitista”, dice un comunicado. “Esta pausa es transitoria”, agrega.

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Uribe hacía campaña para ser elegido como candidato único de este partido, el principal movimiento de oposición al presidente izquierdista Gustavo Petro. Antes debe ganar en una disputa interna a otros aspirantes, como la senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Las legisladoras son muy cercanas al líder natural del Centro Democrático, el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Aún se desconoce quién ordenó el atentado contra Miguel Uribe, que no tiene parentesco con el exmandatario. La derecha busca recuperar el poder en las elecciones de 2026, en las que Petro no puede participar por disposiciones legales.

Los dirigentes del Centro Democrático culpan al presidente de incitar al odio contra la oposición. El atentado revive temores de un regreso a las peores épocas de la violencia en Colombia. En los años 80 y 90, en pleno auge del capo de la cocaína Pablo Escobar, cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados.

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El menor que presuntamente disparó a Uribe fue detenido en flagrancia y se declaró el martes inocente por homicidio en grado de tentativa y porte de armas.

Un segundo involucrado se entregó ante la Fiscalía el jueves y fue imputado con esos mismos cargos, además de “uso de menores de edad en la comisión de delitos”. Ambos permanecen fuertemente custodiados en un búnker de la fiscalía en Bogotá.

Fuente: AFP

• Bogotá, Colombia. AFP.

La fiscalía de Colombia imputó ayer jueves a un supuesto cómplice del pistolero de 15 años acusado de atentar contra el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe. El nuevo acusado, que se entregó ante las autoridades, participó en la “logística” del ataque ocurrido el sábado, en el que el senador de 39 años recibió tres disparos, indicó el ente investigador.

Antes, fue capturado en flagrancia al supuesto tirador, un adolescente de 15 años herido en una pierna en medio de una persecución de los escoltas de Uribe, miembro del partido de derecha Centro Democrático. Imputado por intento de homicidio y porte de armas, el joven se declaró inocente el martes y está fuertemente custodiado en un búnker de la fiscalía.

La entidad aseguró que el nuevo implicado hizo un “reconocimiento” días antes del parque en un barrio popular de Bogotá en el que se cometió el atentado. El día del ataque estaba en un automóvil desde el que “se le entrega” el arma, una Glock de 9 milímetros, al presunto pistolero. El menor ingresó al vehículo y se cambió de ropa.

La fiscalía también le imputó los delitos de “uso de menores de edad en la comisión de delitos” y porte de armas. Fiscales solicitaron que permanezca privado de la libertad. Uribe dio el miércoles las primeras muestras de mejoría tras recibir dos de los disparos en la cabeza, aunque sigue en estado crítico. Aún se desconoce quiénes son los autores intelectuales del ataque.

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El presidente Gustavo Petro apunta principalmente a bandas de narcotráfico que supuestamente quieren desestabilizar al gobierno como respuesta a las incautaciones de droga y las capturas de sus capos. Llegó a mencionar al principal grupo disidente de la guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 y ahora trafica cocaína.

En un comunicado enviado por chat a un grupo de periodistas, el grupo ilegal negó estar detrás de la acción criminal. El martes, la disidencia ejecutó más de 20 ataques simultáneos en el suroeste del país. Petro dijo que investigaría si había conexión con el atentado a Uribe.

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Petro también menciona a una supuesta mafia de narcos colombianos y extranjeros con sede en Dubái. El abogado de Uribe asegura que las autoridades encargadas de protegerlo no atendieron alertas sobre la necesidad de ampliar el número de escoltas en su esquema de protección.

“Insistimos en que aquí también hay una grave omisión del Estado en brindar la seguridad a Miguel Uribe”, dijo el jurista Víctor Mosquera a los medios este jueves. Si es el adolescente es declarado culpable, puede pasar hasta ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad. Para esclarecer el caso, el presidente Petro solicitó ayuda a “organismos secretos” de Estados Unidos.

• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

• Bogotá, Colombia. AFP.

El adolescente de 15 años sospechoso de balear a un aspirante presidencial en Colombia se declaró ayer martes inocente del delito de homicidio en grado de tentativa del que se lo acusa, informó a la AFP una fuente de la fiscalía. También imputado por porte y fabricación de armas, el joven fue capturado el sábado luego de presuntamente herir con tres disparos al senador de derecha Miguel Uribe durante una reunión con decenas de personas en un parque de Bogotá.

El dirigente del partido Centro Democrático, opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, está en cuidados intensivos y su condición es estable pero crítica, según el último parte médico. Frente a la clínica, la esposa del senador, María Claudia Tarazona, dijo a periodistas que su marido “sigue luchando por su vida”. Aún se desconocen las razones y los autores intelectuales del atentado.

El presunto pistolero intentó huir, pero escoltas de Uribe le dispararon en una pierna y lo detuvieron. En un video de ese momento dice estar dispuesto a colaborar con las autoridades. Pasó por el quirófano y sigue hospitalizado bajo fuerte custodia, indicó la fiscalía. Si es hallado culpable puede pasar ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad, señaló la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el adolescente recibió dinero a cambio de disparar a Uribe, pero no precisó el monto. La directora del organismo estatal de protección de menores (IBCF), Astrid Cáceres, informó que el adolescente vive con una tía, pues el padre está fuera del país. La madre murió, según medios locales.

Sobre la medianoche del lunes, Petro informó en la red social X que el menor participó en un programa social de su gobierno dirigido a jóvenes vulnerables, en el que “demostró una personalidad completamente conflictiva”. Le costaba “establecer vínculos intersociales”, sostuvo el presidente.

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Petro apuntó contra la “mafia con asiento internacional” como posible responsable del atentado. Hay “indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición” y el oficialismo, afirmó el mandatario.

El presidente pidió reforzar la seguridad de altos dirigentes de la derecha, como el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder del Centro Democrático.

El influyente exgobernante denunció el lunes que la “inteligencia internacional” le informó de un supuesto plan para atentar en su contra. El Centro Democrático afirma que supuestamente se están ofreciendo ocho millones de dólares para asesinar a sus dirigentes.

Si la mafia está detrás del crimen, posiblemente se debe a que el gobierno ha “golpeado durísimo” al narcotráfico, aseguró Petro.

Cuando fue capturado, el joven gritaba que recibía órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los lugares de expendio de drogas. El presidente denunció que, el día del ataque, la custodia de Miguel Uribe fue reducida “extrañamente” de siete a tres escoltas.

En día previos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó otras líneas de investigación para determinar las razones del atentado.

Una es que se trató de un mensaje contra el Centro Democrático, partido que busca recuperar el poder en las elecciones presidenciales de 2026.

Otra es que se trata de un intento de “desestabilizar” al gobierno de Petro, a quien sectores de la derecha acusan de incitar el odio contra la oposición.

La fiscal general explicó que el pistolero posiblemente no conoce verdaderamente quién ordenó el crimen y simplemente fue contratado por una “red sicarial”. Desde el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, que sembró terror en los años 1980 y 1990, las mafias usan a menores de edad para que comentan estos crímenes. Por lo general provienen de familias pobres, viven en barrios marginales o están alejados de sus padres.