• San Salvador, El Salvador. AFP.

Una ley sobre “agentes extranjeros” impulsada por el presidente Nayib Bukele entró en vigencia en El Salvador este sábado, pese a críticas de las oenegés que denuncia la institucionalización de la “persecución” en su contra. Aprobada el 20 de mayo por el Congreso dominado por el oficialismo, es una norma similar a las existentes en Rusia, Venezuela y Nicaragua para impedir la labor de las oenegés, y establece un impuesto de 30 % a las donaciones que reciben.

“Representa una ley mordaza bastante discrecional, estigmatiza más el trabajo en derechos humanos” y proyectos sociales, lo que afectará a la “mayoría de la población pobre” del país, declaró a la AFP Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal. Bukele defendió la iniciativa en un reciente discurso al afirmar que la ley “garantiza que quienes vengan a velar por intereses políticos, al menos paguen sus obligaciones tributarias, como todos los demás“.

Sin embargo, la Fundación para el Debido Proceso aseguró que “la ley de agentes extranjeros es un ataque frontal al trabajo de las organizaciones sin fines de lucro”, inspirada “en normas similares vigentes en Hungría, Rusia, Nicaragua y Venezuela”.

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La ley “no está pensada para regular o transparentar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro (...), sino para acallar las voces críticas al gobierno”, afirmó Katia Salazar, una responsable de esta Fundación con sede en Washington.

Amnistía Internacional dijo que la norma “impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión” y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

“Lejos de garantizar transparencia, esta ley pretende institucionalizar la persecución contra organizaciones y se convierte en una herramienta más para intentan silenciar, debilitar y desmantelar la sociedad civil independiente”, advirtió la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer.

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La norma estipula que “por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales de cualquier tipo [...] a favor de sus agentes extranjeros en el país, se aplicará un impuesto del 30%”.

Además, los miembros de las oenegés deberán inscribirse en los próximos 90 días en un Registro de Agentes Extranjeros del Ministerio de Gobernación (interior). “Los incumplimientos” a la ley y las demoras en presentar información requerida serán sancionados con multas que pueden llegar hasta 250.000 dólares.

• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el domingo pasado que le tiene “sin cuidado” que lo llamen “dictador”, ante la ola de críticas en su contra por las recientes detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra las oenegés. Bukele emitió la noche del domingo un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.

El presidente acusó a las oenegés en el país de defender pandilleros y de activismo político, y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un “ataque organizado” contra su gobierno. “¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, expresó, al recordar que es criticado por su política de seguridad de mano dura.

Bukele, de 43 años, gobierna con poder casi absoluto tras ser reelegido con 85 % de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.

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Su gobierno enfrenta fuertes críticas por el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, asistía a víctimas del régimen de excepción y familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.

“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad”, ironizó.

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La Fiscalía acusó a López de haber cometido peculado cuando fue asesora en el tribunal electoral hace una década, pero organizaciones locales e internacionales -como Amnistía o Human Rights Watch- denuncian una estrategia para acallar las voces críticas y frenar la defensa de derechos humanos.

En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de vínculos con pandillas. Según las oenegés, Bukele usa contra sus críticos o adversarios el régimen de excepción que impuso hace tres años y por el cual 86.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido detenidas.

Las oenegés, férreas críticas del estado de excepción, aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos. “Los supuestos defensores de la democracia (...) lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes”, aseguró Bukele.

Según el gobernante, hubo unos “200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas” en más de 30 años que sembraron el terror en el país. En su discurso, también defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30 % de los fondos que reciban.

Socio clave de Trump en su política antiinmigrantes, Bukele recibió en marzo y encarceló en su megacárcel para pandilleros a 252 venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó al acusarlos, sin pruebas, de criminales. En el Teatro Nacional, Bukele criticó a congresistas demócratas que han viajado a El Salvador para pedir ver a los detenidos, particularmente al salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado “por error” pese a que tenía una protección legal.

“Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia”, dijo Bukele.

Publicista amante de los golpes de efecto, desplegó todo un aparato de producción para grabar y difundir por redes sociales el ingreso de los deportados, con el cabello rapado y encadenados, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele es cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines. “En este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.

• Washington, Estados Unidos. AFP.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes pasado haber alcanzado un acuerdo a nivel técnico con El Salvador sobre la primera revisión de su programa crediticio del Servicio Ampliado que permitirá el desembolso de otros 120 millones de dólares al país.

En febrero, la organización financiera aprobó un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por unos 1.400 millones de dólares a 40 meses que permitió un desembolso inmediato de alrededor de 113 millones de dólares. “El desempeño del programa ha sido sólido”, afirma la organización financiera, cuyo directorio ejecutivo todavía tiene que dar luz verde.

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“La mayoría de los objetivos del programa, establecidos para la primera revisión, se cumplieron con creces, y la implementación de las metas estructurales avanza satisfactoriamente”, afirma Luis Cubeddu, subdirector del departamento para América Latina y el Caribe, citado en el comunicado.

“A pesar de un contexto externo más complejo, la economía de El Salvador continúa expandiéndose, impulsada por una mayor confianza y un flujo de remesas aún sólido”, añade. El acuerdo aborda asimismo los riesgos del bitcóin, uno de los principales escollos entre el Fondo y el país centroamericano, que en 2021, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, puso a circular legalmente esta moneda a la par que el dólar estadounidense.

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La mayoría de los salvadoreños nunca vio con buenos ojos la iniciativa de Bukele, quien goza de una enorme popularidad por su guerra contra las pandillas y la caída de los homicidios a mínimos históricos. Ante las presiones del FMI El Salvador acabó cediendo y, desde finales de enero, el uso del bitcóin es opcional.

“Continuarán los esfuerzos para garantizar que la cantidad total de bitcóin en todas las billeteras propiedad del gobierno permanezca sin cambios, según los compromisos del programa, y asegurar la venta de la participación del sector público en la billetera Chivo hacia finales de julio”, afirma el Fondo.

• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció ayer martes un proyecto de “Ley de Agentes Extranjeros” que aplicará un impuesto del 30 % a las oenegés sobre las donaciones que reciban. La decisión del mandatario ocurre luego que diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos denunciaron ayer martes la detención “arbitraria” del abogado ambientalista Alejandro Henríquez.

“He decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones" que reciban oenegés en el país, indicó el gobernante en su cuenta de X. El mandatario no dio más detalles sobre el proyecto de ley, que se da por descontado que será aprobado por el Congreso, controlado por su partido.

Ya en 2021 Bukele había presentado un proyecto de ley similar, pero no llegó a ser sometido a aprobación del Congreso. El abogado Henríquez fue detenido señalado de desórdenes públicos, explicó Carlos Flores, del Foro del Agua que aglutina a una decena de organizaciones que defienden el derecho al agua y a la que pertenece el abogado ambientalista.

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Henríquez fue detenido tras participar en una manifestación el lunes en una carretera en las cercanías de donde reside Bukele, en la periferia suroeste de San Salvador. Durante la manifestación algunos de los participantes forcejearon con agentes antimotines de la policía y de la Fuerza Armada.

Los manifestantes pedían la intervención del mandatario para evitar que unas 300 familias de una cooperativa de agricultores sean desalojadas de un predio privado en las afueras de la ciudad de Santa Tecla (oeste). En medio del forcejeo, la policía detuvo al pastor evangélico José Pérez, quien preside la cooperativa.

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Bukele dijo que las “personas humildes” que participaron en la protesta fueron “manipuladas” por “grupos” de izquierda “y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”. Amnistía Internacional exigió en X “la libertad” de Henríquez y Pérez, quienes fueron detenidos “solo por ejercer sus derechos, el derecho a la protesta pacífica”.

Bukele señaló que con el impuesto a las ONG se podrá “encontrar una solución real” al problema de las familias de la cooperativa. En la vecina Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, también ha tomado acciones contra las oenegés. Más 5.600 oenegés han sido cerradas en Nicaragua desde las protestas opositoras de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos.