Alrededor de un centenar de soldados del Ejército colombiano se encuentran retenidos por individuos que se identifican como “guardias campesinas” en el municipio de San José del Guaviare, en el departamento de Guaviare, en el sur de Colombia.
Los militares han sido rodeados, bloqueados y retenidos en las veredas Chuapal y Bocas de Caño Capra en lo que podría ser una acción de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informa la emisora Caracol Radio.
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Fuentes de la zona han asegurado que los militares conservan su armamento, uniforme y pertenencias a pesar de estar retenidos, según la radio colombiana. Las autoridades han enviado ya a la zona a una delegación para abordar la situación y no se descarta abrir una negociación para facilitar la liberación de los militares.
El Ministerio de Defensa colombiano ha informado de que los secuestros se han incrementado en los dos últimos años en torno a un 70 por ciento con 450 retenciones. El Guaviare es uno de los departamentos con más incidentes de este tipo.
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Fuente: Europa Press
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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Senado autoriza ingreso de militares de EE. UU. para operativo médico “Amistad 25″
La Cámara de Senadores autorizó en la última sesión ordinaria, el ingreso temporal de 54 efectivos militares de Estados Unidos, en el marco del programa “Amistad 25″, que incluye la atención médica a población vulnerable y entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas Paraguayas.
“Van a participar médicos americanos y de las Fuerzas Armadas de Paraguay, vienen profesionales de primera línea, con equipamiento de la misma característica, es demasiado importante el servicio que ellos van a dar a favor de las comunidades”, expresó el ministro de Defensa, Oscar González.
Según el secretario de Estado, el operativo de atención médica está previsto en varios puntos del país y esto forma parte de un programa impulsado por parte de los Estados Unidos en el marco de las relaciones bilaterales. “Ellos cumplen y nosotros con mucho beneplácito aceptamos y los apoyamos”, añadió.
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Las jornadas de atención médica irán desde el 2 al 16 de agosto en los siguientes lugares:
- el Hospital del Trauma
- Hospital de Luque
- la Unidad de Salud del Hospital del Trauma
- el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Para el efecto, se utilizarán las propias instalaciones de hospitales mencionados y si es necesario se montarán carpas, precisó el ministro a la 920 AM.
Además de la atención médica, el ejercicio permitirá a las Fuerzas Armadas paraguayas mejorar su capacidad de respuesta ante crisis. El entrenamiento incluirá simulaciones de atención en emergencias y actualización de protocolos médicos.
Paraguay ya ha autorizado anteriormente la presencia de militares estadounidenses, como los 10 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales que capacitaron a 40 militares paraguayos entre 2024 y marzo de 2025. En este caso, “Amistad 25” tiene un enfoque sanitario. “Hasta los pacientes ya están a la expectativa, esto ni siquiera necesita de mucha difusión porque ya saben se realizará”, expuso.
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Médicos de EE.UU. ofrecerán atención gratuita del 4 al 15 de agosto
Este lunes 4 de agosto se realizará la ceremonia de lanzamiento de la misión médica amistad 25 en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
Lideradas por las Fuerzas Aéreas estadounidenses del Sur, las misiones son de atención médica directa a pacientes del país anfitrión (Paraguay) e intercambio de información médica.
En esta ocasión serán beneficiados pacientes del departamento Central con la jornada de asistencia médica del 4 al 15 de agosto de 2025.
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La actividad es coordinada por la Embajada de los EE. UU. en Asunción, a través de su oficina de Cooperación de Defensa (ODC), con el Ministerio de Salud Pública, sus directores médicos del hospital y de la región sanitaria, donde será desplegada la misión.
La atención médica, consultas, procedimientos, suministro de medicamentos e implementos (por ej. anteojos), son totalmente gratuitos.
El objetivo de este ejercicio médico es proporcionar formación en preparación médica al personal militar y civil, al tiempo de ofrecer atención médica a la población objetivo, aliviando así la sobrecarga del sistema sanitario local.
La asistencia médica estará a cargo de profesionales y técnicos médicos militares de los Estados Unidos, junto con miembros de personal de apoyo.
Abarca una amplia gama de especialidades, incluyendo cirugía general y de emergencia, anestesiología, enfermería, odontología, oftalmología, optometría, farmacia, medicina familiar, reparación de equipos biomédicos y apoyo médico.
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Álvaro Uribe, el primer expresidente colombiano condenado por vínculo paramilitar
Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.
Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.
De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.
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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.
Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.
Líder de la derecha
Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.
Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.
Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.
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“Miedo”
De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.
En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.
De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.
“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.
Fuente: AFP.