En el barrio Villa Industrial de la ciudad de San Lorenzo hallaron a una mujer de nacionalidad uruguaya, sin signos de vida en la cochera de su vivienda. Los vecinos fueron quienes alertaron del hecho a las autoridades policiales.

La fallecida fue identificada como Alba Eulogia Rodriguez de 59 años y nacionalidad uruguaya, quien fue hallada tendida boca arriba en el suelo de su cochera cuando los efectivos policiales ingresaron para inspeccionar el lugar.

Los vecinos manifestaron que llamaron al 911 al percatarse de que las puertas de la vivienda estaban completamente abiertas y que el portón estaba entreabierto, y que la propietaria de la vivienda no respondía ante el llamado de sus vecinos.

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Tras realizarse las primeras notificaciones, el contador de la mujer se contactó con los efectivos de la comisaría 1ra de San Lorenzo, quienes investigan el caso, y les manifestó que el viernes pasado un empleado de confianza de la mujer se habría acercado a su oficina para solicitarle dinero en efectivo que supuestamente era pedido de la ahora fallecida porque se encontraba enferma.

Ante esta nueva información, los investigadores cotejaron imágenes de circuito cerrado y pudieron identificar al trabajador como Victor Fernández de 43 años, quien quedó detenido como principal sospechoso de la muerte de la mujer, ya que habría sido este el último en verlo con vida.

Hasta el momento se aguarda los resultados de la autopsia y de la pericia inicial realizada en el lugar para determinar la causa de la muerte de la mujer y proseguir de esta manera con la investigación de este extraño caso.

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En el marco de la causa por el homicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, el juez José Armando Mendoza confirmó la medida de prisión preventiva para Franco Antonio Acosta Céspedes, dueño de la farmacia de donde el supuesto autor del homicidio habría comprado las píldoras abortivas.

La defensa de Acosta Céspedes había solicitado la libertad ambulatoria, pero el juzgado determinó que no se dan los presupuestos legales. Anteriormente ya habían solicitado también el cambio de calificación de la causa, pero el juez Gustavo Ovelar no dio lugar a la solicitud.

La causa figura como frustración de la persecución penal, atendiendo a que Acosta Céspedes no habría proporcionado toda la información solicitada por las autoridades al inicio de las investigaciones, lo que posteriormente llevó a varios allanamientos y más indagaciones.

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En el marco de las investigaciones, no solo se había corroborado la compra de las pastillas, sino que se encontraron otros medicamentos que también habrían sido comercializados en el mismo lugar. Se cuenta además con imágenes de circuito cerrado que ubican al supuesto autor del crimen en la farmacia en varias ocasiones.

Los encargados de la causa destacaron que este tipo de solicitudes aún no pueden ser aprobadas, ya que el caso se encuentra en pleno análisis de pruebas, remarcando que todas las aristas de este crimen, al igual que las evidencias que surgieron, están siendo analizadas.

La fiscal Alicia Fernández no descarta que la niña asesinada junto con su madre y su abuela en Capiatá haya sido víctima de abuso sexual por parte del presunto feminicida, identificado como Blas Ramón Serafini Báez (23).

Dijo que la investigación es aún incipiente, pero sí se pudo colectar información de que había “discusiones constantes” entre los miembros de la familia y el sospechoso del triple crimen.

Para la agente del Ministerio Público no hay dudas de que sería un agravante para el acusado sus antecedentes penales y haber sido exconvicto.

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“A la vista todavía no existen constancias efectivas, solamente hablamos de posibles. Y en caso de que así sea, sí obviamente es un agravante”, señaló a la 1020 AM. En cuanto a los cuerpos que se encuentran en la morgue judicial para la autopsia pertinente, se busca determinar además si hubo abuso sexual en la menor fallecida.

“No se descarta (abuso sexual), todo lo que podamos a través de la autopsia determinar, es el objetivo principal y primordial”, acotó. La agente fiscal afirmó que los cuerpos presentan muchas heridas, sobre todo en la cabeza, realizadas con distintos elementos: arma blanca y otros objetos contundentes.

“Tiene entre 10 y 18 horas la rigidez cadavérica. O sea que ocurrió entre la noche de ayer (por el sábado) y la madrugada”, expresó. Nada se descarta, respondió la fiscal cuando se le consultó si previo al crimen las mujeres fueron víctimas de abuso sexual. “No puedo anticiparme a nada, antes de que tenga los resultados de la autopsia”, sostuvo.

Aseguró que en el lugar del crimen no se hallaron drogas ni alcohol. “Solamente encontramos algunos medicamentos y que también vamos a analizar exactamente qué es”, puntualizó.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió iniciar de oficio una investigación preliminar sobre la presunta actuación irregular del fiscal Lucrecio Cabrera, quien en su momento de forma llamativa dispuso la libertad de dos ciudadanos chinos que habrían ingresado a nuestro país a través de la frontera con Bolivia, cuando fueron interceptados por agentes policiales de Mariscal Estigarribia.

Los integrantes del órgano juzgador de magistrados solicitó traer a la vista un informe pormenorizado, así como también todos los antecedentes relacionados con la información obtenida sobre la actuación del representante del Ministerio Público.

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El ministro de la Corte y presidente del JEM, César Garay, criticó al fiscal Lucrecio Cabrera, tras su actuación en un polémico caso que involucró a dos ciudadanos chinos que ingresaron de manera ilegal al país.

Según Garay, el fiscal ordenó la liberación de los extranjeros Jinxing Zhuang y de Yan Xiwu, pese a que estos habían sido detenidos por personal policial en la zona del Chaco al no contar con documentación que acreditara su entrada legal al Paraguay. La decisión del fiscal, según el ministro, supone una grave desatención al interés público y a la normativa vigente.

Asimismo, el ministro de la Corte sostuvo que, conforme a lo establecido por la Ley N.º 6814/2021, el Ministerio Público está obligado a iniciar una investigación preliminar y a coordinar con las autoridades policiales la recolección de la documentación correspondiente, algo que no se habría cumplido en este caso.

Garay también mencionó que la Dirección Nacional de Migraciones, dirigida por el abogado Jorge Kronawetter, no fue notificada del hecho, lo que impidió su intervención oportuna. El titular de Migraciones calificó públicamente esta omisión como negligente e irregular. “Se trató de una conducta que bordea la irregularidad, con claras implicancias jurídicas y administrativas”, expresó Garay.

Cabrera podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por la actuación que tuvo en el presente caso.

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