Ocho grupos criminales de México, Venezuela y Centroamérica fueron designados como organizaciones “terroristas globales” por el gobierno de Donald Trump, que los considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y promete eliminarlos. Aquí una sinopsis de estas bandas acusadas de tráfico de drogas y migrantes, además de una amplia gama de delitos.

Surgido en 2010, el CJNG es considerado una de las mayores organizaciones criminales de México. Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, acusado de contrabando de fentanilo y metanfetaminas. Según Insight Crime, sus redes se extienden a varios países de Latinoamérica, Canadá, Australia y el Sudeste Asiático.

Presente en varios estados de México, disputa con el Cártel de Sinaloa el control del tráfico de migrantes en la frontera con Guatemala y ha atentado contra altos cargos como el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en 2020.

Fundado en los años 1980 por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, es la otra gran mafia mexicana, con una reconocida capacidad para infiltrar las altas esferas del Estado. Guzmán y Zambada están presos en Estados Unidos, el primero a perpetuidad. Según Washington, este cártel es el mayor traficante de fentanilo -al que se atribuyen miles de muertes cada año en Estados Unidos-, y también se le vincula con el contrabando de metanfetaminas, heroína y cocaína.

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Los herederos de sus fundadores mantienen una guerra intestina que ha dejado cientos de muertos desde 2024, cuando supuestamente Zambada fue secuestrado por un hijo de “El Chapo”, que lo llevó en un avión privado a Estados Unidos para entregarlo a autoridades de ese país.

Un exministro de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue condenado en 2024 a casi 39 años de prisión por colaborar con el cártel.

Se conformó en 2014 en una cárcel del estado venezolano de Aragua y está ligado a secuestros, robos, venta de drogas, prostitución y extorsión. Más tarde se expandió a la explotación ilegal de oro en un país que cuenta con grandes yacimientos, y a la trata de personas en medio de la ola migratoria. Sus actividades se expandieron a varios países del continente.

En 2023 estaba compuesto por unos 5.000 hombres y su centro de operaciones era la cárcel de Tocorón (Aragua), ocupada ese mismo año por las autoridades. Esa prisión era una especie de hotel con piscina, zoológico, sala de apuestas, banco, campo de béisbol y una discoteca. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro asegura que la banda fue desmantelada, su jefe, Héctor Guerrero, está prófugo.

La MS-13 se formó en Los Ángeles (Estados Unidos) en los años 1980. Sus primeros hombres llegaron deportados a El Salvador tras la guerra civil (1980-1992). Luego se extendieron a Guatemala y Honduras y convirtieron la región en una de las más violentas del mundo. Junto con sus archienemigos de Barrio 18 suman decenas de miles de miembros dedicados a las extorsiones, los asesinatos, el sicariato y el tráfico de drogas.

Dos tercios de sus integrantes han sido encarcelados en El Salvador por las medidas draconianas del gobierno de Nayib Bukele, según Insight Crime, que define esta situación como un “golpe casi mortal” contra ambos grupos. En Estados Unidos, la MS-13 se concentra en la venta de narcóticos y la extorsión de pequeños negocios y bares clandestinos, detalla el centro de pensamiento.

Opera en el estado agroindustrial de Michoacán (oeste de México) y ha ganado notoriedad por el uso de minas antipersonas en el combate que libra con el CJNG en esa región. Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), distribuye metanfetaminas y heroína.

Fundada en 2006 como La Familia Michoacana, este grupo se había debilitado desde 2014 tras el asesinato de su fundador, Nazario Moreno González, según Insight Crime. Sus remanentes se reorganizaron en años recientes como la Nueva Familia Michoacana y operan actualmente en los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero y Estado de México. Estados Unidos asegura que el grupo trafica metanfetaminas e incursiona en el trasiego de fentanilo.

El Cartel del Golfo llegó a ser uno de los grupos criminales más temibles de México, pero en los últimos años perdió influencia y se dividió en múltiples facciones, una de ellas el extinto y sanguinario cártel de Los Zetas. Su líder, Osiel Cárdenas Guillén, fue deportado en diciembre pasado desde Estados Unidos a México, donde está preso por varios delitos. Había sido condenado en 2010 a 25 años de cárcel por la justicia estadounidense. Sus sucesores controlan importantes zonas fronterizas cerca del Golfo de México, beneficiándose del tráfico de migrantes y drogas como cocaína y metanfetamina, según Insight Crime.

Es la organización sucesora de Los Zetas, conformada por antiguos militares de élite. Domina en la fronteriza Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, principal cruce para el comercio terrestre entre México y Estados Unidos.

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El “criptogate” que sacude el universo político argentino comenzó cuando el presidente Javier Milei, un economista ultraliberal que se jacta de haber contenido la endémica inflación argentina, promovió “de buena fe” una criptomoneda que en dos horas colapsó con pérdidas multimillonarias. El viernes de tarde, Milei promovió (o difundió, según su versión) en redes sociales la “memecoin” $LIBRA. “Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina”, escribió.

Lanzada ese mismo día, la criptomoneda alcanzó tras el tuit un valor de casi 5 dólares y se desplomó en un 90 % en dos horas. Milei borró entonces su publicación inicial y dijo que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”. En ese lapso, la moneda “movió más de 4.500 millones de dólares”, dijo Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales.

El monto de lo que perdieron los inversores “es algo subjetivo y difícil de estimar”, dijo a la AFP. Actualmente esa cifra se estima en 250 millones de dólares. Se presentaron decenas de denuncias en contra de Milei y otros involucrados, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y congresistas opositores dijeron que iniciarían un procedimiento de juicio político por “criptoestafa”.

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Diputados de la opositora Unión por la Patria (peronismo) anunciaron que impulsarán un juicio político al presidente, aunque están lejos de contar con los votos necesarios para que prospere. Esta posibilidad, “de 0 a 10, es cero”, dijo el analista político Carlos Germano a la AFP.

Otros impulsan la creación de una comisión investigadora, una iniciativa más viable, y hay una tercera propuesta promovida por la izquierda para interpelar al presidente. Esto lo expondría a las preguntas del Congreso, que Milei definió en el pasado como un “nido de ratas”.

El PRO, partido aliado de Milei que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), calificó el caso como “muy grave” y evaluó que “impactó en la credibilidad del país”. Sin embargo, declinó apoyar la iniciativa del juicio político “en esta instancia”. “Claramente el presidente ha quedado en el medio de una estafa para mucha gente y eso amerita una investigación muy seria”, dijo Macri. En medio de la polémica, la bolsa argentina (MERVAL) se derrumbó el lunes un 5,58%.

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Para llevar a cabo un juicio político al presidente se requieren mayorías especiales de dos tercios en ambas cámaras. El abogado Adolfo Suárez Erdaire, que se especializa en estafas digitales e investiga este caso, dijo a la AFP que, aun si un juicio político lo hallara culpable, “la única pena que va a tener el presidente en el ámbito político sería la destitución y la inhabilidad para volver a ocupar cargos públicos”.

Pero tras el fin de su mandato podría enfrentar en la justicia ordinaria cargos con penas de hasta seis años de prisión, además de procesos civiles de reparación para los afectados. “Tiene un riesgo legal latente, porque las causas judiciales siempre quedan”, explicó.

Además de Milei, protagonizan el caso el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de la empresa Kelsier Ventures y uno de los creadores de $LIBRA; el singapurense Julian Peh, quien creó la web “vivalalibertadproject.com” desde la cual se lanzó la moneda; y el argentino Mauricio Novelli, fundador del foro tecnológico donde se reunieron con el presidente en octubre en Buenos Aires.

El propio Milei informó en X que había mantenido un encuentro “muy interesante” con Davis el 30 de enero en la Casa Rosada. “Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”, escribió. Novelli es además cofundador de N&W Professional Traders, una empresa que brinda cursos de formación financiera en la que Milei dictó clases antes de lanzarse a la carrera política. “Lo conozco hace años”, dijo el presidente.

El lunes por la noche, el canal TN publicó una entrevista con el mandatario ultraliberal grabada en la misma tarde. “Yo no lo promocioné, yo lo difundí”, dijo Milei, quien aseguró que al darle publicidad a $LIBRA había obrado “de buena fe”.

“Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo”, planteó el presidente, al asegurar que las personas que invierten en criptoactivos “sabían muy bien lo que era el riesgo de lo que estaban tratando”, como aquel que va “a un casino”.

“Un casino en el que las máquinas están tocadas por el dueño”, ironizó Smaldone sobre la metáfora. Un clip editado de la entrevista se viralizó en redes y generó más controversia porque el presidente y el periodista comentan en tono irónico que las preguntas están preparadas de antemano. Poco después, a pedido del equipo de Milei, el periodista cambia una pregunta tras conceder que puede traerle un “quilombo (lío) judicial”.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

La justicia argentina ordenó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández para que responda en un juicio oral por “lesiones graves” y “amenazas coactivas” en contexto de violencia de género contra quien era su pareja cuando ejercía la presidencia (2019-23). El exmandatario, de 65 años, ha rechazado todos los cargos durante la etapa de instrucción al calificar la acusación como “una estafa procesal sin precedentes”, según prologó el escrito de 200 páginas que presentó a la justicia para pedir su sobreseimiento, el cual fue denegado.

“Jamás ejercí violencia física, psicológica o económica” contra Fabiola Yáñez, sostuvo Fernández en ese escrito, en el que también denunció que tanto el fiscal como el juez limitaron su derecho de defensa. El 6 de agosto pasado la ex primera dama, una periodista de 43 años que reside en Madrid, había denunciado por violencia física y psicológica al expresidente, con quien tiene un hijo de dos años. Fernández aún “puede apelar el procesamiento”, aclaró a la AFP Mariana Gallego, abogada defensora de Yáñez. “Una vez firme (la causa) se eleva a juicio oral”, explicó la abogada.

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En su fallo, el juez Julián Ercolini lo consideró “prima facie autor (presunto) penalmente responsable de los delitos de lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas”.

También le impuso un embargo sobre sus bienes de 10 millones de pesos (unos 8.400 dólares) y debe informar cualquier viaje que implique ausentarse por más de 72 horas de su domicilio en Buenos Aires. Previamente la fiscalía había recabado pruebas del teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, con fotografías que le había enviado Yáñez, en las que la exprimera dama aparecía con hematomas en su rostro y cuerpo.

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Ercolini se refirió en su escrito a dos lesiones específicas que se corresponden con dos fotos filtradas a la prensa, que muestran a Yáñez con un ojo y un brazo morado. Además, el magistrado señaló que Fernández se habría aprovechado de la “particular relación asimétrica de poder” que tenía con su pareja al menos desde 2016 hasta el momento en que Yáñez realizara la denuncia.

Ercolini es el mismo juez que tramita otra denuncia contra el expresidente por una supuesta defraudación en la contratación de seguros durante su mandato, caso que aún no fue elevado a juicio. En esta causa el exmandatario recusó al magistrado por supuesta parcialidad, petición que aún está pendiente de resolución.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El presidente Javier Milei negó haber promocionado la criptomoneda $LIBRA, cuyo auge y derrumbe causa un escándalo político en Argentina y es objeto de numerosas denuncias por estafa, y aseguró haber actuado “de buena fe” cuando difundió el viernes pasado información sobre ella.

Milei está en el ojo de la tormenta desde que anunció el viernes en la red X un proyecto para financiar empresas locales, incluido un enlace al contrato digital para comprar una criptomoneda creada ese mismo día. Poco después, eliminó el mensaje desligándose de la iniciativa. Pero en ese lapso, la moneda creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de 4,978 dólares; los tenedores originales vendieron con ganancia de millones y el activo se derrumbó.

“Yo no lo promocioné; lo difundí”, dijo Milei al canal TN, refiriéndose a la publicación que borró poco después y por la que la oposición lo acusa, entre otras cosas, de haber tenido información privilegiada. Esto “es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol”, añadió.

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“Alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear (financiar) proyectos; a mí me parece interesante. Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo”, añadió, definiéndose como un “tecnooptimista fanático” y comparando la situación con la inauguración de una fábrica: “¿Vos sos responsable después de la operatoria de la planta?”.

Un juzgado federal fue designado este lunes para centralizar las denuncias que piden determinar si Milei incurrió en asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario, entre otros delitos.

“Denunciamos que Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”, sostuvo en un comunicado la organización social Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuyos abogados encabezan una de las acciones judiciales.

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Milei afirmó que entre los inversores había “muchísimos bots” y que seguramente solo 5.000 personas habían participado. Un estudio de abogados informó asimismo este lunes que presentó una denuncia ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Nos enfrentamos a una trama de fraude masivo cometida no solo contra nuestros clientes, sino contra miles de personas de diferentes jurisdicciones”, entre ellas muchos estadounidenses, señala la denuncia que involucra a Milei y a otros cuatro individuos, entre ellos Hayden Davis, uno de los creadores de $LIBRA.

En tanto, legisladores opositores anunciaron que promoverán un juicio político, una comisión investigadora y la interpelación del presidente. En medio del escándalo, la Bolsa argentina se derrumbó casi 6%. El lunes fue feriado en Estados Unidos y no operan los mercados de Nueva York.

El analista político Carlos Germano dijo a la AFP que la credibilidad del presidente hasta el viernes “era intachable”, pero que con este episodio ahora hay “una brecha que se abrió”. “Había un nivel de transparencia que la sociedad veía y hoy eso lo puso en duda”, porque “este hecho generó una gran incerteza, una gran duda que va a repercutir en el Parlamento”. Germano no cree que el juicio político prospere. “Eso hoy en la Argentina es inviable” debido a que no reunirá los votos necesarios, afirmó.

Añadió que “la sociedad en general sigue hoy apoyando al presidente, fundamentalmente en un tema central que fue la lucha contra la inflación”, que en 2024 fue de 117,8%, casi la mitad que el año anterior. En medio de la polémica, Milei replicó en X este lunes una publicación que fue interpretada como un instructivo para comprar la criptomoneda. Poco después, $LIBRA aumentó su valor en más del 120% y luego volvió a caer.

Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales, dijo a la AFP que toda la operación del viernes duró “dos horas más o menos” y que “se llevaron unos 107 millones de dólares”.

La principal denuncia radicada en Argentina incluye, entre otros, a Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network y KIP Protocol -empresas que participaron en la creación de $LIBRA-, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que reposteó el mensaje de Milei el viernes en X.

La acción judicial acusa a Milei y a miembros de su partido de legitimar el token generando que suba el precio y facilitando la obtención de una “ganancia exorbitante” a unos pocos. También solicita allanar la residencia presidencial, la incautación de dispositivos y analizar su cuenta en X, incluyendo “los registros de sus tuits borrados” y la trazabilidad de las transacciones. También hubo cien denuncias digitales.