En el barrio Villa Industrial de la ciudad de San Lorenzo hallaron a una mujer de nacionalidad uruguaya, sin signos de vida en la cochera de su vivienda. Los vecinos fueron quienes alertaron del hecho a las autoridades policiales.

La fallecida fue identificada como Alba Eulogia Rodriguez de 59 años y nacionalidad uruguaya, quien fue hallada tendida boca arriba en el suelo de su cochera cuando los efectivos policiales ingresaron para inspeccionar el lugar.

Los vecinos manifestaron que llamaron al 911 al percatarse de que las puertas de la vivienda estaban completamente abiertas y que el portón estaba entreabierto, y que la propietaria de la vivienda no respondía ante el llamado de sus vecinos.

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Tras realizarse las primeras notificaciones, el contador de la mujer se contactó con los efectivos de la comisaría 1ra de San Lorenzo, quienes investigan el caso, y les manifestó que el viernes pasado un empleado de confianza de la mujer se habría acercado a su oficina para solicitarle dinero en efectivo que supuestamente era pedido de la ahora fallecida porque se encontraba enferma.

Ante esta nueva información, los investigadores cotejaron imágenes de circuito cerrado y pudieron identificar al trabajador como Victor Fernández de 43 años, quien quedó detenido como principal sospechoso de la muerte de la mujer, ya que habría sido este el último en verlo con vida.

Hasta el momento se aguarda los resultados de la autopsia y de la pericia inicial realizada en el lugar para determinar la causa de la muerte de la mujer y proseguir de esta manera con la investigación de este extraño caso.

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En el marco de la causa por el homicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, el juez José Armando Mendoza confirmó la medida de prisión preventiva para Franco Antonio Acosta Céspedes, dueño de la farmacia de donde el supuesto autor del homicidio habría comprado las píldoras abortivas.

La defensa de Acosta Céspedes había solicitado la libertad ambulatoria, pero el juzgado determinó que no se dan los presupuestos legales. Anteriormente ya habían solicitado también el cambio de calificación de la causa, pero el juez Gustavo Ovelar no dio lugar a la solicitud.

La causa figura como frustración de la persecución penal, atendiendo a que Acosta Céspedes no habría proporcionado toda la información solicitada por las autoridades al inicio de las investigaciones, lo que posteriormente llevó a varios allanamientos y más indagaciones.

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En el marco de las investigaciones, no solo se había corroborado la compra de las pastillas, sino que se encontraron otros medicamentos que también habrían sido comercializados en el mismo lugar. Se cuenta además con imágenes de circuito cerrado que ubican al supuesto autor del crimen en la farmacia en varias ocasiones.

Los encargados de la causa destacaron que este tipo de solicitudes aún no pueden ser aprobadas, ya que el caso se encuentra en pleno análisis de pruebas, remarcando que todas las aristas de este crimen, al igual que las evidencias que surgieron, están siendo analizadas.

La fiscal Alicia Fernández no descarta que la niña asesinada junto con su madre y su abuela en Capiatá haya sido víctima de abuso sexual por parte del presunto feminicida, identificado como Blas Ramón Serafini Báez (23).

Dijo que la investigación es aún incipiente, pero sí se pudo colectar información de que había “discusiones constantes” entre los miembros de la familia y el sospechoso del triple crimen.

Para la agente del Ministerio Público no hay dudas de que sería un agravante para el acusado sus antecedentes penales y haber sido exconvicto.

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“A la vista todavía no existen constancias efectivas, solamente hablamos de posibles. Y en caso de que así sea, sí obviamente es un agravante”, señaló a la 1020 AM. En cuanto a los cuerpos que se encuentran en la morgue judicial para la autopsia pertinente, se busca determinar además si hubo abuso sexual en la menor fallecida.

“No se descarta (abuso sexual), todo lo que podamos a través de la autopsia determinar, es el objetivo principal y primordial”, acotó. La agente fiscal afirmó que los cuerpos presentan muchas heridas, sobre todo en la cabeza, realizadas con distintos elementos: arma blanca y otros objetos contundentes.

“Tiene entre 10 y 18 horas la rigidez cadavérica. O sea que ocurrió entre la noche de ayer (por el sábado) y la madrugada”, expresó. Nada se descarta, respondió la fiscal cuando se le consultó si previo al crimen las mujeres fueron víctimas de abuso sexual. “No puedo anticiparme a nada, antes de que tenga los resultados de la autopsia”, sostuvo.

Aseguró que en el lugar del crimen no se hallaron drogas ni alcohol. “Solamente encontramos algunos medicamentos y que también vamos a analizar exactamente qué es”, puntualizó.

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El aparente suicidio del ministro ruso de Transportes, anunciado poco después de ser cesado el lunes por Vladimir Putin entre acusaciones de corrupción, conmocionó profundamente a la élite política. Cientos de personas, entre ellos ministros y altos cargos de la administración, visitaron el jueves la capilla ardiente de Roman Starovoit instalada en el hospital presidencial de Moscú.

El político de 53 años fue hallado muerto el lunes en su coche horas después de haber sido cesado por el presidente ruso. Los investigadores aseguran que se disparó. Aunque las circunstancias de su deceso todavía no están claras, los medios rusos señalan que Starovoit era objeto de una investigación por corrupción y que pronto iba a ser detenido.

“Es una gran pérdida para nosotros, muy inesperada. Estamos todos impactados”, dijo a AFP Vasilisa, una mujer de 42 años, esposa de un compañero del fallecido. “Era tan activo, alegre, amaba tanto la vida. No entiendo cómo ha podido pasar esto”, agrega esta mujer con lágrimas en los ojos.

El ambiente era pesado en el velorio. Sus antiguos compañeros dejaban grandes ramos de rosas rojas junto al féretro abierto y marchaban rápidamente en sus lujosos vehículos. Muchos asistentes rechazaron hablar con AFP. Vladimir Putin no participó en la ceremonia.

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Roman Starovoit fue gobernador de la región de Kursk, en la frontera de Ucrania, antes de ser ascendido a ministro en mayo de 2024. Tres meses después, las tropas ucranianas tomaron una parte de esa región en una ofensiva sorpresa que supuso un revés para el Kremlin, que no retomó completamente el territorio hasta nueve meses después.

El sucesor de Starovoit al frente de esa región, Alexéi Smirnov, fue arrestado recientemente por el desvío de fondos destinados a reforzar el dispositivo defensivo en la frontera.

Las autoridades “intentaron hacer de él [Starovoit] un chivo expiatorio”, asegura a AFP Andréi Pertsev, analista del medio independiente Meduza, prohibido en Rusia y catalogado como organización “indeseable”.

La incursión ucraniana “se produjo principalmente porque no había suficientes soldados para proteger la frontera”, pero era “más fácil culpar a un responsable civil”, explica.

El caso se inscribe en una reciente campaña contra altos cargos sospechosos de haberse enriquecido ilegalmente durante la ofensiva rusa en Ucrania.

Los escándalos de corrupción han existido siempre en Rusia, pero la campaña militar sobre el país vecino ha cambiado las reglas del juego político, aseguran distintos analistas. “Existían reglas antes por las que la gente sabía que, si llegaba lo suficientemente alto, ya no se la molestaba”, estima Pertsev. “Pero estas reglas ya no funcionan”, agrega.

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Aunque Putin prometía regularmente luchar contra la corrupción, los contados arrestos mediatizados se usaban para atacar a oponentes o eran resultado de las luchas internas dentro de la clase dirigente rusa. Pero desde la ofensiva lanzada contra Ucrania en febrero de 2022, “algunas cosas en el sistema empezaron a funcionar de manera completamente diferente”, señala la politóloga Tatiana Stanovaya, del Centro Carnegie Rusia Eurasia, prohibido también en Rusia como organización “indeseable”.

“Toda acción o inacción que, a ojos de las autoridades, amplíe la vulnerabilidad del Estado frente a acciones hostiles del enemigo debe ser castigada sin piedad y sin compromiso”, estima Stanovaya. Para el Kremlin, la campaña en Ucrania es una “guerra santa” que ha rescrito las reglas, dice en la misma línea Nina Jrushchova, profesora en la universidad neoyorquina The New School y bisnieta del exdirigente soviético Nikita Jrushchov.

“Durante una guerra santa, no se roba (...) Uno se aprieta el cinturón y trabaja 24 horas al día”, resume. En una muestra de estos nuevos tiempos, varios generales y responsables del Ministerio de Defensa fueron arrestados en escándalos de malversación en los últimos años. A principios de julio, el ex viceministro de Defensa, Timur Ivanov, fue condenado a 13 años de cárcel.

Este ambiente, asegura Stanovaya, ha provocado un “sentimiento de desesperanza” en la élite política en Moscú que difícilmente se disipará. “En el futuro, el sistema estará preparado para sacrificar a figuras cada vez más prominentes”, advierte.

Fuente: AFP.