Dos días después del fallecimiento de Francisco Luis Correa Galeano, el sicario que contrató a los criminales que mataron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022; otra muerte sacudió la cárcel conocida como La Picota en Bogotá (Colombia). Ayer domingo apareció sin vida en su celda un feminicida cuyo caso generó el año pasado una gran indignación y reavivó el debate sobre la violencia de género.
Este 5 de enero se reportó la muerte de Iván José de la Rosa en la misma cárcel, donde permanecía recluido hace 7 meses por el asesinato de su expareja y madre de sus hijos, Stefanny Barranco, a la que apuñaló varias veces en mayo de 2024 en un centro comercial de la capital colombiana. El cuerpo fue encontrado a las 15:40 en el pabellón 27 con signos de asfixia, y se maneja la hipótesis de que se quitó la vida.
Correa Galeano murió apuñalado por la madrugada del viernes 3 de enero, aparentemente durante una riña al interior de la celda 25, que no era la suya, del pabellón 32. la Procuraduría de Colombia pidió un informe al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y el expresidente Andrés Pastrana reclamó explicaciones al actual mandatario Gustavo Petro por descuidar la seguridad de este testigo.
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Ambas muertes en la primera semana del 2025 vuelven a poner en cuestionamiento la seguridad de uno de los centros penitenciarios más grandes de Colombia, que alberga a unos 7.200 internos en pabellones de mediana y alta seguridad, así como en celdas para extraditables y funcionarios de alto perfil.
La cárcel, al mando del mayor Jaider Ospina Castillo desde setiembre pasado, había reportado 154 muertes y 51 fugas del 1 de marzo del 2020 al 28 de mayo del 2021; en marzo de 2022 se había fugado Juan Larinson Castro Estupiñán, alias “Matamba”, uno de los narcos más peligrosos del sur del país, con ayuda de miembros de la Policía y el Inpec.
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Mientras que, el 11 de diciembre de 2024, fueron capturadas 15 personas, siete funcionarios del Inpec y ocho familiares, en el desarrollo de la operación Rancho Picota, ante hechos de corrupción al interior de la cárcel, como las extorsiones telefónicas.
La prisión, cuyo nombre oficial es Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá, se habilitó en 1946 tras una década de construcción en los predios de la antigua hacienda “La Picota”. La Procuraduría emitió un documento de 90 páginas en el 2022, en que aseguró que la cárcel tiene “deficientes condiciones de seguridad”.