- Fuente: Javier Tovar - Agencia AFP
A tres días de la investidura del presidente Nicolás Maduro, “hombres encapuchados” se llevaron el martes en Caracas al yerno de Edmundo González Urrutia, denunció el opositor desde Washington, donde se encuentra en una gira para recabar apoyos a su reclamo por el poder en Venezuela.
González Urrutia denuncia como un fraude la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años y reivindica una victoria en los comicios del 28 de julio.
Maduro tiene previsto juramentarse este viernes ante el Parlamento, controlado por el chavismo. La oposición llamó para el jueves a protestas en todo el país, que la líder en la clandestinidad María Corina Machado prometió encabezar.
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“Fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares”, escribió González Urrutia en la red social X. “Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases, lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta” y “se encuentra desaparecido”, relató.
Una de sus hijas y su familia se quedaron en Venezuela cuando él decidió pedir asilo en España, donde vive su otra hija. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre la detención.
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El “fraude horroroso” del que habla Maduro fue en Venezuela
- Por Juan Carlos Dos Santos G.
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
La denuncia de fraude electoral realizada por Luisa González tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones generales en Ecuador el pasado 13 de abril rápidamente encontró eco entre sus aliados ideológicos, como los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Claudia Sheinbaum, de México y, por supuesto, el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro.
Es evidente el respaldo del sector progresista a la “delfina” del expresidente Rafael Correa, condenado en ausencia a ocho años de prisión por la Justicia ecuatoriana.
Que alguien como Nicolás Maduro haya calificado de “fraude horroroso” los comicios en Ecuador resulta totalmente sorprendente, considerando lo ocurrido en las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, donde organismos internacionales fueron impedidos de participar como observadores, por decisión del régimen chavista.
Solo enviados del Centro Carter lograron ingresar al país con el objetivo de supervisar al menos parcialmente el proceso. Primó la expectativa de Maduro de encontrar afinidad ideológica en esa institución estadounidense, considerada cercana al progresismo. Sin embargo, fue el propio Centro Carter quien confirmó lo que muchos ya intuían: el verdadero vencedor de los comicios venezolanos fue Edmundo González, con una abrumadora mayoría de votos, constatada en gran parte del territorio nacional.
Pero Maduro no estaba dispuesto a ceder el poder ni a respetar las reglas del juego democrático, el mismo que en su momento permitió a Hugo Chávez llegar al Gobierno, para luego adaptar las normas a su medida con el fin de perpetuarse. Esa lógica continúa vigente bajo Maduro.
El único organismo internacional que pudo certificar objetivamente las elecciones venezolanas fue categórico: Maduro fue derrotado.
En Ecuador, el 13 de abril, Daniel Noboa se impuso en segunda vuelta con el 55,83 % de los votos válidos, frente al 44,17 % obtenidos por la progresista Luisa González.
Curiosamente, ambos apellidados González vivieron realidades muy distintas: uno fue elegido legítimamente por su pueblo, pero le fue negado el derecho a gobernar por una dictadura; la otra simplemente perdió en las urnas.
En el caso ecuatoriano, tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos (OEA), junto a diversos observadores internacionales, avalaron la transparencia del proceso electoral que dio el triunfo a Noboa.
Que Nicolás Maduro tache de “fraude horroroso” unas elecciones limpias y verificadas en Ecuador forma parte de la estrategia de la izquierda internacional: acusar a sus oponentes de los vicios que ellos mismos practican.
Este patrón se repite a nivel global en escenarios de fuerte polarización ideológica. El modus operandi es siempre el mismo: proyectar sus propias faltas en sus adversarios. Lo vemos en Europa y, de forma aún más evidente, en el conflicto de Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y ahora, este discurso se afianza en América Latina, donde varios líderes progresistas no solo son populistas, sino que además llegan al poder con escasa preparación, con la excepción –vale reconocerlo– de la presidenta de México.
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Paran deportación de venezolanos
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió ayer sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña, decretada en virtud de una ley del siglo XVIII.
El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, invocó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Hasta ahora, la ley se había usado solamente durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses, así como en las dos guerras mundiales del siglo XX.
“Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta nueva orden de esta corte”, decretó el máximo tribunal. La decisión responde a la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos para frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas (sur).
En el recurso presentado el viernes por la noche, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentó que se había comunicado al grupo de venezolanos retenidos en Texas que “iban a ser expulsados inminentemente” en virtud de esa ley.
“Estos hombres estaban en peligro inminente de pasar sus vidas en una horrorosa prisión extranjera sin haber tenido nunca la oportunidad de ir a un tribunal”, afirmó el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.
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Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht
- Fuente: AFP
La justicia peruana condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.
Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura de su sentencia. Es el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.
Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
El fallo puso fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).
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Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Dictan prisión para su esposa
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.
La fiscalía los acusó de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.
En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.
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Gamarra cuestiona discurso opositor: “Cuando ocurre algo que no les gusta, dicen que es dictadura”
El diputado Rodrigo Gamarra emitió su opinión respecto al discurso que sostienen varios referentes del sector opositor, quienes constantemente buscan instalar la versión de que en Paraguay rige la “dictadura”, sin embargo, este afirmación solo es sostenida cuando algo no les gusta o no les favorece, pero guardan silencio cuando ellos son los protagonistas de los atropellos.
“Ya no sé a qué le llaman dictadura y a qué democracia, cada vez que que ocurre una situación que a ellos no les gusta o no les favorece, ya sea desde una elección democrática a través de las urnas, una elección de los pares en ambas Cámaras para ocupar cargos legislativos y extrapoder, para ellos es dictadura y copamiento, ahora si ellos son elegidos, es democracia”, señaló.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el parlamentario colorado se refirió a los hechos que tuvieron lugar días atrás, donde varios integrantes del sector opositor lideraron una violenta movilización que derivó en una posterior denuncia por parte de la Policía Nacional por perturbación a la paz pública.
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“Lo que ocurrió en el Palacio de Justicia es un caso sin precedentes, la Policía Nacional, que tiene la atribución constitucional de reprimir en casos de atropellos a las instituciones públicas, de disturbios, tal y como ocurre en los estadios de fútbol cuando las personas desubicadas ponen en peligro la vida de la gente. Este no era un caso distinto”, aseveró.
Medios de prensa, videos y fotos que se publicaron en redes fueron testigos de que legisladores opositores, protagonizaron un “atropello”, según indicó Gamarra, a las fuerzas del orden. Para el diputado es claro que los mismos violentaron a los agentes de la Policía, en modo de provocación y tratando de generar una reacción de los mismos.
“Hay una foto en la que el senador Rafael Filizzola le está escupiendo prácticamente a un policía, gritando de manera violenta, empujándole para que el policía reaccione, pero los policías dieron un ejemplo de civismo yendo a presentar una denuncia, por eso me parece digno de felicitar, porque incluso les da la oportunidad a que esa gente se defienda y diga por qué se fueron a atropellar ese lugar”, indicó.
Opositores sin autocrítica
A esto añadió, “pero eso no les vuelve a gustar y dicen que es dictadura, acaso los policías no tienen derecho civiles y no pueden denunciar si son agredidos”. El diputado cuestionó que los opositores hablen de dictadura cuando a menudo sus actuaciones recaen en atropellos a instituciones y autoridades , pero no haya autocrítica para reconocer esos hechos que representan un atropello a la democracia.
“En dictadura no hubiesen podido movilizarse, no hubiesen podido lanzar acusaciones temerarias contra el presidente, hacia miembros del Congreso y otras autoridades, ellos violentan derechos de terceros, pero alegan que hay dictadura, es ilógico e irracional lo que plantean. Paraguay goza de extremas libertades, incluso es reconocido por colegas diputados y senadores de otros países, la libertad que gozamos es plena y no existe ningún indicio de dictadura en ningún aspecto”, concluyó.