La fiscalía de Brasil afirmó que “no hay duda” de la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio el martes de un juicio, ocho años después de este crimen que conmocionó al país.

Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Rio, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad de la que era concejala.

Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.

La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Rio, de haber ordenado este homicidio.

Con las pruebas presentadas “no hay duda” de la “autoría delictiva” de los hermanos en los homicidios, dijo a los jueces de la corte suprema en Brasilia el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.

Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Rio.

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Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.

“Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao”, apuntó el vicefiscal.

Cuatro magistrados votarán por la condena o absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal, con la presencia de legisladores y periodistas, constató la AFP.

Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio, al igual que otros miembros de su familia.

Hay que “investigar y castigar”, dijo a periodistas Anielle Franco, antes de entrar en la sala. Debe dejar de ser “admisible que una concejala sea asesinada”, agregó.

Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.

Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.

“Personas que se consideraban intocables están hoy en el banco de los acusados”, observó Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil. El país, dijo, “tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad”.

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La corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Rio.

Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.

En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.

Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.

Durante el juicio, Lessa dijo haberse “vuelto loco” con la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.

Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.

El juez Alexandre De Moraes será el primero en votar en este juicio, para el que aún está prevista una eventual última sesión el miércoles.

Este magistrado, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.

• Fuente: AFP

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Al menos 20 personas murieron, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares por fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, informaron este martes los bomberos. Se registraron hasta ahora 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 4 en el de Ubá, según el último balance oficial.

Las intemperies provocaron que se desbordara un río, inundaciones, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra. El cuerpo de bomberos de Minas Gerais también busca a “decenas” de desaparecidos, confirmó un portavoz de los bomberos a la AFP.

La alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomao, decretó el estado de calamidad pública ante la “gravísima situación” por las precipitaciones “intensas y persistentes”. Según Salomao, este ha sido el febrero más lluvioso de la historia de este municipio de unos 540.000 habitantes, con 584 milímetros de agua acumulados: el doble de lo que se esperaba para todo el mes.

El temporal comenzó en la tarde del lunes, en una región de valles cercana al límite con el estado de Rio de Janeiro. “Los barrios están aislados” y la situación es “extrema”, dijo Salomao en un mensaje en video, y detalló que se registraron al menos 20 deslizamientos de tierra. “La Defensa Civil estima además en 440 personas” el número de vecinos que debieron dejar sus hogares y reciben “apoyo de la alcaldía para su acogida y alojamiento provisorios”, agregó la alcaldía en X.

Los bomberos fueron convocados para atender “incidentes de inundaciones, deslizamientos de tierra y riesgo estructural en márgenes y áreas próximas al río” Paraibuna que desbordó, indicó por su parte el teniente Henrique Barcellos, portavoz de los bomberos de Minas Gerais.

“Las acciones se concentran en la localización de víctimas y el retiro de habitantes de áreas de riesgo”, agregó en un video. En redes sociales circulan imágenes de rescatistas trabajando con excavadoras en zonas sepultadas por la tierra, con viviendas completamente destruidas. Algunos vecinos registraron edificaciones derrumbándose en pocos segundos, debido al daño estructural que sufrieron.

En las imágenes también puede verse calles y avenidas anegadas, con el agua circulando con fuerza a gran altura, mientras bomberos trabajan con equipos especiales para evacuar a personas a punto de ahogarse. Las autoridades suspendieron las clases en todas las escuelas municipales. Brasil ha sufrido diferentes tragedias en los últimos años vinculadas a eventos climáticos extremos, desde inundaciones hasta sequías e intensas olas de calor.

En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y dos millones de habitantes afectados, en una de las peores catástrofes naturales de la historia del país. En 2022, otro fuerte temporal dejó 241 muertos en la ciudad de Petrópolis, en Rio de Janeiro. Expertos vincularon la mayoría de estos eventos a los efectos del cambio climático. Juiz de Fora es el municipio donde el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro recibió una puñalada durante un acto electoral en 2018, que le acarrea problemas de salud hasta hoy.

Fuente: AFP.

El gobierno de Brasil anunció este lunes la revocación de un decreto que preveía la expansión de puertos en ríos amazónicos para el transporte de granos, tras semanas de protestas indígenas, incluida la ocupación de una terminal de Cargill.

La derogación del decreto era una exigencia de manifestantes que acampaban desde hace más de un mes frente a la entrada de la terminal de este gigante agroindustrial estadounidense en la ciudad de Santarém, en el estado de Pará (norte).

Las protestas continuaron a pesar de que hace dos semanas el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un afluente del Amazonas.

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“Hoy se firmó la decisión para revocar el decreto”, dijo el ministro de la secretaría general, Guilherme Boulos, en rueda de prensa en Brasilia tras reunirse con representantes indígenas.

“Este gobierno lleva la escucha incluso al punto de retroceder en una decisión propia por comprender la posición de esos pueblos”, agregó.

Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, a los que consideran vitales para su modo de vida.

• Fuente: AFP

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El Gobierno de Brasil trabaja en la promulgación de un decreto que regule las salvaguardas previstas en los acuerdos comerciales firmados por el país para proteger la producción nacional, según avanzó el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, durante la inauguración de la 35ª Fiesta Nacional de la Uva y Feria Agroindustrial.

La medida, que abarcará los acuerdos comerciales actuales y los futuros firmados por el país, busca brindar una mayor transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica a los procedimientos de aplicación de las salvaguardas bilaterales. De esta manera, el Ejecutivo tendrá herramientas para suspender la vigencia del acuerdo para un producto específico y proteger así la producción brasileña en caso de un aumento repentino de las importaciones que cause “graves perjuicios” a los sectores.

Algunas de las maneras en las que se pueden implementar estas salvaguardas son a través del establecimiento de cuotas, la suspensión temporal de la reducción de impuestos a la importación o el restablecimiento del nivel tarifario anterior al acuerdo.

“El presidente Lula regulará la salvaguardia por decreto. Así, se puede abordar ese problema adoptando una medida de restricción comercial para ese artículo. Si hay un aumento significativo de las importaciones, la salvaguardia se puede activar de inmediato”, afirmó Alckmin.

El bloque comercial del Mercosur, al que pertenece Brasil junto a Argentina, Paraguay y Uruguay, ha firmado acuerdos recientemente con Singapur en 2023, con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) en 2025 y con la Unión Europea en enero de 2026. Con estos acuerdos, el flujo comercial brasileño beneficiado por preferencias comerciales se ha duplicado al pasar del 12 % al actual 31,2 %.

Fuente: Europa Press.