Enero es habitualmente un mes en el que el tipo de cambio tiene presión al alza, debido al mínimo ingreso de divi­sas y una salida importante de moneda por vacaciones y otros viajes, explicó el presi­dente del Centro de Impor­tadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, a La Nación/Nación Media.

Sobre el panorama actual, el presidente del CIP dijo que aún no hay certeza de cuál será la tendencia, porque si bien se esperaba que con la asunción de Donald Trump en Estados Unidos el tipo de cambio se fortalecería, no ocurrió. Sin embargo, dijo que en quince días todo podría cambiar, según las medidas que decida aplicar el manda­tario norteamericano.

“Se esperaba una mayor pre­sión sobre el tipo de cambio desde la asunción del presi­dente Trump. Eso no está que­dando aún muy claro. Algunas de las medidas implicarían tal vez un fortalecimiento del dólar y, sin embargo, otras podrían implicar un debili­tamiento. Así que es proba­ble que en los próximos 15 días esa tendencia a nivel interna­cional se vaya clarificando un poco más y eso también impacte en las monedas regio­nales”, precisó Dumot a LN.

Respecto a los factores loca­les, mencionó que febrero es un mes clave por la venta de soja y que podría marcar la tendencia para todo el año. Esto teniendo en cuenta el problema que persiste en el sector primario por la sequía y una producción tardía. “Eso puede mermar la can­tidad de dólares exportados si la producción se ve resen­tida; entonces, eso jugaría en contra de la devaluación del guaraní. Creo que es un poco temprano para planificar con claridad”, dijo.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos evalúa enviar a la prisión militar de Guantánamo, en Cuba, a migrantes en situación irregular como parte de su ofensiva contra la inmigración ilegal. Aunque es conocida principalmente por albergar a acusados de crímenes relacionados con el terrorismo, Trump ordenó la preparación en esa base militar de una “instalación migratoria” para 30.000 personas que se usará para “detener a los peores criminales ilegales extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense”.

La prisión militar de Guantánamo se inauguró en enero de 2002 en una base naval estadounidense ubicada sobre la costa del sureste de Cuba, un territorio que La Habana arrendó en virtud de un tratado que data de 1903.

El centro de detención fue habilitado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, durante el mandato del presidente George W. Bush con el fin de recibir a prisioneros denominados como “combatientes enemigos”, a quienes se les negaban muchos de los derechos que un detenido tiene en suelo estadounidense. Los mandatarios demócratas Barack Obama y Joe Biden intentaron cerrar la instalación, pero enfrentaron la oposición del Congreso, por lo que sigue abierta.

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El diario The New York Times informó en septiembre de 2024 que la base militar de Guantánamo también había sido utilizada por décadas por Estados Unidos para detener a migrantes interceptados en el mar, pero en un área separada de la usada para albergar a los acusados de terrorismo.

Un número relativamente pequeño de inmigrantes ha sido enviado a esas instalaciones. Según el periódico, solo 37 fueron retenidos allí de 2020 a 2023, pero esta cifra puede subir drásticamente tras el anuncio de Trump. En su segundo mandato, el magnate republicano ha puesto en marcha lo que considera una ofensiva contra la migración ilegal, con redadas, arrestos y deportaciones en aviones militares.

De las casi 800 personas detenidas como sospechosas de militancia o de crímenes relacionados con el terrorismo que han estado en Guantánamo desde 2002, solo quedan 15 reclusos, tras la liberación de algunos presos hacia el fin de la administración Biden.

Tres de los 15 reúnen las condiciones para ser transferidos, otros tres pueden tener una revisión de sus casos con miras a una posible liberación, siete enfrentan cargos y dos más han sido condenados y sentenciados, informó a inicios de este mes el Departamento de Defensa, al anunciar la puesta en libertad de 11 yemeníes presos en Guantánamo.

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Guantánamo es la prisión de varios de los acusados de conspirar para ejecutar los ataques del 9/11, entre ellos el autoproclamado cerebro de los atentados, Khalid Sheikh Mohammed. Entre sus reclusos también se incluye al hombre señalado de ser el autor intelectual del ataque contra el destructor USS Cole en el año 2000, Abd al Rahim al Nashiri, capturado en 2002 y transferido a Guantánamo en 2006.

Las condiciones en Guantánamo han provocado protestas constantes por parte de grupos de derechos humanos. Expertos de Naciones Unidas han condenado el penal como un sitio de una “notoriedad sin parangón”.

Entre las polémicas que han surgido del lugar, figura la práctica de alimentar a la fuerza a los presos en huelga de hambre. Los militares estadounidenses han defendido la medida como un tratamiento médico necesario, aunque sus críticos lo comparan con tortura. El proceso se realiza insertando una sonda por la nariz del reo hasta su estómago, para luego bombear un líquido con nutrientes.

Fuente: AFP.

La Casa Blanca pidió a todas las secretarías de Estado y agencias federales que congelen una parte de los gastos de “asistencia” para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las “prioridades del Presidente”, una decisión que pone en riesgo el acceso a la cobertura médica de muchos estadounidenses de bajos ingresos.

En principio se trataba de gastos vinculados a programas de asistencia y actividades de apoyo desde el Estado, para las cuales cada agencia debe realizar un “análisis completo”, según un documento al que accedió la AFP.

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“Esta pausa temporal dará tiempo a la administración para revisar programas y determinar el mejor uso de fondos para las iniciativas que sean consistentes con la ley y las prioridades del Presidente”, señala el documento.

Se trata de “una medida muy responsable”, sostuvo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a reporteros en Washington.

La orden de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, una semana después de la asunción de Trump, amenaza con frenar el desembolso de cientos de miles de millones de dólares en fondos para gobiernos locales, entidades educativas o pequeños préstamos para empresas.

Están afectados los programas vinculados a la transición energética y los previstos para zonas afectadas por catástrofes naturales. La decisión sigue a una similar que también congeló partidas de ayuda exterior.

Esta medida no afecta los fondos que llegan a los estadounidenses a través del sistema de seguro médico para los jubilados Medicare, por ejemplo.

Sin embargo, los portales en línea utilizados para acceder al programa de seguro médico Medicaid, destinado a familias de bajos ingresos, han sido bloqueados, denunció en X el senador por Oregon, Ron Wyden.

“Mi personal ha confirmado (...) que los portales de Medicaid están inactivos en los 50 estados después del congelamiento de fondos federales de anoche”, afirmó. “Este es un intento flagrante de quitarle el seguro médico a millones de estadounidenses de la noche a la mañana y provocará la muerte de personas”, añadió.

La Casa Blanca aseguró minutos después que el acceso a este seguro para personas de bajos ingresos se restablecerá “pronto”.

La fiscal general del Estado de Michigan, Dana Nessel, abrió una investigación para “proteger estos programas y reactivar servicios vitales”, anunció en X.

Varias ONG y grupos empresariales presentaron una querella el martes contra la Oficina de Presupuesto del gobierno para intentar bloquear la orden de Trump.

Trump ganó las elecciones con promesas de desmantelar amplios sectores del gobierno con el fin de recortar gasto público. Dejó claro que pretende revisar todos los programas federales en función de sus objetivos políticos.

El memo publicado la noche del lunes señala la voluntad del gobierno de “eliminar el peso financiero de la inflación sobre los ciudadanos, terminar con las políticas ‘woke’ (progresistas) y la instrumentalización del Estado”.

“El pueblo estadounidense eligió a Donald Trump y le dio un mandato para aumentar el impacto de cada dólar de gasto federal. En 2024, sobre un total de casi 10 billones de dólares de gastos federales, 3 billones estaban ligados a asistencia financiera, préstamos y donaciones”, insiste en el documento el director interino de la Oficina de Presupuesto (OMB), Matthew Vaeth, autor del documento.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un órgano no partidario, estimó en 6,75 billones de dólares el presupuesto del Estado federal en 2024.

No está claro si el presidente tiene la autoridad de detener gastos aprobados por el Congreso que, según la Constitución, tiene poder sobre el presupuesto.

Los demócratas acusaron inmediatamente a Trump de “desobedecer abiertamente la ley” al retener fondos que sostienen programas de asistencia en todo el país.

El jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer, dijo que el Congreso votó estos gastos y “no son una opción” sino que su ejecución es una obligación legal.

Schumer declaró a reporteros que la decisión de Trump es una “puñalada al corazón de las familias estadounidenses” y que además es “ilegal” e “inconstitucional”. “El presidente no tiene la autoridad para ignorar la ley y vamos a luchar contra esto de todas las formas posibles”, remató.

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El congelamiento de ayuda exterior, en tanto, golpeó por ejemplo a Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski afirmó el martes que deberán determinar qué proyectos “son críticos y necesitan soluciones ahora” para solventarlos con las “finanzas públicas”.

Fuente: AFP

• Fuente: Agencia AFP

Naciones Unidas confirmó este martes que recibió una notificación de la administración del presidente estadounidense Donald Trump informándole de su intención de retirarse del Acuerdo del Clima de París, según un portavoz de la organización.

“Puedo confirmar que Estados Unidos ha notificado al secretario general, en su calidad de depositario (del acuerdo), el 27 de enero de su retiro del acuerdo de París”, dijo el portavoz de Antonio Guterres, Stephane Dujarric. La medida será efectiva el 27 de enero de 2026, según los estatutos, precisó.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de París y nuestro respaldo a todos los esfuerzos eficaces para limitar el aumento de la temperatura mundial a +1,5°C”, agregó.

Tras asumir el poder el 20 de enero, Trump anunció que Estados Unidos, el segundo mayor contaminante del mundo detrás de China, se retiraría por segunda vez del pacto de París, poniendo en cuestión los esfuerzos mundiales para frenar el calentamiento climático.

Durante su primer mandato, el presidente republicano retiró brevemente a Estados Unidos del Acuerdo de París, pero el demócrata Joe Biden revirtió la medida al asumir.

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