Un juez de la corte suprema de Brasil rechazó este jueves un pedido de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para extender el plazo que el líder de extrema derecha tiene para responder a las acusaciones de la Fiscalía por un presunto intento de golpe de Estado.
Los abogados de Bolsonaro habían solicitado que el tope de 15 días fijados para contestar a los cargos se suspendiera, porque las pruebas sobre la supuesta trama para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 “no fueron proporcionadas a la defensa” a tiempo.
También exigieron un plazo de 83 días para estudiar dichas pruebas, bajo el argumento de que ese fue el tiempo que demoró la Fiscalía en analizar la documentación para imputar al exmandatario (2019-2022).
El juez Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro se refiere como “dictador”, rechazó el pedido y afirmó que los abogados tuvieron acceso al expediente desde febrero de 2024.
Cumplidos los 15 días, Moraes decidirá si abre un juicio contra el expresidente y 33 de sus colaboradores por cargos de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, entre otros.
Bolsonaro, de 69 años, se expone a una pena de prisión de hasta 40 años por estos delitos.
“Me importa un carajo la prisión”, exclamó el expresidente este jueves en un mitín de su partido en Brasília. También insistió en que es inocente y reiteró un llamado a sus seguidores a manifestarse en varias ciudades el 16 de marzo.
Según la Fiscalía, tras su derrota contra Lula en las elecciones de octubre de 2022, Bolsonaro lideró un plan para “no dejar el poder, o volver a él, por la fuerza”.
La supuesta trama golpista, que contemplaba incluso el asesinato de Lula, no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército, de acuerdo con la investigación.
Entre los imputados figuran también el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, el excomandante de la Marina Almir Santos y Mauro Cid, ex mano derecha del expresidente, quien firmó un acuerdo de delación premiada con la justicia.
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Lastrado por varios procesos judiciales, Bolsonaro presiona por anular una inhabilitación política que le impide concurrir a las presidenciales de 2026, por haber desinformado sobre el sistema de votación brasileño.
Fuente: AFP