El medio de información de la Santa Sede, Vatican News, reveló que el papa León XIV tomó la primera medida para abordar los abusos sexuales cometidos por el clero católico, al nombrar a monseñor Thibault Verny como el nuevo presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

El portal digital refiere que “primero en la diócesis de París (Francia) y luego dentro de la conferencia episcopal, Verny participó activamente en la lucha contra los abusos en la Iglesia, dedicando su tiempo a escuchar y acompañar a las víctimas, así como a la interacción con las autoridades civiles y judiciales”.

Agrega que monseñor Thibault Verny se desempeñó como presidente el Consejo para la prevención y la lucha contra la pedofilia de la Conferencia Episcopal hasta el pasado mes de junio, por lo que buscará poner su experiencia en su país natal al servicio de la Iglesia universal, sin dejar de lado sus responsabilidades diocesanas.

Durante una entrevista, el religioso afirmó que quiere continuar la labor de su predecesor, el cardenal estadounidense Sean O’Malley, con quien tuvo la oportunidad de colaborar varias veces, para arraigar una cultura de protección de las personas vulnerables.

La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se han destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto del 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó, el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el período de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.

• Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo/Gentileza

El 1 de julio de 1547, el papa Paulo III, por medio de la bula “Super specula militantis ecclesiae”, crea la Diócesis del Río de la Plata con sede en Asunción. Más adelante será conocida como la Diócesis del Paraguay, elemento neurálgico para el despliegue de sacerdotes y la evangelización de estas tierras. Aquí un repaso a esa historia fundacional.

Pasaron 478 años desde la creación, con sede en Asunción, de la Diócesis del Río de la Plata. “Así se establece la consolidación completa de la posesión española y se otorga protagonismo a Asunción como centro no solo de las estructuras de conquista y poblamiento, sino también de la misión evangelizadora y organizativa de la Iglesia católica”, cuenta el presbítero Hugo Fernández, director del Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín.

Lo hace invitando a visitar el local del museo, al costado de la Catedral, donde “se puede ver el vestigio histórico, artístico y social de la acción de la Iglesia durante estos casi 500 años de labor y de fe en estas tierras”.

Entiende por ello importante historiar cómo se llega a ser diócesis. Fernández recuerda que en 1541 Asunción deja de lado su condición militar de casa fuerte para convertirse en ciudad. El despoblamiento de Buenos Aires y otras fortalezas sobre el río Paraná la convirtieron en un punto privilegiado para el abastecimiento, reparo y punto de camino para la pretensión de llegar a la plata y el oro del Potosí.

“Los españoles acostumbrados a un régimen de gobierno en donde la Iglesia, por real patronato de la corona, conformaba parte de las estructuras de gobierno no tenían un obispo. Esta ausencia, sumada a la necesidad de conducción moral y espiritual tanto de los españoles como de los naturales, motivó que desde 1543 sean muy frecuentes las cartas pidiendo al rey un obispo y la demarcación de las jurisdicciones propias”.

El desenfreno de los españoles es reconocido en los pedidos que van haciendo por carta a la Corte para que se les envíe un rector religioso, según aporta Fernández, que es licenciado en Teología.

“La terrible situación moral de los españoles y su relación con las indígenas en especial se acrecentaba a causa de la falta de la presencia regia de la Iglesia. Aunque para 1545 Asunción contaba con más o menos 10 sacerdotes, la situación no pintaba para bueno. Ejemplo de esto es el testimonio de fray Juan de Salazar (no confundir con Espinoza), quien en carta al emperador Carlos V afirmaba que Asunción era un “pueblo de más de quinientos hombres y más de quinientas mil turbaciones”.

Pedro Dorantes, soldado factor, pedía al rey ya en 1543 “un prelado que sea letrado y de buena vida, con la cual nos dé ejemplo a vivir y sea protector de los indios”. El contador de la ciudad Felipe Cáceres requería “una persona eclesiástica, juez protector en lo espiritual para que nos haga ser buenos cristianos”.

El mismo gobernador Domingo Martínez de Irala solicita al rey en carta del 5 de marzo de 1545 por “un pastor para la Iglesia (…) que sea tal que su vida, castigo y ejemplo tengamos todos temor y vergüenza…”.

En marzo de 1547, el emperador Carlos V envía como comisionado a don Diego de Mendoza para que tramitara ante el papa la creación de una diócesis, puesto que esta región es tan extensa que no puede ser atendida por el Obispado de Cusco y “para que los indios naturales de ella que están sin luz ni fe ni conocimiento de ella sean alumbrados y se conviertan”, decía el pedido al santo padre.

Como resultado de las gestiones, el 1 de julio de 1547 el papa Paulo III creaba la Diócesis del Río de la Plata y elegía al franciscano fray Juan de Barrios como su primer obispo.

El primer obispo no pudo llegar porque el navío que lo tenía que traer nunca pudo zarpar. Pasado ya el tiempo, De Barrios fue designado por el papa primero a la Diócesis de Nueva Granada para finalmente ser destinado a la de Santa Fe de Bogotá.

En 1554, el papa nombra a fray Pedro Fernández de la Torre como obispo del Río de la Plata: “Llegó a Asunción en 1556 y fue recibido con mucha algarabía. Mandó construir otra iglesia que sirva de catedral porque hasta el momento la única iglesia mayor de Asunción y que funcionaba como tal era la parroquia de la Encarnación, erigida desde 1539 y hasta el día de hoy considerada la más antigua de toda la región. El fray acompañó al gobernador Domingo Martínez de Irala en varias de sus incursiones al Chaco, después proclamó gobernador a Francisco de Vergara, que surgió de una elección popular y con quien más adelante riñó fuertemente en enemistad. Murió en España en 1573”, historia Fernández.

El presbítero apunta además que desde sus inicios la Catedral de Asunción fue sede de diversos acontecimientos históricos, sala de deliberaciones del Cabildo, sínodos, refugio en tiempos de catástrofes y levantamientos armados, etc.

Desde su creación hasta 1609 dependió de la Arquidiócesis de Lima. En 1620 se crea la Diócesis de Buenos Aires, que se desprende así de la del Paraguay.

Desde 1609 hasta 1865 Paraguay dependió de la Arquidiócesis de Charcas. Desde 1865 hasta 1929 pasó a formar parte de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Asunción recibió la categoría de arquidiócesis recién en el año 1929, siendo su primer arzobispo monseñor Juan Sinforiano Bogarín.

“A pesar de ser la primera diócesis de toda la región del Río de la Plata, fue una de las últimas sedes elevadas a la categoría arzobispal y aún hasta hoy no le ha sido otorgado oficialmente el título de iglesia primada”, cuenta el presbítero Fernández.

Entiende que esta posibilidad está abierta y solo depende de gestiones. “Desconozco si en algún momento los representantes de la Iglesia en el Paraguay hayan gestionado o al menos promocionado ante el papa la conveniencia de este privilegio. Si aún no se ha hecho, sería bastante interesante que los prelados actuales lo hagan. Sería un privilegio otorgado por el papa que nos llenaría de mucho orgullo y alegría como pueblo”, afirma.

Fernández destaca, entre varios otros elementos y momentos históricos, la importancia de la acción de la Iglesia en la defensa de los indígenas en los siglos XVI a XVIII, la confirmación de las “doctrinas de indios” organizadas por los franciscanos y jesuitas para la defensa y formación de los indígenas y de cuyas doctrinas provienen la mayoría de los pueblos paraguayos hasta inicios del siglo XX inclusive, la promoción de la lengua guaraní y los saberes ancestrales en sintonía con la ciencia y la religión.

También “un segundo momento es el rol clave de la Iglesia en pos de la defensa de la dignidad humana durante el gobierno militar de 1954-1989. Y aunque siempre toda sociedad es imperfecta, los errores y las falencias cometidas también dentro de la Iglesia son motivo de profunda reflexión y una revisión interna para seguir caminado buscando la semejanza a Cristo que nos impulsa y nos acompaña para seguir caminando, luchando y perseverando en la fe mientras construimos una sociedad que nos beneficie a todos por igual”, concluye.

El presbítero Hugo Fernández V. es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación. Es también museólogo, director del Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín y secretario ejecutivo de los Bienes Culturales de la Iglesia por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

A inicios del siglo XIX, existían en todo el territorio 55 sacerdotes y al menos cinco de ellos actuaron de modo especial a favor de la Independencia. Tras la revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, surgieron varios partidarios que propiciaban algo similar en Paraguay y entre ellos “fue constante la participación de los clérigos. En setiembre de 1810, se descubrió un grupo cuyo plan era apresar al gobernador, al obispo y a los capitulares. Fueron detenidos y confinados al Fuerte Borbón el padre Franciscano Baca y varios otros civiles”, nos recuerda Fernández.

También en Concepción se reunía “una peña revolucionaria encabezada por los curas José Fermín Sarmiento y Nicolás Ibarbals. Los implicados motivaban la causa revolucionaria y criticaban abiertamente inclusive desde el púlpito al gobierno de Velasco”. Siguiendo con este derrotero, “durante la expedición de Belgrano en 1811 la actuación del capellán José Agustín Molas, joven de 23 años, fue relevante en motivar la persecución a los invasores.

Durante la revolución del 14 de mayo el gobernador trató de apaciguar los ánimos enviando al obispo Panes a dialogar con los revolucionarios junto con otros clérigos, pero no tuvieron éxito al ser considerados españoles. Los clérigos paraguayos se encontraban muy comprometidos con la revolución.

Entre los más decididos estaba el fray franciscano Fernando Caballero, tío del Dr. Francia, así como la mayoría de los franciscanos eran partidarios de los patriotas. Otros como el padre Leal, el padre Baca y Orué alentaban a los nacionales. Otro clérigo de gran prestigio era el carapegüeño Francisco Xavier Bogarín, profesor en el Real Colegio de San Carlos y posteriormente vocal de la Junta Superior Gubernativa”, recuerda.

Desde los primeros pasos de la conquista “la labor de los clérigos ha sido trascendental, sobre todo en el ámbito de la defensa de sus derechos. Conocemos el caso del padre Gabriel Lezcano, quien en 1545 ante la decisión de Irala de exterminar a una comunidad de indios agaces fue a entrevistarse con el cacique Abacotté consiguiendo la paz”, cuenta el presbítero para explicar lo importante del rol eclesiástico para intentar parar los abusos de la conquista.

“El padre Diego Andrada, primer párroco de Asunción, fue también conocido por ser ‘protector de indios’ y el caso más emblemático son las cartas del padre Martín González, quien constantemente denuncia los abusos de los españoles hacia los indios”, recuerda.

“Si bien en el Paraguay no se observa aquella brutalidad que ensangrentaron masivamente los primeros días de la conquista en México o Perú, la conquista paraguaya se basó en la unión y procreación de españoles e indígenas, el mestizaje. Sin embargo, las estructuras económicas y coloniales rápidamente causaron grandes conflictos, sobre todo por el requerimiento de la mano de obra de los indios y las exigencias de los españoles. Habrá sido muy difícil entre los pocos clérigos de aquellos días mediar ante estas situaciones”, reflexiona.

La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se ha destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto de 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el periodo de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.