Con 2-0 a favor de una condena, la corte suprema de Brasil dejó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro cerca de ir a prisión por golpismo, en un juicio histórico que Donald Trump busca influenciar con sanciones al país. El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución. En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, los jueces deben pronunciarse hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares. El primero en exponer su voto fue el magistrado Alexandre de Moraes, objeto de sanciones de Estados Unidos y blanco de un supuesto plan de asesinato por parte de los golpistas liderados por Bolsonaro.

A lo largo de cinco horas, el juez se refirió a una “organización criminal”, que durante meses se coordinó para llevar a cabo los delitos imputados. El magistrado votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de “liderar” dicha organización. “Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo Moraes.

“Da tristeza en el corazón ver cómo una persona (Moraes) pronuncia un voto político con tanta rabia, parecía el líder del gobierno en la corte”, cuestionó en rueda de prensa el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, votó igualmente por la condenación. En momentos en que el bolsonarismo presiona por un eventual perdón legislativo para su líder, el magistrado sostuvo que los delitos juzgados “no son susceptibles de amnistía”.

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Bolsonaro, que se declara inocente, y el resto de acusados no comparecieron ante el tribunal en Brasilia, constató un periodista de AFP en la sala. Sus abogados atribuyen la ausencia del excapitán del ejército, que está en arresto domiciliario, a cuestiones de salud. Está acusado de cinco delitos, entre este intento de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Habría contemplado el asesinato de Lula antes de su investidura, así como de Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin. La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia en un intento de derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel, aunque una eventual condena es apelable. La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida sobre el juicio. Mientras el 53 % cree que Moraes aplica las leyes, el 39 % estima que Bolsonaro es juzgado por motivos políticos, según un sondeo del instituto Datafolha de agosto.

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Durante el juicio, Bolsonaro ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50 % a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios como Moraes. Y la amenaza de nuevas sanciones planea sobre Brasil.

“Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el lunes en X un alto funcionario del Departamento de Estado, Darren Beattie. “Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis. Este martes, al ser consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo no tener “medidas adicionales para anunciar”.

Pero “el presidente (Trump) no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo”, respondió la portavoz. Poco después, la cancillería brasileña dijo en un comunicado que Brasil “condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza” contra su democracia.

Los bolsonaristas dan por hecho una condena, pero no están de brazos cruzados. Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para su líder, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el domingo en varias ciudades brasileñas.

Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía. Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026. Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle. Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección.

Fuente: AFP.

El juez del supremo brasileño Alexandre de Moraes se mostró este martes favorable a condenar a Jair Bolsonaro por golpismo, en el primero de los cinco votos que deben decidir la suerte del expresidente.

Bolsonaro y los otros siete coacusados, “practicaron todas las infracciones penales imputadas por el fiscal general de la República”, dijo Moraes al emitir su voto.

El líder ultraderechista, que se expone a una condena de más de 40 años de cárcel, está acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

• Fuente: AFP

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro conocerá esta semana si es condenado por golpismo, en un juicio histórico que ha desatado la cólera de Donald Trump y sacude la derecha brasileña a un año de las presidenciales. Cinco jueces del Supremo Tribunal Federal comenzarán este martes las votaciones para decidir el futuro del exmandatario (2019-2022) y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, fue imputado en febrero por supuestamente haber liderado una “organización criminal armada” que conspiró para tratar de aferrarse al poder tras la derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Es la primera vez que un exmandatario es acusado de golpe de Estado en Brasil, un país donde los responsables de la última dictadura militar (1964-1985) nunca fueron juzgados.

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Bolsonaro tiene previsto seguir el proceso en su residencia en Brasilia donde desde agosto cumple arresto domiciliario. Sus abogados atribuyen su ausencia en el tribunal a cuestiones de salud. Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, el excapitán del Ejército clama su inocencia y se considera víctima de una “persecución política”. Entre tanto, ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50 % a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a jueces del caso, como al relator Alexandre de Moraes. La corte suprema ignorará “presiones internas o externas”, replicó la semana pasada Moraes. Pero la amenaza de nuevas sanciones podría planear sobre Brasil, asegura en sus redes sociales el hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro, residente en Estados Unidos y artífice de la campaña en favor de su padre ante la administración de Trump.

“Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis. En vísperas de la sentencia por golpismo, el gobierno estadounidense volvió este lunes a cuestionar a Moraes y prometió seguir actuando contra el juez. “Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el subsecretario de Diplomacia Pública del Departamento de Estado, Darren Beattie, en X.

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Bolsonaro está acusado de cinco delitos, entre estos intentos de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar. Habría contemplado incluso el asesinato de Lula antes de su investidura. La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia llamando a una insurrección militar para derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel. El veredicto quedará determinado por una mayoría simple de los cinco jueces, que luego votarían para fijar una eventual pena, que es apelable. Las sesiones se extenderán hasta el viernes en la corte suprema, cuya seguridad ha sido reforzada.

Dando por hecho una condena, los bolsonaristas no están de brazos cruzados. Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para el ultraderechista, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el fin de semana en varias ciudades brasileñas. Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía.

Freitas cargó además en un acto en Sao Paulo contra el supremo: “No vamos a aceptar la dictadura de un poder sobre otro”, agregó, en referencia a la corte. Esta “ejerce de guardián de la Constitución y del Estado de Derecho”, le replicó el decano del supremo Gilmar Mendes, rechazando que sus jueces sean “tiranos”. Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026. Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle.

Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección. En Brasilia, un detractor de Bolsonaro aseguró regocijarse con el juicio. “Me da un gran placer vivir este momento de la historia brasileña. Que no quede impune”, dijo a la AFP Mauricio de Aquino Costa, un profesor de 54 años.

La corte suprema de Brasil se apresta a dar su veredicto esta semana en el juicio contra Jair Bolsonaro, el primer expresidente en ser procesado por intento de golpe de Estado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).

Sin embargo, cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto antes del exmandatario ultraderechista (2019-2022) fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos, la mayoría por corrupción. A la espera de la sentencia, Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto.

Primer presidente electo por voto universal directo tras la dictadura, Collor (centro-derecha) renunció a la mitad de su mandato luego de que el Parlamento le iniciara un proceso de destitución por corrupción pasiva. De regreso a la política en 2006 como senador, fue condenado en 2023 a una pena de ocho años de prisión por corrupción por la corte suprema.

En el marco del megaescándalo destapado por la investigación “Lava Jato”, fue declarado culpable de haber facilitado “de manera irregular” la firma de contratos entre una empresa de construcción y una filial de la petrolera pública Petrobras. En mayo, Collor fue autorizado a cumplir su pena en arresto domiciliario por motivos de salud.

También objeto de la investigación “Lava Jato”, Lula fue encarcelado 580 días, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, después de haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Acusado de haber recibido un tríplex frente al mar de una empresa de construcción a cambio de contratos públicos, su condena fue finalmente anulada por la corte suprema, que consideró, entre otras cosas, que el juez que lo había sentenciado en primera instancia había sido parcial. Esta anulación permitió a la figura más emblemática de la izquierda brasileña disputar y ganar la elección presidencial de 2022 frente al saliente Bolsonaro.

Heredera de Lula, la primera mujer electa presidenta de Brasil fue destituida durante su segundo mandato consecutivo por el Parlamento, que la acusó de maquillaje de las cuentas públicas. La caída libre de su popularidad, debido entre otras cosas a una recesión y grandes manifestaciones en su contra, prepararon el terreno para su salida. La izquierda brasileña considera aún hoy que ese proceso fue un “golpe de Estado” parlamentario teñido de misoginia.

Rousseff fue reemplazada por su vicepresidente Temer (centro-derecha), quien tampoco demoró en aparecer en las primeras planas de los diarios por sus problemas judiciales. Acusado de corrupción en el marco de la investigación “Lava Jato”, se salvó dos veces en 2017 de un juicio ante la corte suprema, gracias a un voto desfavorable de la Cámara de Diputados. Después de dejar el poder, fue encarcelado dos veces en 2019 por obstrucción a la justicia, pero en ambas ocasiones fue liberado a los pocos días.

Fuente: AFP.

Un grupo de funcionarios penitenciarios se encuentra realizando una huelga de hambre en reclamo de un reajuste salarial y mejores condiciones laborales. Los huelguistas están apostados desde ayer frente a la sede del Ministerio de Justicia sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia casi Estados Unidos.

“Estamos aquí entre nueve huelguistas ya por tiempo indefinido, por culpa de nuestras autoridades. Y especialmente voy a mencionar que nuestro ministro nos está desamparando. Y lo que queremos aquí es nuestra plata”, dijo Eduardo Estigarribia, huelguista, al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Según manifestó existe un compromiso por ley de otorgar un reajuste de G. 1.500.000 respaldados por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ahora solamente se quiere conceder G. 840.000.

“Nosotros no aceptamos, queremos en su totalidad un millón y medio, nosotros cumplimos bien nuestro trabajo y queremos nuestro dinero, no les vamos a mendigar nada”, expresó.

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El funcionario comentó que tiene 20 años de antigüedad y su sueldo actual es de G. 2.520.000.

“Ni siquiera sueldo mínimo gano y tengo seis hijos. Y cómo voy a mantenerles con esa plata a mi familia. Yo en mi día libre ando trabajando como vendedor ambulante para poder solventar el gasto de la casa”, subrayó.

Así también contó que el estipendio de los contratados “es pésimo” y no se les da oportunidad para nombramientos.

“Y necesitamos que les den aumento salarial, que se les dé oportunidad para el nombramiento y esos son los requisitos fundamentales. El presidente de la República se comprometió y había afirmado que es una ley para dar los 1.500.000”, mencionó.

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