• México. AFP.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer miércoles que su gobierno demandará a SpaceX, el proyecto espacial del multimillonario Elon Musk, debido a la contaminación que sus lanzamientos de cohetes provocan en territorio mexicano. Starbase, el principal centro de operaciones de SpaceX, se encuentra en el sur de Texas, en Estados Unidos, muy cerca del fronterizo estado mexicano de Tamaulipas (noreste), donde ambientalistas locales denuncian contaminación de fuentes de agua, así como restos de cohetes que ensucian la zona.

Grupos conservacionistas, tanto mexicanos como estadounidenses, aseguran además que la actividad del proyecto espacial pone en peligro a las tortugas marinas y a las aves playeras que habitan en esa área. “Estamos revisando (...) todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de los cohetes que está muy cerca de nuestra frontera, los impactos que tiene la zona y dentro del marco de las leyes internacionales hacer las demandas necesarias que tengan que hacerse”, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matinal.

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El anuncio tiene lugar una semana después de que un cohete Starship de SpaceX explotó durante una prueba terrestre de rutina, en lo que representa un nuevo revés para el sueño de Musk de enviar humanos a Marte. La explosión provocó una imponente bola de fuego e incendios en el sitio de pruebas, según reportes de la propia empresa.

Sheinbaum aseguró que la decisión de demandar no tiene que ver particularmente con esa explosión, sino con “los impactos en seguridad y ambientales” que representa el lanzamiento de los cohetes para Tamaulipas. “Iniciaremos un proceso porque en efecto sí hay contaminación”, subrayó la jefa de estado. Medios mexicanos han publicado imágenes de playas de Tamaulipas con lo que serían desechos del cohete que explotó la semana pasada.

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• Guayaquil, Ecuador. AFP.

Ecuador recapturó ayer miércoles luego de un año y medio de búsqueda a alias Fito, máximo criminal y narcotraficante del país, desangrado por la guerra entre el Estado y los grupos delincuenciales que negocian con cocaína. El presidente Daniel Noboa anunció el arresto del líder mafioso de Los Choneros, la principal banda ecuatoriana dedicada también a delitos como el tráfico de armas y el sicariato.

Su gobierno había informado en enero del año pasado de la fuga del capo de una prisión en el puerto de Guayaquil, suroeste del país. La recaptura ocurrió durante un operativo en la ciudad de Manta, un puerto pesquero en el oeste de Ecuador y bastión de Los Choneros. Adolfo Macías, nombre real del narco, “está en manos del Bloque de Seguridad”, un grupo especial de las fuerzas militares y policiales en la lucha contra el narcotráfico, celebró el mandatario en la red X.

Tras su detención, Fito fue llevado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil. Llegó a la ciudad en una avioneta de la que bajó escoltado por policías y militares, observó un fotógrafo de la AFP.

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El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en una rueda de prensa que los uniformados hallaron a Fito escondido en un búnker. El escondite de Macías evoca escenas de película. A ese sótano se accedía al levantar una baldosa del piso en una lujosa residencia.

El gobierno, que promueve la mano dura contra el crimen, prometió capturar a más mafiosos. “Estamos atrás de ellos, nada y nadie nos va a detener”, lanzó Reimberg.

Las fotografías de la captura muestran al criminal barbado y tirado con el pecho contra el piso. En otras aparece usando pantalones cortos junto a los ministros del Interior y de Defensa.

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Tras la fuga de Macías, Ecuador enfrentó amotinamientos en prisiones, la toma armada de un canal de televisión, explosiones de autos bomba y la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios.

El escape y los posteriores hechos violentos significaron un fuerte golpe para Noboa, que le declaró la guerra a los grupos armados que hicieron del país uno de los más violentos de Latinoamérica.

Estos hechos llevaron al mandatario a declarar un “conflicto armado interno” en Ecuador, lo que le permite desde entonces mantener militares desplegados en las calles y prisiones.

Fito estaba preso desde 2011 y pagaba una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Cuando escapó era sospechoso de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en Quito en agosto de 2023. Sin embargo, esa indagación tomó otro rumbo y apuntó hacia Los Lobos, rivales de Macías.

Ecuador está atrapado en medio de una sangrienta guerra de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro y las extorsiones. En su mayoría están aliadas con carteles mexicanos y de países balcánicos, así como con guerrillas colombianas.

La tasa de homicidios en el país creció de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023. Las mafias se enfrentan entre sí por el control de los territorios para el envío de droga, cuyo principal destino es Estados Unidos y Europa.

Noboa aseguró que inició trámites para la extradición de Macías a Estados Unidos. “Estamos a la espera de su respuesta”, indicó. La fiscalía de Nueva York lo acusa de tráfico de cocaína y de armas.

Washington “apoya al Ecuador en sus esfuerzos para combatir el crimen transnacional a favor de la seguridad de la región”, señaló la embajada de Estados Unidos en Quito en un mensaje de felicitación a Noboa en la red X.

La maniobra militar y policial para capturar a Macías duró 10 horas. Fue un operativo que “se ejecutó con precisión, sin bajas, con un alto nivel de preparación”, dijeron las Fuerzas Militares. Noboa advirtió que “caerán más” delincuentes. “Recuperaremos el país. Sin tregua”, sentenció.

El mandatario atribuyó la captura de Fito a leyes aprobadas recientemente por el Congreso de mayoría oficialista para combatir las economías criminales y ampliar las facultades del Bloque de Seguridad. La detención de Macías se da pocos días después de la fuga de otro líder criminal, identificado como alias Fede, quien comandaba al grupo Las Águilas.

Un hombre barbado y corpulento puso en jaque a Ecuador hasta su recaptura este miércoles: Adolfo Macías, alias Fito, la mente maestra del crimen en un país sumido en la violencia del narco. El antiguo taxista convertido en capo de la mafia pasó a ser el principal objetivo de la fuerza pública en enero de 2024, luego de fugarse de una cárcel del puerto de Guayaquil (suroeste).

El gobierno del presidente Daniel Noboa divulgó entonces imágenes de su rostro con la leyenda “SE BUSCA” y ofreció un millón de dólares por información que llevara a su paradero. Sus hombres, agrupados en una banda llamada Los Choneros, respondieron con fuerza: coches bomba, retenciones de guardias penitenciarios e incluso la toma armada de un canal de televisión que transmitía un programa en vivo.

Tras meses de persecución, Fito cayó en la ciudad costera de Manta en un fuerte operativo militar y policial en el que no hubo disparos. Estaba, según las imágenes divulgadas por la prensa, en un búnker al que se accedía al levantar una baldosa del suelo en una lujosa mansión.

Tras su recaptura el presidente Noboa pronosticó que “caerán más” capos de la mafia. “Recuperaremos el país. Sin tregua”, sentenció. Poco más se conoce sobre el líder de Los Choneros que su pasado humilde y su ascenso hasta lo más alto de la organización tras los fallecimientos de sus predecesores y amigos, entre ellos alias Rasquiña, un ícono del mundo criminal en el país.

Antes de la fuga, Fito era el mandamás de su prisión en Guayaquil. La cárcel estaba adornada con imágenes que exaltaban su propia figura, las armas, los dólares y los leones. Videos dan cuenta de las celebraciones que tenía dentro del centro penitenciario con músicos y pirotecnia. Incluso llegó a grabar en un patio un videoclip de un narcocorrido en su honor, interpretado por un mariachi y su hija. En la grabación aparece saludando, riendo y acariciando un gallo de pelea.

Fito ejercía “un control interno importante del centro penitenciario”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un reporte de 2022 realizado tras un encuentro con el capo El nuevo capo se graduó de abogado en prisión, donde pagaba una condena a 34 años por los delitos de tenencia de armas, tráfico de drogas, delincuencia organizada y asesinato.

Los Choneros, que primero se dedicaban al crimen común con asaltos en alta mar, lograron nexos con narcotraficantes colombianos y luego mexicanos. Actualmente tienen vínculos con los carteles de Sinaloa, el Clan del Golfo (mayor exportador de cocaína del mundo) y mafias balcánicas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. El Ministerio de Defensa estima que la banda hace presencia en 10 de las 24 provincias de Ecuador.

En redes sociales, Los Choneros amenazan a periodistas y lanzan advertencias a otras bandas en videos con ritmos urbanos de fondo. “Activos, Choneros, aquí somos leones. Con el tío Fito, como se supone, controlando el barrio aquí somos patrones”, dicen en una de sus tantas canciones. Cuando Fito escapó de prisión, lo señalaban como el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

El entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) ordenó su traslado a una cárcel de máxima seguridad, en una espectacular operación de la fuerza pública que desató protestas de reclusos. La investigación luego tomó otro rumbo y se enfocó en Los Lobos, la banda rival, como responsables del magnicidio. En 2013, Fito ya se había escapado, pero su evasión duró apenas tres meses.

• Quito, Ecuador. AFP.

El Congreso de Ecuador aprobó ayer martes endurecer las penas para adolescentes vinculados con el crimen organizado y expulsar inmediatamente a extranjeros que cometan delitos dentro del país, que vive una violencia sin precedentes por cuenta del narcotráfico.

Con 84 votos a favor de 148 legisladores presentes en la sesión de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la Ley de Integridad Pública incluye reformas a una veintena de normas vigentes como de movilidad humana, tránsito, función judicial, el código de la niñez y adolescencia, entre otras.

Este es el segundo proyecto de ley del presidente Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes y que busca dar fuerza a su guerra contra el crimen organizado. Ecuador está envuelto en un sangriento conflicto territorial entre narcos y mafias internacionales rivales. La tasa de homicidios creció de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023.

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Esta ley plantea que los menores que cometan delitos relacionados con el crimen organizado, como homicidios, “van a tener un endurecimiento de la sanción de hasta 15 años, es decir van a ser juzgados como adultos”, dijo la asambleísta oficialista Valentina Centeno durante la sesión.

Agregó que los adolescentes que delaten a los reclutadores podrán rebajar su pena “hasta un 50 %”. La Unicef en Ecuador expresó su “preocupación por la incorporación de reformas regresivas”. Estas medidas “no han demostrado ser efectivas” y “podrían empeorar la situación del sistema penitenciario”, señaló el organismo en un comunicado, al recordar que la norma contraviene la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño.

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Centeno defendió que “esta ley no es contra los adolescentes, es contra las mafias que los usan, es contra la impunidad”. Esto “va a resultar es un masivo encarcelamiento de adolescentes que se van a perfeccionar en los delitos y que van a salir a tempranas edades a seguir delinquiendo porque no van a conocer otra realidad”, dijo a la AFP la abogada Consuelo Bowen, de la organización Cepam, que acompaña a mujeres y familias víctimas de violencia.

Agregó que “al final lo que se busca es únicamente la punición. (Esta medida) hace que la sociedad no asuma su responsabilidad con respecto a la niñez y adolescencia en el Ecuador”. La normativa también plantea la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial. El gobierno ha denunciado que el crimen organizado se ha infiltrado en la justicia para conseguir impunidad.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El agente fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, de Alto Paraná, imputó al empresario Ramón Zárate Galeano, presidente de la firma Grupo Zagal S.A., por transgresión de la Ley 716/96, ante la contaminación de pozos de agua del barrio San Isidro, de Ciudad del Este.

El caso tiene que ver con una denuncia por ensuciar y alterar el agua, a consecuencia de pérdidas de hidrocarburos de tanques subterráneos, de una estación de servicios, que es operada por la empresa citada, según el escrito de imputación de la Fiscalía.

La investigación es por el hecho que habría producido el 13 de febrero de 2025, en el local ubicado sobre la avenida San José, de la capital del Alto Paraná, donde se constató la presencia de combustible en dos pozos de uso domiciliario, pertenecientes a vecinos que residen frente y a escasos metros de la expendedora de combustible.

“El análisis indica que ambos pozos se abastecen de la misma agua subterránea, lo que refuerza la presunción de contaminación ambiental por pérdidas en tanques o cañerías del surtidor”, refiere el escrito de imputación del empresario propietario de la estación de servicio.

En las diligencias investigativas, durante una inspección en el surtidor, la Fiscalía identificó irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la empresa ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Una de esas irregularidades es que el proyecto contempla solo dos tanques subterráneos de 20.000 litros cada uno. No obstante, en el sitio fueron hallados cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros, todos en funcionamiento, así como otros cinco tanques en desuso que no fueron retirados del lugar, según el fiscal de la unidad ambiental.

Tampoco se implementaron pozos de monitoreo, ni se realizó el mantenimiento de las canaletas destinadas a la contención de derrames, conforme a lo previsto en las medidas de mitigación, en base a lo que dice el acta de imputación.

Ante estos hechos, el fiscal Orlando Quintana procesó al responsable de la empresa por la presunta transgresión a la Ley 716/96 y por el ensuciamiento y alteración de las aguas. Asimismo, solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.

Para tal efecto, el imputado deberá presentar una caución real o personal por G. 300.000.000, además de presentarse periódicamente ante el Juzgado para el registro de firma, y cumplir con la prohibición de salida del país y de cometer nuevos hechos punibles.

Como medida cautelar, la Fiscalía requirió la clausura de la estación de servicios y la prohibición de innovar en el establecimiento, hasta tanto se apruebe un plan de contingencia ambiental y se verifique el control efectivo de posibles pérdidas de hidrocarburos, a fin de evitar un mayor daño a los recursos naturales de la zona.

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