- Buenos Aires, Argentina. AFP.
Fuerzas de seguridad argentinas detuvieron a 12 personas que integraban una supuesta célula en el país sudamericano de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, informó este jueves pasado el Ministerio de Seguridad. Las detenciones se concretaron en el marco de 17 allanamientos simultáneos llevados a cabo este miércoles en distintos domicilios en los que supuestamente operaba la red, tras una investigación desarrollada durante un año por la Justicia y el Departamento Antimafia de la Policía Federal Argentina, en conjunto con el FBI estadounidense e Interpol.
De acuerdo a la pesquisa, el grupo se encargaba de blanquear activos provenientes de diversas actividades delictivas de la organización en Venezuela. “La organización canalizaba fondos a través del sistema informal conocido como ‘Hawala’, que elude los circuitos bancarios formales (...) Se presume, además, que las actividades giraban en torno a una red de lavado de activos con posible destino al financiamiento del terrorismo internacional”, señaló un comunicado de prensa.
Entre los involucrados se encuentra el apuntado como líder de la banda en el país, un hombre venezolano identificado como Guillermo Boscán Bracho, alias “Yiyi”, que manejaba todo desde la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
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“Yiyi” fue detenido a fines de 2023 en la provincia de Corrientes (noreste) por una alerta roja de Interpol, acusado en su país por “extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas”, se detalló.
Después de que lo hiciera Estados Unidos, el 25 de febrero pasado Argentina inscribió a Tren de Aragua en su registro oficial de agrupaciones “vinculadas al terrorismo”. Fundada en 2014 en Venezuela, la banda está implicada en secuestros, robos, tráfico de drogas, prostitución y extorsión, así como en la explotación ilegal de oro y la trata de personas.
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Paraguay insta a Argentina a levantar suspensión de transferencia de combustible en Paraná Guazú
Paraguay hizo un pedido expreso a Argentina de levantar su suspensión sobre el kilómetro 171 del Paraná Guazú, zona de alije de combustibles, vital para el suministro energético de nuestro país y la región, afirmó el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.
El titular del Ministerio de Industria y Comercio afirmó que la postura del Gobierno paraguayo sobre la decisión de Argentina, de suspender las operaciones de alije en un tramo del Paraná Guazú, es de que se levante la medida hasta encontrar una solución que no ponga en riesgo la logística del traslado de los combustibles y su eventual impacto en los precios.
“El pedido expreso de Paraguay es que se suspenda esta medida hasta que se encuentre una solución”, dijo el ministro Giménez a la 1080 AM.
Para Giménez, no se trata de una “medida contra el Paraguay”, sino más bien una cuestión interna entre la Prefectura y la Aduana de Argentina, instituciones que se contradicen en cuanto a la definición del kilómetro 171 de la Hidrovía.
Recordó que entre el jueves y el viernes de esta semana se recibirá en Asunción a una delegación encabezada por un alto funcionario de la Aduana argentina para abordar la cuestión y transmitir la preocupación del país con respecto a los impactos que podría tener en la provisión de combustibles.
“Esta semana, el jueves o el viernes, viene uno de los altos funcionarios de la Aduana argentina para una reunión. Yo quiero participar para exponerle cómo nos afecta esto”, explicó el ministro.
No obstante, el ministro de Industria y Comercio se mostró optimista con respecto a la reunión, afirmando que se encontrará una solución a la cuestión.
Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) habían afirmado que la decisión de la Aduana argentina se basa en una interpretación incorrecta de la Ley 24.093, de actividades portuarias. Insistieron en que el kilómetro 171 no es un puerto y que incluso está contemplado como zona de alije en el Tratado de la Hidrovía.
Sobre los potenciales impactos de esta decisión de Argentina, señalaron que podría encarecer el costo logístico del traslado de combustibles en un 70 %, monto que también se manifestaría en el precio final de los hidrocarburos.
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Gobierno argentino eliminó ente encargado de las rutas
El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció ayer lunes la disolución de los organismos a cargo de regular las rutas y la reestructuración de siete institutos estatales, antes de que venzan sus facultades delegadas por el Congreso el martes. Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, el mandatario ultraliberal impulsa una política de recortes en el gasto público, que ha implicado la eliminación de organismos estatales y subsidios, la suspensión de obras públicas y el despido de más de 50.000 empleados públicos, entre otras medidas.
A través de un decreto que se publicará el martes en el Boletín Oficial, el presidente “ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad (...) y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial", informó su portavoz Manuel Adorni. Vialidad Nacional tenía como objetivo la supervisión, conservación y construcción de las rutas y autopistas.
Adorni, que no especificó si habrá despidos en el área, dijo que a cambio se creará la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte” para la fiscalización de concesiones viales y anunció que el gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta”. Las medidas se tomaron antes de que venzan las facultades especiales que le otorgó por un año el Congreso a Milei para ejercer algunas de las funciones del Poder Legislativo.
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Adorni destacó que “los 65 decretos delegados que se promulgaron el último año implican un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos”, por ejemplo, mediante la disolución o reestructuración de decenas de entidades estatales en áreas de salud, ciencia y cultura, entre otras. El ministro de Desregulación estatal, Federico Sturzenegger, informó que el Ejecutivo no solicitará la extensión de las facultades.
El gobierno anunció a su vez en un comunicado la reestructuración de siete organismos estatales a los que calificó como “ineficientes”, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejarán de ser autárquicos y pasarán a depender del ministerio de Economía.
Ante los rumores del anuncio, trabajadores de ambos organismos realizaron en la mañana del lunes una protesta, que culminó en enfrentamientos con la policía.
“El Gobierno nos declaró la guerra a los estatales e hizo del Estado un gran campo de batalla”, escribió en X Rodolfo Aguiar, secretario General del gremio de estatales, que advirtió que las medidas implicarían cientos de despidos. Desde que llegó al poder, el gobierno de Milei aplicó un programa de reducción del gasto público de 4,7 % del PBI, con el que redujo a la mitad el índice de inflación, que pasó del 211 % en 2023 al 118 % en 2024.
Fuente: AFP.
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Titular de la ANNP desmiente acusaciones y aclara que fueron gestiones para conseguir vacunas
El actual presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera Cáceres, respondió a una publicación periodística que lo vinculó con supuestas acciones de lobby a favor de un laboratorio inhabilitado recientemente en Argentina. El exembajador desmintió que haya habido alguna gestión irregular y realizó un relato de lo realmente acontecido.
Todas las gestiones que realizó durante su tiempo como embajador ante la República Argentina estuvieron enmarcadas dentro de la legalidad y respondieron a la necesidad urgente de conseguir vacunas contra el Covid-19 para Paraguay, explicó en conversación con La Nación/Nación Media.
El exembajador lamentó que las gestiones realizadas en el marco de la pandemia sean hoy objeto de cuestionamientos. “No entiendo el motivo de esa publicación. Se quiere vincular el intento legítimo de conseguir vacunas durante la emergencia sanitaria con una inhabilitación del laboratorio ocurrida recién el 13 de mayo de 2025. No hay ninguna relación lógica entre ambos hechos”, afirmó.
Los hechos
Vera relató que en agosto del 2020, previamente, tomó contacto con el laboratorio argentino “mAbxience”, asociado con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con el objetivo de facilitar el acceso a vacunas en un contexto regional de alta demanda y escasez. “El 13 de agosto envié un informe detallado sobre el procedimiento necesario para acceder a esas vacunas, pero nunca recibí respuesta de la Cancillería”, señaló.
Posteriormente, el 21 de enero del 2021, recibió en la sede diplomática a representantes de HLB Pharma Group, hoy inhabilitado en Argentina por la presunta fabricación de fármacos ilegales. Dicho grupo empresarial representaba en la región a la vacuna Sputnik V, que fue utilizada ampliamente en Argentina, por lo que no hubo nada irregular en este encuentro.
Vera Cáceres explicó a la empresa el procedimiento y posteriormente se remitió una nota formal dirigida al entonces canciller Federico González, en la que la firma exponía detalles sobre la disponibilidad, precios y cantidad de dosis ofrecidas. También, según expresó, se puso en contacto con el Ministerio de Salud, a cargo de Julio Mazzoleni en ese momento, sin obtener respuesta alguna.
“El problema que tuvo el laboratorio en Argentina recién fue el 13 de mayo del 2025, es decir, hace un mes y medio, sin embargo, hubo un intento de relacionamiento por vacunas de covid y cuya representación ejercía esta gente en el 2021, no guarda la relación una cosa con la otra”, dejó en claro.
Asimismo, Vera fue crítico con la actuación de las autoridades sanitarias de ese entonces. “Nuestras autoridades estaban perdiendo tiempo en tratativas para la obtención por otras vías mientras tanto se les vino el tiempo y fuimos los últimos en empezar a vacunar y solo fue gracias a una donación”, recordó.
Gestión deficiente
El actual titular de la ANNP también recordó que Paraguay había transferido USD 7 millones al mecanismo Covax para la adquisición de dosis, pero los resultados fueron nulos. “El dinero gastado en ello no se recuperó, todo esto por negligencia por parte de las autoridades encargadas de administrar y coordinar las acciones de salud en esa época”, remarcó.
Finalmente, señaló que su remoción anticipada como embajador respondió a las declaraciones públicas que hizo entonces, en las que cuestionó la inacción gubernamental en plena emergencia sanitaria. “Desde Cancillería se molestaron porque los dejaba en evidencia”, concluyó.
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Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el hallazgo del nieto 140, robado en la dictadura
La organización Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los niños apropiados durante la dictadura argentina (1976-1983), anunció este lunes el hallazgo del nieto 140 y reclamó más apoyo del Estado para encontrar a unos 300 que aún restan ser identificados.
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“Confirmamos una vez más que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que gracias a la perseverancia y al trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo, pero la búsqueda no puede ser en soledad”, dijo la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en conferencia de prensa en el Espacio de la Memoria de Buenos Aires.
Junto a Carlotto se presentó Adriana Metz Romero, hermana mayor del nieto recuperado, de quien reveló que vive en Buenos Aires y tiene 48 años.
Ambos hijos del matrimonio que conformaban Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, secuestrados de la casa familiar el 16 de diciembre de 1976 en Cutral-Có, provincia de Neuquén (1.400 km al sur de Buenos Aires) y que siguen desaparecidos.
Adriana, entonces de 1 año, quedó al resguardo de vecinos hasta que fue recogida por sus abuelos paternos. Graciela tenía 24 años y cursaba el quinto mes de embarazo al momento de su secuestro. Testigos dieron datos sobre su tortura en dos centros clandestinos de detención, primero en Neuquén y luego en Bahía Blanca, al sur de Buenos Aires, donde dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977.
“Ahora ya sé adónde está mi hermano. De acá en más es todo ganado para la familia Metz Romero”, dijo Adriana, que llamó a “seguir en la búsqueda colectiva por los 300 que nos faltan a todos”.
A su turno, Carlotto, de 94 años, dijo estar feliz por el hallazgo y lamentó la política del presidente ultraliberal Javier Milei, que con sus recortes de presupuesto ahoga financieramente a organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), cuyas muestras de ADN permitieron la identificación de este nuevo caso.
La organización solicitó la derogación del decreto de Milei que avanza sobre la autarquía del BNDG, frenada por una presentación judicial de Abuelas.
“No hay dinero para nada, no nos dan un centavo y no creo que lo vayan a dar, ojalá me equivoque, pero ya sabemos con quién estamos”, dijo en alusión a Milei.
El anterior hallazgo había ocurrido en enero y fue tratado de la hija de una mujer de 25 años secuestrada en 1977 en Buenos Aires cuando estaba embarazada de 6 o 7 meses, que dio a luz durante su cautiverio y sigue desaparecida.
En diciembre de 2024 se había comunicado el hallazgo del nieto 138, y el 137 en septiembre en el marco de una campaña de Abuelas de búsqueda permanente.
Primer contacto, por videollamada
La restitución fue posible gracias a los datos aportados por una denuncia anónima, informó la organización.
“Luego se resolvió convocarlo para saber si accedía al examen de ADN, accedió y se supo que es mi hermano”, relató Metz Romero.
Si bien los detalles se mantienen en reserva relató que tuvieron un primer contacto por videollamada y que resta conocerse personalmente.
“Fue el mismo Estado, a través del terrorismo de Estado, que facilitó la apropiación de estos niños, por eso tiene que facilitar ahora la búsqueda”, dijo al llamar a proteger al BNDG. “Estas 300 personas que falta encontrar forman parte de nuestra sociedad y deben poder hacer uso de su derecho a la identidad”, agregó.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 por impulso de las Abuelas de Plaza de Mayo y funciona desde entonces como ente autárquico.
Fuente: AFP