- Bogotá, Colombia. AFP.
La agencia financiera Moody’s informó ayer jueves que rebajó la calificación de Colombia al nivel más bajo dentro del grado de inversión, ante un “deterioro” de las finanzas públicas durante el gobierno izquierdista de Gustavo Petro. A mediados de junio, el presidente colombiano suspendió la regla fiscal que impone límites al gasto público ante la falta de recursos para financiar sus ambiciosos programas sociales.
En ese momento, planteó presentar una reforma tributaria al Congreso para recaudar fondos y reducir el déficit fiscal, aunque aún no la concretó. La decisión del mandatario de suspender la regla fiscal “refleja negativamente la eficacia” de su política económica, dijo Moody’s en un comunicado. La firma bajó su calificación de Baa2 a Baa3, el último nivel dentro del grado de inversión.
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El boletín agrega que la decisión de Petro “se aparta del historial de prudencia” de los gobiernos colombianos en las últimas décadas. Según el Ejecutivo, la deuda pública neta del país en 2024 equivalía al 60 % del PIB. Para 2026, proyecta un aumento al 63 %.
El producto interno bruto de Colombia creció un 2,7 % interanual en el primer trimestre de 2025 gracias principalmente a la agricultura. El crecimiento económico colombiano está por encima de las expectativas de expertos, tras un prolongado estancamiento durante 2023 debido a factores como altas tasas de interés, inflación y menor inversión provocados por la pandemia. De mantenerse esa tendencia, Moody’s espera que el incremento del PIB retorne a niveles cercanos al 3 % en los próximos años, similares a los que el país sostenía antes del covid-19.
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UIP insiste en que la formalidad es clave para sostener el crecimiento económico
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) volvió a poner en el centro del debate la necesidad de avanzar en la formalización de la economía como condición indispensable para sostener el crecimiento y el desarrollo inclusivo del país.
A través de un comunicado, el gremio remarcó que los controles institucionales deben ejercerse sin excepciones ni presiones, garantizando el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, tributarias, ambientales, laborales y comerciales en todo el territorio nacional.
El sector industrial señaló que las reglas deben aplicarse de manera equitativa y sin limitarse a puntos geográficos específicos, con el objetivo de asegurar un mercado competitivo y justo. Según la UIP, los procedimientos de control no deben entenderse como un fin exclusivamente recaudatorio, sino como instrumentos para ordenar el mercado, fortalecer la institucionalidad y consolidar la confianza país, factor clave para mantener el grado de inversión alcanzado por Paraguay.
En ese sentido, la organización destacó que la aplicación de estas medidas debe guiarse por criterios de proporcionalidad y gradualidad, de manera que acompañen el proceso de formalización y contribuyan a mejorar la competitividad nacional. “Los mismos controles para todos” es el principio que garantizará condiciones de juego claras y previsibles para los distintos actores económicos, resaltan.
La UIP valoró el acompañamiento de los sectores que ya avanzan en gestiones orientadas a la formalización y el desarrollo, así también, exhortaron a los demás a sumarse al proyecto país que combina formalidad, institucionalidad y crecimiento económico como ejes estratégicos.
“La meta es que estos elementos se integren en beneficio de todos los paraguayos, reduciendo las brechas y consolidando la base productiva nacional”, indicaron.
Con este posicionamiento, la industria insiste en que la formalización no es una opción sino un requisito para sostener la estabilidad y dar previsibilidad a la economía en un escenario global marcado por la competencia y la exigencia de marcos regulatorios claros.
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Colombia: liberan a 33 soldados retenidos en zona guerrillera
Una treintena de soldados fueron liberados ayer jueves luego de tres días retenidos en un enclave guerrillero plagado de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, anunció la Defensoría del Pueblo. Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro consideró un “secuestro”.
"En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad", dijo en la red X la defensora del pueblo, Iris Marín. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.
Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los militares, armados, junto a campesinos con botas de caucho y desarmados.
Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33. Desde el domingo empezaron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla al mando de Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Mordisco es el hombre más buscado de Colombia, que Petro compara con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar.
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Población “instrumentalizada”
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la liberación y se refirió a los lugareños como “personas vestidas de civil que perpetraron un grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública”, en un mensaje en X. Su cartera presentó una denuncia por secuestro ante la fiscalía. El ejército reforzó “la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según una declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos”, agregó. Las autoridades públicas locales confirmaron a la AFP que los pobladores exigían la entrega del cuerpo de un civil muerto en los combates entre el Ejército y los rebeldes.
“Uno de los muertos es un civil que vivía en un caserío donde fueron los combates”, dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, capital del departamento. En junio, la Defensoría alertó sobre la “crítica situación humanitaria y de seguridad” de la población de la zona debido al fuego cruzado entre disidencias guerrilleras enemigas.
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Ola de violencia
La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste). Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el principal bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 con el que se desmovilizó el grueso de las FARC.
El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos. Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.
Fuente: AFP.
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Colombia negocia liberación de 33 militares retenidos en zona guerrillera
El gobierno de Colombia y la ONU negocian el jueves la liberación de 33 militares retenidos desde hace tres días en una comunidad amazónica plagada de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, anunciaron las autoridades.
Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas de esa zona en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro considera un “secuestro”.
Desde el domingo empezaron los enfrentamientos con la guerrilla al mando del temido Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33.
Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU “se han desplazado hacia (...) donde se encuentran secuestrados nuestros soldados”, declaró el jueves el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares. Los mediadores intentarán “dialogar directamente” con la población, añadió.
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Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen llevarse a cabo por campesinos obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado.
El ejército está “reforzando la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según Cubides.
Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos, que ya comienzan a escasear”, agregó.
El Ministerio de Defensa anunció en la red social X que presentó ante la fiscalía una denuncia por secuestro. La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste).
Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el mayor bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC.
El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos.
Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.
- Fuente: AFP
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Moody’s ratifica calificación de la AFD en Baa3 con perspectiva estable
La agencia calificadora de riesgos Moody’s Investors Service confirmó la calificación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) en Baa3, con perspectiva estable, manteniéndola en línea con el grado de inversión de Paraguay.
Esta decisión refleja la solidez institucional de la AFD y su papel central en el sistema financiero del país, según destaca el informe, además de la calidad de activos de la AFD, respaldada por un historial sin morosidad desde su creación.
Así también, resaltan su robusta capitalización, y el constante apoyo del Gobierno Nacional. “Este respaldo se materializa a través de inyecciones regulares de capital y garantías sobre la mayoría de sus obligaciones financieras, fortaleciendo la capacidad de la institución para cumplir con sus compromisos y sostener su crecimiento”, manifiestan desde la AFD.
La agencia menciona también el rol estratégico de la AFD como único banco de desarrollo de segundo piso en Paraguay, canalizando recursos hacia instituciones financieras que financian proyectos en sectores clave como vivienda, agricultura, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), infraestructura y educación.
Según Moody’s, estas operaciones contribuyen directamente al desarrollo económico y social del país, consolidando la función de la AFD como motor de inversión de largo plazo. La agencia además valoró la eficiencia operativa de la entidad y el crecimiento del capital en línea con la expansión de sus activos.
La calificadora prevé que la AFD mantenga un perfil financiero sólido en los próximos años, apoyando proyectos estratégicos y fortaleciendo la inclusión financiera en Paraguay.
La ratificación de Baa3 con perspectiva estable confirma la estabilidad y credibilidad de la AFD en los mercados, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y su papel como actor clave en la implementación de políticas públicas de financiamiento productivo y social.