Países Bajos prohibió el uso de los ‘smartphones’ en las aulas en enero del año pasado y tras el tiempo transcurrido desde su aplicación, pueden asegurar que la ausencia de esos equipos electrónicos tiene efectos positivos en la concentración y el clima social de los adolescentes.

Los centros educativos de Países Bajos prohibieron el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas en enero de 2024, una medida que solo contempla estos equipos cuando se emplean con fines educativos durante la clase o por necesidad, en caso de que algún alumno tenga necesidades de apoyo adicional o necesidad médica.

La prohibición la firmó el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia con el acuerdo de representantes de docentes, administradores, padres y estudiantes, que encargó un seguimiento al Instituto Kohnstamm y Oberon de su funcionamiento.

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Con los primeros resultados ya disponibles, la medida ha conseguido mejorar la concentración (75 %), el clima social (59 %) y, aunque en menor medida, el rendimiento del aprendizaje (28 %) en las escuelas secundarias, aunque los docentes también acusan una mayor carga de trabajo vinculada al cumplimiento de esa prohibición y el aumento del acoso físico y del comportamiento disruptivo.

El 99 por ciento de estas escuelas ha establecido una política que obliga a dejar el móvil en una caja fuerte o a entregarlo al comienzo de las clases si no se ha dejado en casa. En general, los adolescentes llevan sus teléfonos móviles a la escuela con menos frecuencia que antes de la prohibición.

En el caso de las escuelas primarias, también se percibe que son pocos los alumnos que llevan sus teléfonos, aunque parece que han optado por llevar relojes inteligentes, más difíciles de identificar, sin que ello suponga un gran problema.

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El 89 por ciento de las escuelas de primaria no permite los teléfonos móviles en el recinto escolar o exige que se entreguen al inicio de la clase. A este nivel educativo, las mejoras se han detectado en el bienestar y el clima escolar (23 %), con tanto en la concentración y el rendimiento.

El informe también recoge que los estudiantes de educación especial llevan menos los teléfonos móviles, aunque ya lo hacían antes de la prohibición. Aquí se destacan las excepciones por motivos de salud o de necesidad de apoyo, los lectores de pantalla o los audífonos conectados a un ‘smartphone’.

Fuente: Europa Press.

• La Haya, Países Bajos. AFP.

Bajo la presión combinada de Donald Trump y el esfuerzo ruso de guerra en Ucrania, los países de la OTAN se disponen a acordar este miércoles un incremento radical de su gasto militar, que requerirá de un seguimiento minucioso año tras año.

A la espera de ver cómo queda resuelta la posición de España -que descarta ir más allá de un 2,1 % y se ganó la reprimenda del presidente norteamericano-, los países de la Alianza acordarán alcanzar una inversión en Defensa equivalente al 5 % de su PIB nacional de aquí a 2035. Esto es lo que implicará dicho incremento.

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Porque Estados Unidos lo exige, o de lo contrario podría retirar su protección a quienes no paguen lo suficiente, tal como amenaza Trump. También, porque esa cifra corresponde al montante necesario para mantener las capacidades de Defensa de la OTAN ante Rusia.

Los nuevos objetivos de capacidades militares fueron aprobados oficialmente por los ministros de Defensa de la Alianza a inicios de junio. “Si Rusia es capaz de financiar la guerra hasta 2027, nosotros también estaremos preparados para financiar nuestro apoyo a Ucrania”, dijo a modo de ejemplo un alto oficial de la OTAN. Los objetivos están sujetos a revisión cada cuatro años. Cada país recibe los suyos en un documento, y es libre de recurrir a los medios de su elección para cumplir con ellos.

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La cifra del 5 % es la suma de dos tipos de gasto. El grueso (3,5 %) corresponden a gasto militar estricto, es decir compras de armas, el pago de los salarios de las Fuerzas Armadas... Dichos gastos corresponden a las capacidades militares. La OTAN ha definido en ese sentido varias prioridades, como la defensa antiaérea, la ciberseguridad, la logística, o los satélites.

Esta parte de la inversión debería permitir incrementar globalmente en un 30 % las capacidades militares, quintuplicar el volumen de las defensas antiaéreas y añadir miles de tanques a los arsenales de la Alianza, según detalló el secretario general, Mark Rutte. Además, los países deberán gastar un 1,5 % adicional de su PIB en seguridad en un sentido amplio.

Se trata de funciones militares y civiles, tales como control de fronteras o infraestructuras (puertos, aeropuertos, carreteras). “Si no puedes llevar tanques al frente porque las carreteras o los puentes o los ferrocarriles no aguantan esos tanques ni su peso, entonces estos no tienen obviamente ningún valor”, explica el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker. El capítulo del 1,5 % incluye igualmente el concepto de “resiliencia”, es decir todo aquello que la sociedad civil necesita en caso de conflicto.

Es una de las cuestiones más delicadas, y de ella dependerá el mantenimiento de una disuasión potente frente a Rusia, pero también actores como China y Corea del Norte. A fines de 2024, sólo 22 de los 32 Estados miembros cumplían con un nivel de gasto en Defensa del 2 % de su PIB, el compromiso vigente hasta ahora, fijado diez años atrás.

La OTAN insiste en que todos, incluida España y también Bélgica y Eslovaquia, que manifestaron reticencias, deberán cumplir con el núcleo de un gasto equivalente al 3,5 % de su PIB. Y cada año deberán entregar un informe a la OTAN explicando dónde están, en su objetivo de llegar a un gasto global del 5 %.

“Acordar estos objetivos es un hito importante, pero igual de crítico es el seguimiento”, apunta la analista Marta Mucznik, del International Crisis Group. “E igual de importante es garantizar que el dinero se invierte adecuadamente, cerrando las carencias de capacidades vitales para la seguridad europea y mantener la disuasión ucraniana a largo plazo”, añade.

Jimena Marset, hermana del narcotraficante confeso uruguayo Sebastián Marset, finalmente fue liberada en España, luego de que la Justicia de Bolivia disponga su sobreseimiento a las pocas horas de que fuera detenida en Madrid a partir de una alerta de la propia autoridad judicial boliviana.

Inicialmente, Jimena Marset contaba con alerta de búsqueda y detención por presuntos vínculos a la organización criminal encabezada por el narcotraficante uruguayo. La mujer había sido detenida este martes en Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, España.

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Inmediatamente, después se inició la gestión para su extradición, pero finalmente la Justicia boliviana la sobreseyó de esta causa.

Jimena Marset es la esposa de Sebastián Alberti Rossi, preso desde octubre de 2023, acusado por homicidio y condenado por fugarse de la cárcel.

Cabe recordar que Sebastián Marset desde la clandestinidad, había presionado para que su esposa Gianina García Troche, que ya está bajo custodia de la Justicia paraguaya sea liberada igualmente.

Su ubicación y detención por parte de las autoridades españolas se logró gracias al trabajo de cruzamiento de información entre el equipo de Búsqueda de Fugitivos de la Policía de España y el Departamento de Capturas Internacionales de Interpol Uruguay.

De acuerdo a las informaciones de los medios locales, la mujer de 29 años, estuvo en Uruguay hasta el 2024.

El requerimiento de la Justicia de Bolivia se dio a raíz de que había sido identificada en el grupo de personas que formó parte del grupo que huyó junto con el narcotraficante Sebastián Marset, tras un allanamiento que se realizó en Bolivia en julio del 2023.

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La información compartida por las fiscalías de Colombia y Paraguay señalan al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset entre los principales autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que conforman el segundo anillo del esquema criminal, después del anillo inicial de los ejecutores, que ya están condenados por la justicia colombiana.

“El proceso investigativo ha mencionado un primer anillo, que son la gente de participación directa (en el asesinato). Según la información de la Fiscalía colombiana, ya están condenados. Un segundo anillo estaría compuesto de la autoría intelectual, que ya nos vino de forma directa y clara; también se logra con informaciones internacionales, atribuyendo responsabilidad penal a Marset”, explicó el fiscal general de Estado, Emiliano Rolón, al programa “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

“Habría un tercer anillo que tiene que ver con los cruces de informaciones que debemos ir revisando con Colombia a través del convenio ECI que hemos activado”, agregó el titular del Ministerio Público, aludiendo al Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que fue conformado en octubre de 2024 entre investigadores de ambos países.

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Rolón realizó una conferencia de prensa, ayer lunes, en que sindicó la vinculación de Marset con el crimen que acabo con la vida de Pecci, el 10 de mayo de 2022, cuando pasaba su luna de miel en la isla de Barú, en Cartagenas (Colombia). La información fue proveída por el Ministerio Público de Colombia, a cargo de Luz Adriana Camargo, tras una reciente reunión en Madrid (España).

Los datos preliminares apuntan a que el prófugo uruguayo podría estar también en un tercer anillo, en que se especula la conformación de una “junta” de narcotraficantes a los que molestaba la labor del agente antimafia. Marset se encuentra con paradero desconocido desde el 2023, cuando logró burlar una operación policial destinada a capturarlo en Bolivia.

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