La Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) pide a la Cámara de Diputados una audiencia para plantear sus inquietudes sobre el proyecto de reforma del transporte público en el área metropolitana, que ya cuenta con media sanción del Senado. A la par, el gremio anuncia una huelga para los días 25 y 26 de setiembre.

Los chóferes argumentan que al establecerse como imprescindible el servicio del transporte público se colisiona con el derecho a la huelga y el paro. “Ni al sector de la salud no se le pide que trabaje el 70 % los días de huelga, esto no es un mínimo. Solo se le requiere que trabajen el 20 % o los que se encuentran en el área de urgencias”, dijo Hugo Zayas, secretario general de la FUTT, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

El Viceministerio del Transporte detalló que para garantizar el derecho a la huelga y el paro para el sector de los transportistas y la movilidad para la ciudadanía, la Cámara de Senadores estableció que el servicio de transporte público se declare imprescindible, fijando que en horario pico funcionen el 70 % de los buses y en la hora no pico, un 60 %.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) S.A. oficializó la presentación de su plan de renovación de redes de agua que beneficiará a 400.000 usuarios en Asunción.

Se busca evitar los reclamos y quejas de la ciudadanía, ya sea por caños rotos o falta del vital líquido. Para ello se sustituirán las cañerías que ya llegan a más de 70 años de uso, según el presidente del ente, el abogado Luis Fernando Bernal Mazó.

“Pedimos que nos ayuden a identificar algunos puntos críticos que a lo mejor muchas veces no identificamos en nuestro sistema de reclamos”, dijo en conferencia de prensa.

La Justicia Electoral recordó detalles organizativos de cara a la elección de intendente municipal en Ciudad del Este, que se desarrollará bajo el método convencional, es decir, utilizando papeletas impresas y con actas elaboradas a mano.

El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, explicó que la modalidad se ajusta a lo que establece la legislación vigente. “Se elegirá a través del método convencional, se utilizarán papeletas y las actas se realizarán a mano”, detalló el funcionario en conversación con la 920 AM

Ruiz Díaz enfatizó que la Ley solo obliga a la utilización de máquinas de votación en los casos en que se eligen cargos plurinominales, como miembros de cuerpos colegiados, lo que no corresponde a una elección de carácter municipal en donde se disputa un solo cargo.

Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.

Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.

El dueño de la supuesta empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.

El presidente Javier Milei anunció este miércoles en el Congreso de Paraguay una serie de proyectos para realizar de manera bilateral.

Según detalló, a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo; el memorándum de entendimiento para la exportación de gas desde Vaca Muerta, el acuerdo operativo Yacyretá, que reactivó las obras en Anacuá; optimizar la estructura de la hidrovía; acuerdos aéreos para agilizar el transporte, junto con agilizar los trámites en los pasos fronterizos y acuerdos migratorios.

Dos delincuentes en moto balearon el domicilio y el vehículo del periodista Fabián Costa, actual jefe de comunicación de la Municipalidad de Lambaré. El atentado no dejó heridos, pero sí un gran susto.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 de esta madrugada en la ciudad de Lambaré, en la vivienda del periodista Fabián Costa, quien relató que durante la noche participó de un evento, tras lo cual, regresó a su casa. Media hora más tarde, escuchó una lluvia de balazos.“Cuando me acosté, escuché los impactos, esperé unos minutos y me fijé en la ventana, vi una cantidad de pólvora en el ambiente”, relató Costa, en una entrevista con la 1020 AM.

El vehículo de Costas tuvo 17 impactos, uno de los cuales entró por el techo del rodado y salió por la puerta del conductor. También hallaron cinco disparos en la pared y uno en el aire acondicionado.

Cerro Porteño recibe este miércoles al Atlético Tembetary, desde las 19:00 en la Nueva Olla, en cotejo de regularización correspondiente a la fecha 11 del torneo Clausura 2025. El Campeonato se pone al día con el choque entre azulgranas y nómadas.

En este sentido, los puntos en juego son de vital importancia para el elenco dueño de casa, que debe ganar para darle algo más de crédito de su entrenador, Diego Martínez, cuya continuidad fue puesta en duda tras el pobre espectáculo ofrecido en Ka’arendy.Si el Ciclón pierde, terminará el Clausura con DT interino.

Por su lado, Tembetary llega a este lance con un pie y cuatro dedos en la Intermedia 2026. Sin embargo, ello no quiere decir que haga de brazos caídos y promete complicarle las cosas a su urgido rival.

Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.

Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.

En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.

Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró responsables a los excomandantantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.

Las investigaciones “mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.

Los excomandantes aseguraron en un comunicado estar dispuestos a “cumplir” con “el propósito de reparar a la sociedad colombiana”. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, dijeron.

El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.

Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.

• Fuente: AFP

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia admitió ayer lunes su competencia para investigar la eventual responsabilidad de Rodrigo Granda Escobar, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, registrado el 21 de septiembre de 2004.

Tras revisar un recurso de apelación en contra de una decisión emitida en abril de 2024, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad admitió la competencia frente a los hechos que se presentaron en territorio paraguayo. En diciembre pasado, Granda fue beneficiado con la amnistía por el delito de rebelión en cinco procesos relacionados con su pertenencia al extinto grupo armado, entre ellos, la “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC”.

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A través de una nota diplomática, el Ministerio Público paraguayo había reiterado la solicitud al Ministerio de Justicia colombiano para que coopere y cumpla con el tratado internacional de extradición para que Granda sea enjuiciado por el secuestro de Cecilia Cubas, que culminó con el hallazgo de su cadáver en 2005. El exguerrillero habría colaborado con la planificación y ejecución del delito en coordinación con el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La providencia también instruyó una serie de comunicaciones y notificaciones oficiales, pues ordenó a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho informar a las autoridades del Paraguay sobre el avance de la causa. En ejecución de lo dispuesto por el tribunal de paz, la decisión será notificada “al señor Rodrigo Granda Escobar, a su apoderado judicial y al delegado del Ministerio Público ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.

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Estados Unidos retiró ayer lunes la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos. La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

“Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína“, dijo el presidente Gustavo Petro en Bogotá. Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial, han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.

Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por los gobiernos tanto demócratas como republicanos. “El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis” considera la determinación presidencial firmada por el presidente Donald Trump.

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“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”, añade. En el texto, Trump asegura que considerará cambiar la designación si el gobierno de izquierda de Petro toma medidas “más agresivas”.

“Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentarse a los carteles de la droga”, añadió el secretario de Estado, Marco Rubio, crítico acérrimo de los líderes izquierdistas de América Latina, durante una visita a Israel. “Creo que tenemos aliados dispuestos, si dependiera del ejército, de la policía. Llevamos décadas trabajando”, dijo Rubio a los periodistas, al expresar su esperanza de que Colombia pueda volver a ser acreditada en el futuro.

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La descertificación de Washington es un desaire para el gobierno Petro en plena lucha contra carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Bogotá considera que sigue haciendo lo suficiente. En lo que va del año 2025 Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos del ministerio de Defensa.

La descertificación no implica la cancelación de toda la ayuda, sino que Trump tiene ante sí todo un abanico de medidas. Parte importante de la cooperación militar es por ejemplo la entrega y mantenimiento de helicópteros como los Blackhawks, valiosos para la lucha antinarcóticos.

“Se acaba la dependencia de las fuerzas militares colombianas de Estados Unidos (...). Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus propias armas”, declaró Petro. Fuentes oficiales destacan igualmente que Colombia ya había sufrido un importante recorte con el fin de los fondos de la agencia de ayuda Usaid, decidida por Trump al principio de su mandato.

Colombia fue descertificada una primera vez en 1996. En ese año gobernaba Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, que nunca fue comprobada. Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Washington es el principal socio comercial y militar de Bogotá.

Desde que llegó al poder en 2022, Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.

En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU. Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son malas, especialmente debido a las críticas del mandatario colombiano a su política de deportación de migrantes.

Fuente: AFP.