La corte suprema de Brasil decide a partir del martes el futuro del expresidente Jair Bolsonaro, quien se expone a más de 40 años de prisión acusado de intento de golpe de Estado, pese a las intensas presiones de Donald Trump. El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) del mayor país de América Latina debe conocer su veredicto de aquí al 12 de setiembre, junto al de siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

La fiscalía acusa a Bolsonaro, de 70 años, de haber liderado una “organización criminal armada” que conspiró para asegurar su “permanencia autoritaria en el poder”, a pesar de su derrota frente al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022. Desde principios de agosto, el líder de la derecha brasileña, ya inhabilitado políticamente hasta 2030, está bajo arresto domiciliario.

Él clama su inocencia y se considera víctima de una “persecución política”, a poco más de un año de las elecciones presidenciales. Su juicio tuvo además consecuencias inesperadas, al abrir una crisis sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos.Invocando una “caza de brujas” contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles de 50 % sobre una parte de las exportaciones brasileñas.

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Bolsonaro no asistirá a las audiencias finales, programadas durante cinco días hasta el día 12, informó a la AFP su defensa. Es la primera vez que un ex jefe de Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo. Un evento histórico cuarenta años después del fin de la dictadura militar (1964-1985), cuyos responsables nunca fueron llevados ante la justicia.

En Brasilia, se reforzó la presencia policial en la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran el palacio presidencial, el Parlamento y la corte suprema, constató un fotógrafo de la AFP. Las autoridades anunciaron “una vigilancia continua con equipos de última generación, incluidos drones equipados con cámaras térmicas”.

Fue en esta plaza donde, el 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas vandalizaron los centros de poder, exigiendo una intervención militar para desalojar a Lula, recién investido. Bolsonaro, que se encontraba entonces en Estados Unidos, está acusado por la fiscalía de haber sido el instigador de estos disturbios.

Según la acusación, el proyecto golpista también incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes. A cargo del juicio, este poderoso magistrado ha sido objeto de sanciones de la administración estadounidense, que lo acusa de una supuesta violación de derechos humanos.

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La audiencia del martes comenzará con la lectura, por parte de este magistrado, de un informe sobre el caso. Luego tomará la palabra el fiscal general, seguido de los abogados de cada uno de los ocho acusados. Moraes y cuatro de sus colegas votarán posteriormente para obtener un veredicto. El expresidente está acusado de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho. Enfrenta hasta 43 años de prisión.

En caso de condena, que podrá apelar, “es posible” que sea enviado de inmediato a prisión, según una fuente de la corte. Para la base bolsonarista, el apoyo de Trump es valioso. “Gracias a estas medidas, (los acusados) ven que no están solos, que hay alguien por encima de ellos que puede marcar la diferencia”, dijo a la AFP Carlos Sergio Alcántara.

Este empresario se manifestó el domingo junto con otros simpatizantes frente a la urbanización de lujo donde se halla en arresto domiciliario el exmandatario en Brasilia. Aunque sus aliados políticos creen que Bolsonaro está prácticamente condenado de antemano, apuestan por la aprobación en el Parlamento de una amnistía para evitarle la prisión.

Una condena, sin embargo, reactivará la carrera por su sucesión en la derecha. Mientras, Lula, de 79 años y con una popularidad reforzada debido a los ataques estadounidenses, se presenta como adalid de la “soberanía” brasileña. Y cuenta con buscar la reelección. Él mismo estuvo encarcelado entre 2018 y 2019 por corrupción pasiva y lavado de dinero. Su condena fue luego anulada por un defecto de forma.

Fuente: AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no comparecerá ante la corte suprema durante la fase final del juicio en su contra por golpismo, que se inicia el martes y se extenderá hasta el 12 de setiembre, informó a la AFP uno de sus abogados.

El líder ultraderechista, de 70 años y que se encuentra en prisión domiciliaria, debe ser declarado inocente o culpable de haber conspirado para impedir la asunción de su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

Consultado sobre si el exmandatario estaría presente en la sala durante esta fase, su abogado Celso Vilardi respondió: “No asistirá”.

• Fuente: AFP

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El exministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, dijo que se vuelve urgente retomar con Brasil la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú con la finalidad de evitar una futura crisis energética. La suspensión temporal de la revisión se originó tras constatarse un operativo de espionaje ejecutado por la Agencia Brasilera de Inteligencia (Abin) a las autoridades paraguayas que integran el equipo negociador.

“Esto es una perplejidad, la excusa de un espionaje extranjero me pareció a mí muy escolar, infantil. Si lo existiere, no es ningún pecado estatal, pero sí es un pecado de nuestro servicio de contrainteligencia. De todas maneras, no sé qué pudo haberse espiado, ya que todo se sabe”, indicó Acevedo, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Acevedo dijo que “si esto hizo que se suspendieran las negociaciones, me parece que es altamente perjudicial para la República, ya que no se avanza sobre un tema sensible y, si no se encuentra una solución inteligente, vamos a tener una crisis energética insospechable de aquí a cinco años. También se perjudica la República en el sentido de que la ciudadanía está en ayunas sobre un tema que forma parte de su principal activo, que es la energía que se emana desde Itaipú“.

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El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Jair Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones proveídas por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a través de un comunicado oficial difundido en marzo pasado.

“Yo no puedo entender la mudez del gobierno con respecto a este tema, por qué no se continúa, cuál es la razón poderosa para que no se continúe. El único beneficiario es el Brasil con esta dilación de la renegociación del anexo C, que debió haberse iniciado o culminado si es que hubiera voluntad y conocimiento. No puedo entender también el silencio de la Cancillería y su principal vocero en materia de negociación, el ministro de Industria y Comercio", comentó Acevedo a Nación Media.

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El tratado de la Itaipú Binacional fue el instrumento jurídico y diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.

El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentran definidas la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.

Paraguay se posiciona en segundo lugar en la región con los precios más bajos de combustibles, detrás de Argentina, según un estudio realizado por una firma uruguaya. Así también, señala el estudio que nuestro país lidera la región con los precios más bajos en energía eléctrica, tanto residencial como industrial.

Un estudio realizado por la firma uruguaya SEG Ingeniería, arrojó que nuestro país tiene precios competitivos en energéticos como electricidad y combustibles, comparando con otros países de la región como Uruguay, Argentina, Chile y Brasil.

El análisis tomó como base los precios reportados durante el mes de julio, cuando, en términos de combustibles, nuestro país quedó en segundo lugar, detrás de Argentina, entre los que tiene menores precios, tanto en gasoil como en naftas.

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En detalle, señalan que en Paraguay se comercializa, en promedio, el gasoil a USD 0,97 por litro (G. 7.100 al cambio actual), mientras que las naftas a USD 1,07 por litro (G. 7.832). Igualmente, en gas licuado de petróleo, el precio se encuentra también solo por debajo de Argentina, con USD 0,99 por kilogramo (G. 7.246).

Se recuerda que, según el Banco Central del Paraguay, en julio los precios de los combustibles habían tenido una variación mensual del 2,3 % respecto a junio, y puntualmente las naftas tuvieron inflación del 5,2 % en la común, y 3,9 % en la súper. Los gasoiles por su parte, aumentaron 2,8 % y 3,3 % en el común y el aditivado, respectivamente.

En energía eléctrica, de acuerdo con el informe, Paraguay es, por lejos, el país con el precio más bajo de la región.

Se detalla que, para las industrias, el servicio de media tensión cotizó en julio en USD 38 por megavatio/hora, mientras que en el residencial el precios fue de USD 67 por megavatio/hora.

A nivel local, según el Índice de Precios al Productor del BCP, el servicio de energía eléctrica tuvo al cierre de julio una variación del 0 % respecto al mes anterior.

El segundo país con el precio más bajo en energía eléctrica es Argentina, que para los industriales ofrece el servicio a USD 100 por megavatios/hora, y USD 116 para el sector residencial.

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