Estados Unidos levantó el viernes pasado las sanciones contra el influyente juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes, que encabezó el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. Las sanciones formaban parte de una serie de acciones punitivas tomadas contra Brasil por el gobierno del presidente Donald Trump, quien calificó el juicio contra su aliado Bolsonaro como una “caza de brujas”.

Moraes fue sancionado por el Departamento del Tesoro en julio y unos meses después fue incluida su esposa, Viviane Barci de Moraes. Las sanciones contra la pareja fueron levantadas tras esfuerzos para reparar los lazos diplomáticos entre Brasil y Estados Unidos, un golpe para Bolsonaro y su familia que habían hecho intenso lobby por las medidas.

Un alto funcionario del gobierno de Trump dijo a la AFP que “continuar la designación es inconsistente con los intereses de política exterior estadounidenses”. Moraes celebró el viernes el levantamiento de las sanciones en un evento en Brasilia, en presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Yo creía, y sigo creyendo (...) que la verdad, en el momento en que llegara a las autoridades estadounidenses, prevalecería”, dijo Moraes. “Y la verdad, con el empeño del presidente Lula y todo su equipo, prevaleció”. “El Poder Judicial brasileño no se doblegó ante amenazas, coacciones, y no se doblegará. Y continuó con imparcialidad, seriedad y coraje”, agregó el magistrado.

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Tras meses de animosidad, Trump y Lula mantuvieron su primera reunión oficial en octubre en Malasia, lo que desató una intensa ronda de negociaciones entre diplomáticos.

Como resultado, el gobierno de Trump el mes pasado eximió a exportaciones brasileñas clave de un arancel del 40 % que había impuesto en respuesta al juicio a Bolsonaro.

Los lazos entre Estados Unidos y Brasil se habían deteriorado incluso antes del juicio por decisiones judiciales de Moraes para regular las redes sociales, incluyendo el bloqueo temporal de la plataforma X de Elon Musk y cuentas de usuarios populares entre voces conservadoras.

Al imponer las sanciones, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent dijo que Moraes se había “arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas de Estados Unidos y Brasil”.

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Bolsonaro cumple una condena de 27 años desde noviembre, tras ser declarado culpable de un plan para impedir que Lula asumiera el cargo después de las elecciones de 2022.

Su hijo Eduardo, un legislador federal, se radicó en Estados Unidos a principios de este año después de meses viajando de ida y vuelta desde Brasil para hacer lobby por sanciones contra funcionarios judiciales.

En septiembre fue imputado por el delito de “coacción” por sus supuestos esfuerzos para influir en el resultado del juicio por golpismo contra su padre.

En una declaración en redes sociales, Eduardo dijo que la decisión de levantar las sanciones a Moraes fue recibida “con pesar”.

Señaló que “la falta de cohesión interna y el insuficiente apoyo a las iniciativas dirigidas en el exterior contribuyeron al agravamiento de la situación actual”.

“Estamos agradecidos por el apoyo que el presidente Trump demostró a lo largo de este camino y por la atención que dedicó a la grave crisis de libertades que asola Brasil”, añadió. El viernes, el alto funcionario del gobierno de Trump valoró positivamente la aprobación de un proyecto de ley por la cámara baja de Brasil, dominada por partidarios de Bolsonaro, que podría reducir considerablemente la condena de prisión del exmandatario.

Miles de personas se movilizan este domingo en las calles de Brasil para rechazar una ley que reduciría drásticamente la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de cárcel por golpismo. Las protestas, convocadas por movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles de izquierda, están previstas en decenas de ciudades, entre ellas Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo.

El icónico cantante Caetano Veloso lidera el llamado a una nueva “protesta musical” en la playa de Copacabana en Rio, repitiendo la fórmula de una convocatoria en septiembre contra una iniciativa que ampliaba la inmunidad de los legisladores y otra de una amnistía contra los condenados por un intento de golpe.

En Brasilia, cientos de personas se concentraron cerca del Museo Nacional, desde donde marcharán hacia el Congreso enarbolando pancartas con las consignas “Sin amnistía” y “Congreso, enemigo del pueblo”.

“Ellos legislan de espaldas a la población”, dijo allí a la AFP Thaís Nogueira, una profesora de 45 años. “Así que, al ver estas protestas, deben decir: ‘Uy! Tenemos que tener un poco de cuidado’”.

El foco de la protesta es un proyecto de ley, impulsado por la mayoría conservadora del Congreso, que modificaría las penas para crímenes contra el Estado democrático de derecho, entre otros.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en la madrugada del miércoles y ahora aguarda debate en el Senado, previsto para el próximo miércoles.

De aprobarse, Bolsonaro podría quedar en libertad condicional en poco más de dos años, según el autor del texto.

El ultraderechista fue declarado culpable de liderar un plan para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo tras las elecciones de 2022.

Según el Tribunal Supremo, el complot incluía planes para asesinar al presidente Luis Inácio Lula da silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.

“Reducir las penas a asesinos es inaceptable”, dijo Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores de Lula, en un video en Instagram al convocar la movilización. “Vamos a las calles (...) para proteger lo que es esencial para la democracia”.

El proyecto de reducción de pena resurgió días después de que Bolsonaro designara a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su sucesor de cara a las elecciones de 2026. Flávio había dicho estar dispuesto a retirar su candidatura a cambio de una amnistía para su padre.

Los parlamentarios bolsonaristas barajaron durante meses diversas opciones para aliviar el castigo al expresidente, incluida una amnistía que se desinfló tras las masivas protestas de septiembre. Los manifestantes también reclamarán por la aprobación por el Senado de la enmienda constitucional que incorpora la tesis del Marco Temporal, que restringe los derechos territoriales indígenas.

Fuente: AFP.