La acusación del tribunal para el distrito del este de Virginia expone que el narco nacido en Uruguay operó y tuvo su momento de mayor expansión durante el gobierno anterior.

• HOY.COM.PY

La acusación formu­lada por la Fiscalía de Estados Unidos ratifica que el narcotrafi­cante uruguayo Sebastián Marset extendió sus ope­raciones en Paraguay en el periodo de tiempo que coincidía con el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2019). El documento presentado por autorida­des norteamericanas ante el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia señala que Sebastián Mar­set habría iniciado su acti­vidad ilícita en Paraguay y la región por lo menos desde noviembre del 2019, extendiéndose hasta parte de 2021, inclusive.

La franja de tiempo men­cionada en la acusación fis­cal coincide con el periodo en que Mario Abdo Bení­tez ocupó la Presidencia de la República (2018-2023). A su vez, coincido con el período en que Arnaldo Giuzzio se desempeñaba como titular de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), institución en la que se desempeñó como ministro desde agosto de 2018 hasta enero de 2021. Tras su salida de dicho organismo, el exfiscal de Delitos Económicos fue nombrado como ministro del Interior.

Una de las personas que formaban parte del cír­culo cercano de Sebastián Marset para el tráfico de drogas era Marcus Vini­cius Espíndola, quien, de hecho, también posee vín­culos muy cercanos con Arnaldo Giuzzio, a quien entregó una camioneta en forma de préstamo para unas vacaciones en Bra­sil y con quien tuvo con­tactos para tratar de acce­der a licitaciones estatales, durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Para­guay se consolidó como un centro logístico clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con cifras récord en lo rela­cionado con incautaciones de estupefacientes.

Se estima que en un periodo de solo 16 meses entre 2020 y 2022, se enviaron más de 42 toneladas de droga a territo­rio europeo desde nuestro país. Tan solo en 2021 fueron enviados aproximadamente 32.000 kilos de cocaína con destino a puertos del Viejo Continente.

Una de las decisiones que habrían propiciado este paso indiscriminado de droga fue la que adoptó el exministro de la Senad Arnaldo Giuzzio, quien en 2020 firmó una reso­lución que desmanteló la Dirección de Investi­gación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT). Esta unidad era la encargada de realizar fiscalizacio­nes directas en los puer­tos privados, desde donde partían los contenedores hacia Europa.

Dicha medida implicó el retiro de agentes especia­les de las terminales por­tuarias privadas, lo que dejó los puertos de nues­tro país sin una vigilancia estatal durante el periodo de mayor auge de expor­tación de droga.

La audiencia que estaba prevista para ayer 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset. La solicitud se rea­lizó bajo el argumentando que requiere de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comuni­cación con el defendido. De acuerdo con informes periodís­ticos internacionales, Marset también incluyó a su equipo de defensa a un exfiscal de Estados Unidos, abogado, especialista en casos de crimen organizado.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Vir­ginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y lle­vado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo. Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organiza­ción, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Para­guay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal. Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga para cumplir con los requi­sitos legales para ejercer su defensa, por lo que fue reprogra­mada para este 25.

Un jurado de Los Ángeles declaró el miércoles a Meta y YouTube responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales, y ordenó a las empresas pagar 3 millones de dólares en daños.

La decisión abre la puerta a posibles indemnizaciones mucho mayores.

El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas que se le plantearon sobre ambas compañías, y concluyó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas y que esa negligencia fue un factor central en el daño causado a la demandante.

Los jurados también determinaron que ambas empresas sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador razonable de una plataforma sí lo habría hecho.

“La hora de rendir cuentas ha llegado”, dijeron los abogados de la demandante en un comunicado.

Un portavoz de Meta señaló que la empresa “respetuosamente discrepa” con el veredicto.

El panel atribuyó a Meta el 70 % de la responsabilidad por el daño sufrido por la demandante -una parte de 2,1 millones de dólares de la indemnización compensatoria- y a YouTube el 30 % restante, es decir, 900.000 dólares.

Te puede interesar: La energía eficiente se mueve al centro de la conversación para las mipymes

“Tres millones de dólares es un tirón de orejas para empresas como Meta y YouTube, que son dos de los mayores vendedores de publicidad del mundo”, dijo Jasmine Engberg, de Scalable, que hace un seguimiento de la industria de las redes sociales.

“Pero si estas empresas se ven obligadas a rediseñar sus productos, eso supone una amenaza existencial para sus modelos de negocio”, enfatizó.

El jurado determinó que ambas compañías actuaron con malicia, conducta abusiva o fraude, una conclusión que abona el terreno para una fase separada de daños punitivos.

La demandante, identificada en los documentos judiciales por sus iniciales K.G.M. y presentada solo como Kaley en el juicio, es la figura central de un caso modelo que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de perjudicar la salud mental de los menores.

Kaley comenzó a usar YouTube a los seis años, descargando la aplicación en su iPod Touch para ver videos sobre brillo labial y un juego infantil en línea.

Se unió a Instagram a los nueve, burlando un bloqueo que su madre había implementado para mantenerla fuera de la plataforma.

Declaró ante el jurado que su uso casi constante de las redes sociales “realmente afectó (su) autoestima”, y afirmó que las aplicaciones la llevaron a abandonar aficiones, tener dificultades para hacer amigos y compararse constantemente con los demás.

En los alegatos finales, el abogado de la demandante, Mark Lanier, presentó el caso como una historia de codicia corporativa.

Sostuvo que funciones como el desplazamiento infinito (scrolling), la reproducción automática de videos, las notificaciones y los contadores de “me gusta” fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes.

Meta y YouTube sostuvieron en todo momento que los problemas de salud mental de Kaley no tenían nada que ver con sus plataformas.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, destacó la conflictiva relación de Kaley con su madre y puso a los jurados una grabación en la que aparentemente se escucha a la madre gritarle e insultarla.

YouTube cuestionó cuánto tiempo pasaba realmente Kaley en su plataforma; su abogado dijo al tribunal que los registros de uso mostraban que ella promediaba poco más de un minuto al día en las mismas funciones que sus abogados calificaron de adictivas.

El jurado rechazó los argumentos de la defensa en las siete preguntas de cada formulario de veredicto que les fue entregado.

Un jurado diferente de Nuevo México determinó el martes que Meta era responsable de poner en peligro a los niños al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, y a otros riesgos.

Leé también: Desde el Viceministerio de Industria trabajan en fortalecer el mercado de la inteligencia artificial

La fiscalía había solicitado la indemnización máxima de 2.200 millones de dólares, pero el jurado otorgó una cantidad menor, de 375 millones de dólares.

Fuente: AFP

Estados Unidos atacó y destruyó una presunta narcolancha en el Caribe y mató a cuatro personas a bordo, informó este miércoles el Comando Sur, a cargo de la zona.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío transitaba en una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, aseguró el mensaje en X del Comando Sur.

“Cuatro narcoterroristas murieron en esta acción”, añadió el mensaje, acompañado de un video en blanco y negro que muestra una lancha en alta mar, antes de ser destruida.

Te puede interesar: Choferes paralizan dos ciudades de Bolivia en protesta por venta de gasolina contaminada

El gobierno de Donald Trump designó el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes, lo que a su juicio le permite atacarlos aunque no representen un peligro inmediato para las fuerzas desplegadas en el Caribe y el Pacífico.

Organizaciones de defensa de derechos civiles, así como instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han criticado ese tipo de ataques, que consideran ilegales según el derecho internacional.

Los ataques contra las lanchas se iniciaron en setiembre, y desde entonces han muerto más de 160 personas en el Carine y en el océano Pacífico.

• Fuente: AFP

Lea más: Presidenta de Venezuela destituye a embajador de Maduro ante la ONU

Los bombardeos continúan este miércoles en Oriente Medio pese al plan de paz anunciado por Donald Trump, con misiles y drones iraníes contra Israel y el Golfo y ataques israelíes sobre Teherán y Líbano. Irán y Estados Unidos negocian “en este momento” para intentar poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, afirmó el martes el presidente Donald Trump, e indicó que su emisario Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner, el vicepresidente JD Vance y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, participan en el proceso.

Varios medios, entre ellos el New York Times y el canal de televisión israelí Channel 12, sostienen que la administración Trump ha propuesto un plan de paz de 15 puntos a Irán por mediación de Pakistán, que tiene buenas relaciones con ambas partes. Según tres fuentes no identificadas citadas por Channel 12, Estados Unidos propone un alto el fuego de un mes, el tiempo para que las autoridades iraníes estudien sus peticiones.

Según el mismo canal israelí, de los 15 puntos, cinco se refieren al programa nuclear iraní, otros imponen el abandono del apoyo a los aliados de Irán en la región, como Hezbolá o Hamás, y un punto reclama que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación marítima. En contrapartida, Irán obtendría un levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), Irán está relajando la presión en Ormuz, por donde circulaba el 20 % de la producción de hidrocarburos antes de la guerra, y permitirá el “paso seguro” de “buques no hostiles”. El bloqueo de este paso desde que empezó la guerra ha disparado los precios del petróleo más allá de los 100 dólares el barril.

El martes Trump habló de “un regalo muy grande”, una posible referencia a la reapertura parcial de Ormuz, una información que hizo que los precios del petróleo volvieran a bajar. Sin embargo, Irán no ha confirmado ninguna negociación y el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf –que según la web de noticias Axios sería el interlocutor de Washington— lo ha desmentido categóricamente. La prensa estadounidense menciona además el envío a Oriente Medio de 3.000 soldados paracaidistas a modo de refuerzo.

La guerra desencadenada el pasado 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no da señales de tregua. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el miércoles haber lanzado ataques contra el norte y el centro de Israel, incluida la región de Tel Aviv, así como contra dos bases militares estadounidenses en Kuwait, una en Jordania y otra en Baréin.

Según los servicios de socorro israelíes, 12 personas resultaron heridas el martes cerca de Tel Aviv por uno o varios misiles iraníes. En Kuwait, un ataque con drones incendió un depósito de combustible en el aeropuerto internacional del emirato, según la autoridad de aviación civil, que no informó de víctimas.

Por su parte, como en las noches anteriores, el Ejército israelí anunció haber lanzado una serie de ataques “contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán”. “Los ruidos, las explosiones y los misiles forman ya parte de nuestra vida cotidiana”, dijo a la AFP por teléfono una mujer de 35 años, originaria del Kurdistán iraní y residente en Teherán.

Israel continúa también su ofensiva en Líbano, donde al menos nueve personas murieron el miércoles de madrugada en tres bombardeos en el sur, según la agencia de prensa oficial libanesa ANI. Esta zona es un bastión histórico del movimiento proiraní Hezbolá.

Desde que Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, los ataques israelíes han matado allí a más de mil personas y han causado más de un millón de desplazados, según las autoridades. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó el martes que las fuerzas israelíes “maniobraban en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada” hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera.

Fuente: AFP.