Las ollas populares, que son iniciativa de varias organizaciones civiles, seguirán realizándose gracias a las garrafas donadas por la empresa Puma Energy a organizaciones que benefician a los más afectados por la crisis sanitaria.
La Oficina de la Primera Dama de la Nación fue una de las primeras en recibir 100 garrafas. También la Pastoral Social Arquidiocesana recibió la donación de 260 garrafas, que equivaldrían a unos 130.000 platos preparados. La misma cuenta con más de 50 comedores gracias a la campaña “Acción solidaria desde el campo”, organizada por el CEA y la Appec (gremios del sector agropecuario).
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Miguel Ángel Avendaño, CEO de Puma Energy Paraguay, mencionó que “es muy gratificante poder brindar este apoyo a los sectores más afectados por el COVID-19”. Dijo además que esperan que con estas contribuciones a la heroica labor que están haciendo los voluntarios que organizan las ollas populares y comedores sociales “se logre encender la esperanza de tantas familias que están afectadas por la situación actual”.
Trayectoria
La empresa global de energía Puma Energy es una cadena de abastecimientos integrada por más de 3.082 estaciones de servicio y con una trayectoria de 20 años. Tienen como función el suministro de combustible de calidad y sus derivados en 47 países del mundo, atendiendo a más de 5 millones de personas diariamente por medio de 106 terminales de almacenamiento en los cinco continentes.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Se produjo una explosión en depósito de garrafas en Caacupé y genera un incendio
Un incendio se registró en un depósito de garrafas ubicado en el barrio San Blas de la ciudad de Caacupé y que provocó la explosión de las mismas. El hecho se registró a las 19:00, de acuerdo a las autoridades policiales que han intervenido en el suceso. Hasta el momento se desconocen cuáles podrían las circunstancias del incendio, pero las autoridades ya están trabajando para poder tener más datos al respecto.
Igualmente ha intervenido en el hecho el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa ciudad. A raíz de las llamas, varias unidades de garrafa explotaron y hasta el momento no se tiene registro de que alguna persona haya resultado con heridas.
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Los bomberos voluntarios pidieron a los vecinos del sitio afectado que evacúen la zona por precaución por lo que se está trabajando para poder sacar a los vecinos del sitio. También están en el lugar del hecho los agentes de la comisaría de Caacupé para apoyar los trabajos de los bomberos voluntarios que están trabajando para controlar todo el suceso.
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Investigan en el Este posibles negociados de Prieto en provisión de alimentos
Un equipo de tres fiscales de la Unidad de Delitos Económicos de la capital, integrado por Marlene González, Néstor Coronel y Luz Guerrero, realizó esta mañana tres allanamientos de sitios vinculados a la investigación de posibles negociados en la provisión de alimentos en pandemia y también en la perforación de pozos artesianos.
Se trata de causas abiertas contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Una de las intervenciones fue en el barrio San Roque, de Ciudad del Este, en Paraná Perforaciones y una despensa que se encuentra al lado de la citada empresa. Los fiscales Luz Guerrero y Néstor Coronel estuvieron en esos sitios.
La intervención realizada “guarda relación con kit de alimentos de subcomisiones que habrían hecho ayuda a familias de escasos recursos, en la época de la pandemia”, dijo el fiscal Néstor Coronel, durante uno de los allanamientos a la despensa.
Agregó que, “con estas diligencias estamos levantando elementos que vayan construyendo las hipótesis fácticas que tenemos dentro de la investigación”.
“Lo que vinimos a buscar son facturas, recibos de pagos, documentaciones de hechos que se habrían tornado irregulares y que puedan ser entendidos como tal o, para descartar cualquier situación que pueda ameritar una investigación penalmente relevante”, manifestó el fiscal Coronel, confirmando que llevan documentos.
También estuvieron en Paraná Perforaciones en la investigación de entrega de aportes municipales entregados a subcomisiones de apoyo para la construcción de pozos artesianos.
En Presidente Franco, la fiscal Marlene González, allanó un local de la empresa FASV Import Export, que guarda relación con supuestos negociados en aportes de dinero a subcomisiones de apoyo para entrega de alimentos para ollas populares.
De este lugar no se llevaron nada y la propietaria María Fátima Sartorio fue quien recibió a los intervinientes. Dijo que nunca participó de provisiones para ollas populares. El caso tiene que ver con la denuncia realizada por la Contraloría Ciudadana y entre los documentos de prueba está una factura de FASV Import Export.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.