El asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Eduardo González, destacó el trabajo y los logros de la asesoría en este último año. El mismo se refirió al informe de gestión presentado esta semana ante el director ejecutivo paraguayo, Luis Benítez; el ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno; el consejero Michel Flores, jefes de áreas y funcionarios de la binacional.

Detalló que entre agosto de 2023 y agosto de 2025 evitó el pago de G. 192.623.278.803 (USD 26.386.750) a través de gestiones jurídicas en juicios laborales, demandas civiles y acuerdos alcanzados.

“Hemos demostrado los resultados de este segundo ejercicio, que como lo veníamos haciendo habitualmente, en todo este tiempo tratamos demostrar con números los resultados de la gestión. Esta vez, en este ejercicio, hemos llegado desde agosto del 2024 hasta agosto del 2025 a un resultado de 11 millones de dólares, que tiene que ver con distintas áreas”, expresó en conversación con el periodista Aníbal Coronel.

También habló de otros trabajos, que se realizaron en este periodo, como la entrega de títulos, a personas que fueron beneficiadas como consecuencia de perjuicios o la pérdida de propiedad por la construcción de la represa, también las mejoras que se han tenido en las ciudades, como Encarnación, y todo lo que tiene que ver con la zona de afectación de obras.

El diputado Rodrigo Gamarra, quien integró la comisión especial que analizó la intervención a la Municipalidad de Asunción, sostuvo que los procesos aplicados en la capital y en Ciudad del Este dejan un mensaje contundente: ninguna municipalidad, sin importar el signo político, escapa al control ciudadano ni institucional.

“Las intervenciones reflejan que el Congreso tiene la potestad de autorizar la medida cuando la situación lo amerita. La intervención es una herramienta excepcional, pero cuando corresponde se utiliza. Eso deja en claro que nadie está por encima del control”, expresó en comunicación con La Nación/Nación Media.

El legislador señaló que la renuncia del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, cambia el alcance del informe elaborado por el interventor, Carlos Pereira, cuyo objetivo era definir si correspondía o no la destitución del jefe comunal.

“Con la renuncia, el proceso se cerró. El documento queda en el ámbito del Poder Ejecutivo y lo importante ahora es acompañar al nuevo intendente que será electo entre los concejales”, indicó Gamarra.

Agregó que cualquier situación jurídica derivada del informe deberá ser canalizada a través de los organismos competentes, como la Contraloría, la justicia, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los concejales o incluso los propios ciudadanos mediante denuncias.

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Al comparar los casos de Asunción y Ciudad del Este, donde en el primer caso el intendente Óscar Rodríguez renunció, mientras que en la comuna esteña se dio la destitución de Miguel Prieto, Gamarra resaltó que se trató de procesos políticos diferentes, pero que ambos confirman la vigencia de los mecanismos de control sobre las instituciones municipales, sin importar el signo político.

Por último, el legislador colorado cuestionó la postura de la oposición, a la que acusó de aplicar una “doble vara”. “Cuando se trata de un colorado, piden destitución inmediata, pero cuando se trata de un aliado político, lo protegen. La ciudadanía ya se da cuenta de esa incoherencia”, afirmó.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, indicó que mañana viernes presentará su informe final sobre la administración del intendente Óscar Rodríguez. El proceso de fiscalización se inició el pasado 24 junio sobre seis observaciones señaladas por la Contraloría General de la República (CGR), que derivó en la intervención.

“El viernes voy a presentar, estoy procesando las últimas informaciones. Un trabajo de esta envergadura es tedioso y minucioso, complicado, hay que ser muy ordenado también”, manifestó Pereira, anoche por Unicanal. “El informe va a tener las seis observaciones con todas las conclusiones bien contundentes, va a tener 181 páginas, y todas las debilidades encontradas en el control interno, los otros hallazgos, las cinco denuncias que hice al Ministerio Público y otras cuestiones fundamentales”.

El gobierno del presidente Santiago Peña realiza, este jueves, la entrega de 54 viviendas sostenibles, diseñadas para ofrecer condiciones dignas y seguras a las familias del barrio Chacarita Alta, en Asunción. La obra, a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuenta con una inversión de USD 14 millones, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Finalmente, y luego de casi un lustro de idas y vueltas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) confirmó la sentencia de la FIFA para el expresidente del Olimpia, Marco Trovato.

Según indica el periodista Álvaro Aponte, que cubre las actividades del club franjeado para Nación Media, el TAS no accedió al pedido del exdirigente deportivo, quien de esta manera queda fuera de toda actividad relacionada con el fútbol organizado, por el resto de su vida natural.

Con una superficie colosal, la obra de la nueva Academil presentará una superficie de 44.000 m², que demandará una inversión estimada de USD 23 millones y que ya recibió cinco propuestas económicas para la construcción de la nueva sede de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, de Capiatá, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“El acto de apertura de sobres se realizó este martes 20 de agosto en la sala de reuniones de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), en el edificio Imperial, sobre Alberdi casi Estrella, en Asunción”, indicaron y agregaron que el procedimiento corresponde al llamado MOPC N.° 44/2025, con ID 467817.

Libertad visita este jueves al River Plate de Argentina, en el colosal Monumental de Núñez, por el choque de vuelta correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025.

El conjunto Gumarelo buscará la clasificación en un campo donde nunca pudo ganar, pero las estadísticas están para romperse y esta es una magnífica oportunidad para superar la racha negativa, y así capturar el boleto que conduce a los Cuartos de Final.

El canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano confirmó que Paraguay y Estados Unidos mantienen conversaciones para avanzar hacia la exención de visas para los ciudadanos paraguayos que deseen ingresar al país norteamericano.

“Estamos abordando la posibilidad de eliminación de visa para el acceso a EE. UU.”, expresó el ministro en conferencia de prensa, tras ser consultado sobre los alcances del acuerdo de entendimiento de Tercer País Seguro (STCA), firmado entre ambas naciones el jueves pasado.