El Gobierno no prevé incrementar el monto que será destinado al subsidio para nuevos beneficiarios del programa Pytyvõ 2.0. Es así que la ayuda social se mantendrá en G. 548.210 y se llamará a un nuevo catastro para la inscripción de los potenciales receptores del beneficio económico.
El ministro de Hacienda, Benigno López, fue quien anunció este miércoles que el valor del subsidio no se alterará. “No va a haber aumentos”, aseguró López en comunicación con La Nación.
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El Ministerio de Hacienda se halla trabajando en el diseño de la nueva versión del programa de ayuda social Pytyvõ 2.0 y hacia finales de junio estima definir la aplicación y los segmentos a los que estará dirigida la asistencia estatal.
En principio se busca favorecer a los sectores de mayor necesidad como consecuencia del cese de actividades, debido a la cuarentena decretada por el Ejecutivo para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Se priorizará a quienes todavía están afectados en sus ingresos y “con una lenta recuperación”. En este grupo se menciona a los trabajadores de servicios generales, hoteles, restaurantes (mozos), informáticos, vendedores ambulantes, choferes, entre otros, según adelantó a La Nación la licenciada Carmen Marín, directora de Recursos Económicos del Ministerio de Hacienda.
En ese punto, Marín aclaró que el equipo técnico sigue trabajando cuidadosamente en la elaboración de la nómina de potenciales beneficiarios.
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Hasta el 3 de agosto, jubilados tienen tiempo para finalizar con censo digital
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró censar al 98 % de los jubilados y pensionados del sistema público, según confirmó Jorge Delgado, director de Jubilaciones y Pensiones. De los más de 76.000 beneficiarios registrados, solo restan por confirmar 1.400 casos, que serán verificados hasta el 3 de agosto.
El operativo de enrolamiento, iniciado en febrero, permitió actualizar datos, detectar casos de fallecimiento y evitar pagos indebidos. Incluso se identificaron casi 100 beneficiarios que residen fuera del país, indicó Jorge Delgado. Desde mayo, se bloquearon más de 8.000 tarjetas por falta de actualización, de las cuales ya se desbloquearon la mayoría.
Uno de los datos más llamativos es que la mitad de los beneficiarios no censados reside en el departamento Central. Esto, según explicó Delgado, se relaciona con la alta concentración de funcionarios públicos en el área metropolitana. “Hay una percepción de que en Central hay más acceso a la información, pero también hay una mayor cantidad de beneficiarios en esa zona”, precisó a la 920 AM.
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El operativo permitió, además, detectar cerca de 100 casos de personas que viven fuera del país y que continúan cobrando sus haberes, aunque ahora están debidamente identificadas. Este tipo de controles evita pagos indebidos y fortalece la transparencia del sistema.
Delgado explicó que más allá del control financiero, el censo permitió fortalecer la institucionalidad del sistema previsional. Por primera vez, se cuenta con una base de datos actualizada y validada, lo que facilitará futuras auditorías, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia, señaló.
Además, este proceso generó mayor conciencia entre los beneficiarios sobre la importancia de mantener sus datos al día y de cumplir con los requisitos administrativos para seguir accediendo al beneficio.
De cara al futuro, el director de Jubilaciones, mencionó que el Ministerio de Economía evalúa replicar este modelo de control en otros sectores de la administración pública. El objetivo es implementar un sistema de verificación continua, que permita mantener depurada la nómina y evitar filtraciones. Asimismo, no se descarta el uso de tecnología biométrica y digital para próximos censos, lo cual agilizaría aún más los procesos y reduciría costos operativos para el Estado.
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Plantean modificar ley de la tercera edad para incluir a personas con discapacidad severa
El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.
La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.
Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.
“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.
Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.
Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.
Principales modificaciones
Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.
Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.
Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.
González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.
Otro proyecto similar
Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.
Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).
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Miguel Prieto recusó a siete fiscales y un juez para trabar audiencia preliminar
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.
Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.
Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.
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Eliminar subsidio al transporte público obliga un estudio más complejo, advierte Chase
El senador colorado Natalicio Chase considera que la eliminación del subsidio al transporte público obliga a un estudio mucho más complejo que una decisión administrativa. Indicó que no se puede tomar alegremente decisiones parlamentarias, sin analizar las consecuencias que pudieran traer.
El líder de la bancada oficialista brindó su parecer respecto a la propuesta presentada esta semana por su colega liberal Líder Amarilla, que plantea la eliminación del subsidio estatal destinado al sector del transporte público en el área Metropolitana.
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Explicó que para llegar a la eliminación total del subsidio se requiere de un sistema de transformación profundo; ya que, al eliminar ese subsidio, va a repercutir directamente al costo del pasaje al ciudadano de la clase trabajadora.
“No es una cosa que alegremente se pueda tomar una decisión parlamentaria, sin contar con los estudios correspondientes. Llegado su momento se hará el estudio que corresponda con las autoridades del sector de transporte”, expresó.
No es simple decisión política
El senador Chase remarcó que este estudio no pasa simplemente por una decisión política; sino que se trata de una decisión liberal, en el sentido liberal de la economía, no en referencia al partido político; y que sea aplicado a la fuerza sí sería muy perjudicial para la clase trabajadora.
“Necesariamente se requiere de una transformación del sistema para reconstruir el costo del pasaje. Ya que hoy en día el subsidio está incluido en el costo del pasaje, y si se saca eso ahora, deberá subir en algún lado, alguien necesariamente va a tener que asumir el costo y es ahí que va a afectar a la clase trabajadora”, explicó.
Remarcó que es un sistema complejo y que prefiere dejar este análisis al ministerio de Obras Públicas, al viceministerio del Transporte, que haga el estudio que corresponda.
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