Cumpliendo el plazo establecido para la intervención de la Municipalidad de Asunción, el economista Carlos Pereira entregó este viernes su informe final de la fiscalización a la administración del intendente suspendido Óscar Rodríguez, que se había iniciado el pasado 24 de junio.

El documento fue presentado en las oficinas del Ministerio del Interior, cumpliendo así el mandato que recibió del Poder Ejecutivo, y tras su chequeo de conformidad a las normativas, será remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.

En la mañana de este viernes 22 de agosto, Pereira había adelantado que su dictamen desarrollado en 700 páginas abarca tres puntos centrales, respondiendo en primer lugar a las seis observaciones cuestionadas por la Contraloría General de la República (CGR), que fue lo que motivó el pedido de intervención.

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También contempla un análisis de la gestión administrativa, aspectos de control interno, hallazgos de inconsistencias contables, operativas, administrativas y observaciones de gastos. Por último, contempla cinco denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, entre ellas, sobre falsificación de planos y alteración de software.

Al respecto de las observaciones de la Contraloría, Pereira explicó que el resultado de la intervención ha coincidido con las 6 observaciones; haciendo la salvedad que en el punto 1 y 6 cuentan con mayor profundidad de estudio. Teniendo en cuenta que la CGR tuvo limitaciones en el acceso a la información. En cambio, él con su equipo tuvieron mayor acceso y pudieron analizar en profundidad.

“A pesar del tiempo hemos podido reunir toda esa información para poder hacer la trazabilidad desde la emisión de los bonos, hasta la percepción de los mismos, en cada una de las cuentas que en la administración del municipio se han manejado bajo la cuenta única; que por una confusión ha permitido que se haya mezclado de diferentes fuentes y orígenes los recursos financieros”, explicó.

Pereira indicó que esta situación llevó a que el 97 % de esos recursos se usaran en gastos corrientes y solamente el 3 % se destinó a obras de infraestructura. Esto fue lo que la CGR observó como una transgresión al artículo 197 de la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal, que ha sido confirmado por la intervención que le tocó encabezar.

“Ese endeudamiento ha permitido llevar a una situación de infracapitalización financiera al municipio. Lo que significa que todos los recursos que hoy cuenta la comuna, son absolutamente insuficiente", explicó.

Añadiendo que la recaudación que obtiene a diario por el cobro de los tributos resulta insuficiente ante el enorme caudal de obligaciones en el corto plazo que hace que las exigencias, vencimientos recurrentes y sucesivos hoy el municipio de Asunción esté en constante reprogramación de los pagos”, comentó.

El interventor Pereira mencionó que el informe también contempla otros hallazgos y otras debilidades halladas en distintas direcciones de la comuna. Pero también se plantean distintas soluciones a los problemas. Además, indicó que dejan plasmado un programa de proyectos de cómo el municipio podría comenzar a salir adelante de esta situación difícil financieramente hablando.

“Creo que hoy inicia otra etapa, y deberíamos ayudar a nuestro municipio; necesitamos restaurar la municipalidad, organizar reestructurar esta administración después de toda esta situación complicada. Se debe cambiar la forma de administrar, que se achiquen los gastos, que se reestructure todo el aparato administrativo que hoy está excesivo para lo que debería ser el municipio de Asunción”, acotó.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó 1.725 fiscalizaciones de julio 2024 a julio 2025, que permitió la protección efectiva de los derechos de más de 88.000 trabajadores en distintos sectores económicos.

Las acciones se distribuyeron en varios tipos de intervención. Se desarrollaron un total de 343 fiscalizaciones con órdenes de inspección, enfocadas en verificar condiciones laborales, cumplimiento salarial y normas de seguridad ocupacional.

Se concretaron 267 inspecciones en el marco de la Comisión Interinstitucional de Transporte, para combatir la informalidad en el sector y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Asimismo, se impulsaron 18 actuaciones conjuntas con el Instituto de Previsión Social (IPS), orientadas a detectar y regularizar a trabajadores no registrados en el seguro social.

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A nivel nacional se desplegaron 691 verificaciones en instituciones educativas dentro del programa Hambre Cero, que promovieron la formalización de más de 21.000 trabajadores del sector.

Igualmente, se implementaron 406 controles en el marco de la campaña “Feriado Paga Doble”, destinados a garantizar el pago correcto de salarios en días feriados, especialmente en comercio y servicios. Estas intervenciones se concentraron en áreas estratégicas como comercio, gastronomía, construcción, transporte y educación.

Desde el Ministerio de Trabajo explican que en muchos casos, las fiscalizaciones derivaron en la formalización inmediata de trabajadores, la corrección de incumplimientos y la adopción de medidas preventivas para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.

El plan incluyó además el fortalecimiento institucional de la cartera, a través de la capacitación continua de los equipos técnicos, modernización de procedimientos administrativos e incorporación de herramientas digitales, para garantizar mayor trazabilidad y transparencia.

También se impulsó un enfoque territorial, llegando a zonas de alta informalidad y trabajando de manera coordinada con gobiernos locales, gremios empresariales y organizaciones sindicales, informó el Ministerio de Trabajo.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Wal­ter Gutiérrez, anun­ció que el Poder Ejecutivo se encuentra analizando la posibilidad de imple­mentar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere de propuestas que se encuen­tran en el Congreso.

“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la pri­sión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo. Está par­ticipando una eminencia del derecho como es la exminis­tra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta”, explicó.

Detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibi­lidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad; en cambio, con la prisión permanente revisa­ble sí es posible, pero está sujeto a constantes análi­sis que determinen si real­mente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.

“Por ejemplo, si se le con­dena a una persona por 30 años en el marco de la pri­sión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis pro­fundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambien­tal y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado; si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.

Señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artí­culo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos pun­tos, de la reinserción de la persona privada de liber­tad, pero también de la pro­tección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradic­ción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado”, sostuvo.

Esta propuesta en análisis es diferente al del diputado Rubén Rubin, que estipula incluso 90 años. El minis­tro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador; si bien fue pre­sentada como una prisión permanente revisable, no lo es. “No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho. Así como está planteada la pro­puesta, es inconstitucional”, aseveró.