Al cierre del mes de junio de este año, la Caja Fiscal presenta un déficit acumulado de 28%, lo que equivale a G. 474.946 millones, según el último reporte de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
El informe señala que el total de aportes de los seis sectores que integran la Caja Fiscal, en el periodo señalado, asciende G. 1,19 billones, mientras que los gastos demandaron unos G. 1,66 billones.
Los sectores superavitarios son los que pertenecen a los empleados públicos, con un saldo positivo del 80%; los magistrados judiciales, con 34%, y los docentes universitarios, con 21%.
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En tanto que los sectores deficitarios están encabezados por los militares, con un saldo negativo del 77%; los policías, con -60%, y los maestros, con -40%.
En los primeros seis meses de este año, la Caja Fiscal desembolsó un total de G. 275.901 millones para los empleados públicos, G. 50.019 millones para los docentes universitarios y G. 23.954 millones para los magistrados judiciales. Para los militares desembolsó G. 325.402 millones, para los policías G. 322.869 millones y para los maestros G. 669.639 millones.
Dentro de los jubilados, en el sector superavitario existen unos 16.835 empleados públicos (25,2%), 1.310 docentes universitarios (2%) y 505 magistrados judiciales (0,8%). En el sector deficitario están 31.860 maestros (47,6%), 8.080 militares (12,1%) y 8.313 policías (12,4%).
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Titulación masiva del Indert: experto en economía agrícola destaca beneficios de la formalización
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.
El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.
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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.
Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.
“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.
Notorios cambios en la gestión
Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.
“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.
Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.
Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.
Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.
“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.
Otros beneficios
Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.
“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.
Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.
Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.
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Imputan por abuso sexual a profesor de artes marciales y piden prisión
El fiscal de Emboscada Christian Benítez Cáceres imputó a un profesor de artes marciales (Taekwondo) por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, en el que resultó víctima una alumna suya de 13 años. El imputado, de 35 años, se encuentra privado de libertad de forma preventiva en la Comisaría 2da. de la ciudad de Altos.
Ahora, el juzgado penal de garantías deberá citar al imputado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si se ordena la prisión del investigado o se le concede medidas alternativas a la prisión.
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En caso de que se decrete la prisión del imputado la defensa del mismo tiene la posibilidad de poder apelar el fallo judicial y si eso sucede será un tribunal de apelación el que definirá si el profesor de artes marciales estará libre o preso.
Teniendo en cuenta los elementos de sospecha con los que se cuenta, el agente fiscal decidió imputar al sospechoso y requerir al juzgado penal de garantías su prisión preventiva. Esta medida cautelar fue solicitada en atención a la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena privativa de libertad que pesaría para el imputado, la cual oscilaría entre un mínimo de 15 años y un máximo de 30, en caso de ser hallado culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños en su modalidad agravada.
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Vació la cuenta bancaria de su tío y fue imputado por acceso indebido a datos personales
El agente fiscal de Villa Hayes, Armín Echeguren, presentó imputación contra Óscar Corvalán, por los hechos punibles de hurto y acceso indebido a datos personales. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado.
Ahora el juzgado Penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se conocerá si el imputado estará privado de libertad o si será beneficiado con medidas alternativas.
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El hombre fue detenido mediante un procedimiento fiscal-policial en la ciudad de Villa Hayes, debido a que es el sospechoso de haber vaciado las cuentas bancarias de su tío, un adulto mayor. En el lugar allanado, encontraron el celular sustraído del tío del cual se realizó el vaciamiento de las cuentas, según investigación. Los datos señalan que el hombre trianguló un total de G. 18 millones.
El Ministerio Público tiene ahora seis meses para presentar su requerimiento conclusivo que puede ser la acusación fiscal o una salida procesal siempre y cuando devuelva todo lo que le sacó a a víctima del hecho.
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Nueva chicana de Prieto: recusa a fiscales días antes de la audiencia preliminar
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó una recusación ante la Fiscalía General contra el fiscal Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, quienes lo investigan por la presunta compra fraudulenta de víveres en pandemia. Ante la acción promovida por el jefe comunal, los agentes del Ministerio Público se verían imposibilitados de participar en la primera audiencia del caso.
“Esto, como viene como aconteciendo desde bastante tiempo, es la presentación de actos dilatorios, siempre frenando la audiencia preliminar o tendiente a eso. Esta vez se recurrió a la recusación contra los tres fiscales y se acortan los plazos en cuanto a la resolución de esta recusación, que no se ajusta a la verdad”, expuso Corbeta.
En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el fiscal señaló que esta acción encabezada por Prieto se da días antes de la audiencia preliminar, fijada para la próxima semana, por lo que probablemente, los tres agentes se verían imposibilitados a participar de la misma.
“En primer lugar resuelve nuestro superior jerárquico inmediato que es la Fiscalía Adjunta, posteriormente eso se notifica a las partes y esta tiene la posibilidad de impugnar la resolución ante el fiscal general y es él quien resuelve. Lo más seguro que esta situación produzca que los tres fiscales que conocemos a cabalidad la causa, no podamos participar de la audiencia preliminar y somos los que más conocemos los hechos”, lamentó.
El argumento vertido por la defensa de Prieto para recurrir a esta recusación es la supuesta viralización de una declaración que recorrió los medios, acusando a los fiscales de que fueron los responsables de dicha viralización. “Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como agentes fiscales y en ningún momento hemos viralizado ninguna declaración, presumimos que se habrá filtrado a través de terceras personas, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa filtración”, sentenció.
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