“La oposición se jacta de tener la bola de cristal y adivinar el futuro”, sostuvo el diputado Alejandro Aguilera, ante la nueva maniobra de la oposición que, conjuntamente con los medios de comunicación afines, busca instalar que el oficialismo apunta a “liquidar” el proceso de intervención a la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, dentro de un plazo de 60 días.

“Lo que sí está cantado es que la oposición busca instalar la absolución por adelantado de Prieto así como la culpabilidad del intendente de Asunción, Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez, sin siquiera investigar. Yo puedo asegurar que, sea cual sea el informe que traigan los interventores, esa será su hoja de ruta”, comentó el legislador, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el parlamentario argumentó: “Nosotros somos gente responsable, esperaremos que las instituciones funcionen, que el interventor haga su trabajo para luego tomar nosotros una decisión. Se espera que el interventor investigue todos esos hechos que el contralor señaló en su dictamen, estamos a la resultas del trabajo”.

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“Hace una semana los opositores decían que nosotros los del movimiento Honor Colorado no íbamos a votar por la intervención de la municipalidad de Asunción, al final de cuentas los incoherentes fueron ellos, no nosotros”, refirió Aguilera.

El legislador acotó: “Nosotros los colorados, más todavía los de Honor Colorado, hemos votado por intervenir la municipalidad más importante administrada por un colorado. No existe un municipio más importante que la capital de la República del Paraguay, sin embargo, ellos votaron en contra de la intervención a la gestión de Prieto”, refirió repudiando el blindaje que pretenden los opositores a favor del líder del movimiento Yo Creo.

En la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría, se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

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El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño se refirió a su postura frente a los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, que fueron tratados el pasado miércoles en la Cámara Baja. Mientras que votó a favor de la intervención en Asunción, optó por la abstención en el caso de Ciudad del Este, marcando así una diferencia dentro de la posición adoptada por la multibancada opositora.

“Es una posibilidad de controlar. La comisión tiene muy poco tiempo para llegar a una convicción o documentar hacia dónde está la razón. Por eso, para mí la tendencia es ir por la intervención porque entiendo que es un procedimiento de control y transparencia, y esa siempre ha sido mi fundamentación”.

Avalos Mariño defendió la constitucionalidad del proceso iniciado por la Contraloría General de la República y sostuvo que, a su entender, ambos pedidos de intervención, tanto el de Asunción como el de Ciudad del Este, se ajustan a los parámetros legales.

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“La abstención de ayer fue más que nada porque en la multibancada se resolvió votar en contra de la intervención. Les expliqué a los compañeros que, por una posición que vengo sosteniendo desde siempre, se me iba a hacer muy difícil votar en contra. Entonces, un término medio fue la abstención”.

El legislador señaló que en el caso de Ciudad del Este, primaron los criterios políticos por parte de sus colegas opositores. “Lo que primó fue la instrumentación política, y eso creo que motivó que la multibancada decidiera votar en contra”, apuntó. Sin embargo, reafirmó su visión sobre la intervención como una herramienta útil.

Finalmente, señaló que el proceso puede generar mayor claridad sobre la administración de los municipios. “La Contraloría obró de acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo hizo lo mismo, y a partir de ahí pasa la segunda etapa, que queda en manos de los interventores, quienes deben hacer un trabajo objetivo y traer un informe para tomar decisiones finales. Porque en esta etapa estamos hablando de la posibilidad de destitución, y estamos hablando de autoridades electas por el pueblo”, concluyó ante las 800 AM.

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El abogado constitucionalista Marcelo Duarte fue consultado sobre las atribuciones que contarán los interventores designados por el Poder Ejecutivo para indagar las administraciones de los intendentes Miguel Prieto, de Ciudad del Este, y Óscar Rodríguez, de Asunción.

“El trabajo de los interventores es bastante complejo, se concentra en cuestiones de carácter administrativo imprescindible para que la municipalidad siga funcionando, no puede tomar ninguna decisión de orden político, ya que no es su función“, afirmó el exsenador en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Duarte detalló que el interventor no cuenta con la potestad de realizar despidos de funcionarios. “No es su función, no son administradores, es la persona encargada de establecer lo que se hizo con la administración municipal”, manifestó, aclarando que el proceso de fiscalización de ambos municipios deberá limitarse solo al período de mandato de ambos jefes comunales.

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La Cámara de Diputados aprobó ayer miércoles los pedidos de intervención a ambos municipios con amplia mayoría luego de analizar los reportes de irregularidades detectados por la Contraloría General de la República (CGR). De esta manera, Prieto y Rodríguez quedarán suspendidos en sus funciones una vez iniciado el proceso de fiscalización.

El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 15 días para designar a los interventores, según establece la Ley 317/94 “que reglamenta la intervención de los gobiernos municipales y departamentales”. Para la intervención de la municipalidad capitalina se maneja el nombre del consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Carlos Pereira. Mientras que para la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este cobra fuerza el nombre de Ramón Ramírez Caballero.

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La Cámara Baja aprobó este miércoles los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Durante el debate, los legisladores de la oposición tuvieron diferentes criterios al momento de considerar si era necesaria o no la presencia de auditores en ambas comunas, lo cual fue calificado como un “festival de hipocresía” por parte del diputado Alejandro Aguilera.

“Ellos atacaban diciendo que el pedido de la Contraloría General de la República era inconstitucional, esa fue la defensa utilizada por la mayoría de los diputados de la oposición que hizo uso de palabra cuando se estaba tratando la intervención en Ciudad del Este, pero después de 10 minutos, cuando se tenía que votar lo de Asunción, ahí ya era constitucional y votaron todos por la intervención”, afirmó.

Aguilera manifestó que existe un doble discurso por parte de los opositores cuando se trata de realizar controles, dado que cuando se trata de fiscalizar la actuación de sus referentes, califican el hecho de persecución política o de inconstitucionalidad, no obstante, cuando el control está dirigido a un municipio liderado por un colorado, aplauden y celebran el hecho.

“Esa es la realidad y hoy quedó demostrada la hipocresía de la oposición, era una brillante oportunidad para que ellos, de los grandes discursos que dan cuando hablan de que son pro transparencia, lleven a los hechos, acompañando el pedido de intervención a Ciudad del Este, pero no lo hicieron, no hay argumento válido para ellos cuando se trata de un miembro de su equipo”, cuestionó ante la 1020 AM.

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El Poder Ejecutivo debe designar a los interventores, tanto para Asunción como para Ciudad del Este. Una vez realizado el nombramiento, ambos equipos tienen un plazo de 60 días para realizar el proceso, con la posibilidad de pedir prórroga por única vez por un plazo de 30 más. Posteriormente, deberán presentar un informe a la Cámara de Diputados con los resultados de la intervención.

“Ahí tomaremos la decisión de si son destituidos o si son absueltos porque la Cámara de Diputados es la que tiene la palabra final. Por el momento, los intendentes están suspendidos en sus funciones, pero la municipalidad no para, los contribuyentes pueden seguir haciendo sus gestiones, el municipio va a seguir funcionando, solo que va a funcionar con un interventor a la cabeza que va a estar recabando datos de acuerdo a los indicios de hechos punibles señalados”, explicó.

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