El abogado Carlos Hernán Escobar, director general del Sistema 911 del Ministerio del Interior, informó este viernes que la institución adjudicó al consorcio Track Group la provisión de tobilleras electrónicas para monitorear a personas bajo prisión domiciliaria o con órdenes de restricción.

“Se cumplió con el todo plazo y las formas. En total se presentaron 4 consorcios y una empresa, se hicieron las evaluaciones documentales y técnicas”, comentó a la 1020 AM. Escobar dijo además que ahora correrá un plazo de 7 días hábiles para la presentación de protestas por parte de las firmas que participaron en la licitación.

En el caso de no registrarse alguna oposición, se procederá a la firma de contrato con el consorcio adjudicado con la participación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “La intención que tenemos es que las tobilleras sean aplicadas antes de fin de año, ya tenemos el pedido por parte de un juez para la aplicación de una tobillera”, manifestó.

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Por otra parte, Escobar calificó como un rumor las versiones que sostienen que la firma encargada de proveer las tobilleras electrónicas al citado consorcio se encuentre en quiebra. “Nosotros hemos solicitado informes a otros países sobre los consorcios y la empresa que se presentaron. El tema de la quiebra nada más es una cuestión de rumores y peleas entre proveedores, por intereses particulares entran a embarrar la cancha”, lamentó.

Asimismo el funcionario de la cartera de seguridad interna acotó: “Estamos seguros y conformes con el desempeño de la evaluación que se ha hecho. Acá hay intereses económicos muy grandes”. Añadió que todo el proceso de adjudicación fue seguido por las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Defensoría Pública.

Mencionó a la vez que actualmente se encuentran trabajando en la elaboración del protocolo de implementación y reacción. “Esto prácticamente será como un beneficio para las personas privadas de libertad, solo que deberá comportarse como corresponde”, puntualizó.

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A través de un proyecto de ley legisladores pretenden formalizar el trabajo en el campo. Se trata del proyecto economía social y solidaria. El senador Carlos Núñez, presidente de la Comisión Bicameral de Economía Social, encabezó una mesa de trabajo para establecer un acuerdo y consenso acerca de esta iniciativa.

“Hemos creído conveniente invitar a autoridades del Gobierno, invitar a viceministros, viceministras de entidades sociales, del Ministerio de Economía, para poder consensuar y sacar un proyecto de ley muy interesante, muy importante”, indicó el legislador en conversación con los medios de comunicación luego de la reunión de trabajo.

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Esta iniciativa busca incluir a los trabajadores campesinos en el sistema formal y con ello acceder a beneficios sociales, además de dar un empuje a la economía de los productores que tienen el objetivo de crecer en su emprendimiento.

“El proyecto de ley de economía social y solidaria, para que el día de mañana esos campesinos que están trabajando de forma informal, que puedan a través de mipymes, a través de este proyecto formalizar y ayudar al Gobierno a esa gente que tanto quiere crecer”, apuntó.

Explicó que esta es la primera reunión de esta mesa de trabajo para el debate de este proyecto. “En el campo, miles de compatriotas trabajan en la chacra y no pueden vender su producto porque falta formalizar, y todo eso nosotros tenemos en cuenta y ahora instalamos esta mesa de trabajo”, sentenció.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) reafirmó su compromiso con la ganadería sostenible tras el anuncio de la cadena francesa de alimentación (Carrefour) de suspender la compra de carne de países del Mercosur, reiterando que la industria realiza esfuerzos sostenidos para garantizar altos estándares internacionales en sostenibilidad.

Según explicó el gremio ganadero en un comunicado, este anuncio está basado en argumentos carentes de fundamento técnico, atenta directamente contra un sector que es clave para la seguridad alimentaria global, el desarrollo social y económico de nuestra región, poniendo en riesgo la estabilidad de suministro de alimentos a ese mercado.

“La producción ganadera del Mercosur es reconocida mundialmente por su contribución a la seguridad alimentaria, abasteciendo de carne de alta calidad a más de 100 países y garantizando acceso a proteínas esenciales para millones de personas”, mencionaron. Los productos más exportados a la Unión Europea por parte del bloque económico latinoamericano en 2023, son el ganado y piensos, productos petrolíferos y minerales las principales categorías.

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En ese sentido, la ARP mencionó que la industria cárnica de la región realiza esfuerzos sostenidos para implementar y reforzar prácticas que minimicen el impacto ambiental, como sistemas silvopastoriles y tecnologías de trazabilidad avanzada. La medida amenazaría el desarrollo económico regional al desincentivar la inversión, debilitar la confianza en los mercados internacionales y obstaculizar el comercio justo y libre entre naciones.

La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB) también se pronunció al respecto, remarcando que la decisión debe ser reconsiderada, ya que no tiene sustento científico que la justifique. “Repudiamos la declaración del CEO de Carrefour, Alexandre Bompard. Varias asociaciones del Mercosur consideramos que dicha red debe reconsiderar su postura y asesorarse de fuentes científicas y técnicas”, indicaron.

Esto se enmarca en las protestas de los productores franceses como rechazo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Los detractores del acuerdo también se centran en su costo medioambiental, con el riesgo de que se incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación si aumentan, por ejemplo, las exportaciones sudamericanas de carne vacuna.

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El presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, manifestó que es una prioridad para la institución y el Gobierno que el proyecto de tren de cercanías sea aprobado en la brevedad posible en el Congreso, de modo a poder avanzar con las siguientes etapas de esta iniciativa, cuyas obras tomarían alrededor de cinco años.

“Estamos muy focalizados, el tren de cercanías es el proyecto principal de Fepasa, es una decisión política del Gobierno nacional y por eso el presidente de la República firmó con carácter de urgencia. Nosotros vamos a empezar a recorrer las comisiones para contestar todas las preguntas que tenga el Congreso a fin de que esto se apruebe a fin de año”, expresó Salinas a la 650 AM.

Asimismo, indicó que a medida que esto avanza en el Poder Legislativo, Fepasa continúa ajustando los datos de factibilidad del proyecto, el cual es llevado adelante en conjunto con una consultoría. El estudio está siendo realizado con expertos en trenes y el objetivo es definir todos los lineamientos con miras al diseño del pliego de bases y condiciones para la licitación.

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“La licitación queremos hacerla el año que viene, debemos trabajar con una precalificación y la idea es llegar a agosto con una licitación armada, el pliego, el modelo financiero, el proyecto, la demanda, entre otras cosas. Hoy tenemos un grado avanzado del proyecto, vamos a terminar las definiciones funcionales con las soluciones de ingeniería, el estudio topográfico de suelo y precatastro”, detalló.

Salinas manifestó que para este proyecto se volvió a revisar toda la demanda estimada para el tren de cercanías, ya que el anterior proyecto era “extremadamente optimista”, hecho que no es positivo para las finanzas. El análisis de esto se realiza gracias al estudio más reciente del Viceministerio de Transporte, el cual cuenta con datos de la movilidad en el área metropolitana.

“La financiación está por definirse, siempre se habló de un aporte estatal de entre USD 100 y 150 millones de cofinanciamiento, el resto es capital privado más deuda privada. Cuando hablamos de esto, es capital propio de la empresa y la deuda por el proyecto en sí, la garantía sería la renta del proyecto”, explicó.

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