Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) volvieron a reunirse con miembros de la Asociación de Casas de Cambio, en un intento por consensuar con respecto a la modificación de normas que afectan al sector.
La reunión estuvo liderada por el propio ministro Carlos Arregui, quien junto con el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, presentaron la propuesta a los referentes del citado gremio. Se busca arribar a un acuerdo en la aplicación integral de las normativas emitidas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Desde la Seprelad adelantaron que el ajuste al artículo 33 de la resolución 248/20 consistirá, básicamente, en la eliminación del criterio de “operación única”, estableciendo un parámetro operativo sobre un periodo de 12 meses continuos. Esto, siempre que no se superen 50 salarios en dicho periodo, siendo el Sujeto Obligado el encargado de administrar el riesgo con base en la posibilidad de que se acumulen operaciones, y cuando estas no superen la cantidad de 25 transacciones por trimestre.
Así también, explicaron que al elevar el parámetro y extender el plazo de corte de periodicidad (a 12 meses), los Sujetos Obligados tendrían un mayor periodo de adaptación y realización de ajustes internos para aplicar adecuadamente la norma.
Todo ello facilitaría la optimización de recursos que deban estar direccionados de manera permanente al análisis de operaciones en el marco de los procesos de debida diligencia, refirieron las autoridades.
Por último, aclaran que –considerando el volumen promedio de transacciones identificado en función a los datos estadísticos expuestos por el Banco Central del Paraguay (BCP)– la redacción actualizada respalda todo el proceso ya desarrollado desde la Seprelad. Además, la implementación será progresiva, para atenuar los impactos en el sector.
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Ley de la Función Pública elimina vacío legal y profesionaliza la carrera, afirma abogado
El abogado laboralista Jorge Rivas Careaga, destacó los principales avances de la ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, que entró en vigencia este 16 de julio último y que tiene como objetivo promover una administración pública más eficiente, profesional y orientada al mérito. Con esta normativa se deroga la ley n.º 1626/2000, de la Función Pública.
“Siempre los cambios generan inquietudes y eso es absolutamente natural. Teníamos una ley que estuvo vigente 25 años, entonces, por supuesto, cualquier modificación genera temores, expectativas. Esta ley 7445, fundamentalmente lo que hace en conjunto es recoger todas las experiencias de la función pública durante los años de vigencia de la ley 1626, aprender de esas experiencias, corregir los errores y mejorar la anterior normativa”, indicó Rivas en una entrevista con el programa “Tarde de perros”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Esta es una norma reguladora que yo considero, no un paso, sino un salto para adelante, con garrocha, si se quiere, por la virtud de haber recogido todo lo que se tenía con la ley anterior. Muchas disposiciones, doctrinas de los tribunales que ya estaban vigente en materia administrativa también fueron recogidas”, acotó Rivas.
La 7445/2025 estipula reglas claras para la gestión del talento humano en el sector público, incorporando por primera vez una Carrera del Servicio Civil y un sistema para directivos públicos, con estándares más rigurosos y perfiles diferenciados para cargos técnicos y profesionales.
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Autonomía constitucional
Se aplica a todas las instituciones públicas, incluidas aquellas con autonomía constitucional, reconociéndoles la facultad de reglamentar internamente la aplicación de los principios generales establecidos por la ley. De esta manera, se supera el vacío legal dejado por la 1626/2000, que durante su vigencia fue objeto de varias acciones de inconstitucionalidad por pretender imponer una rectoría centralizada desde el Ejecutivo.
La norma también agrega un sistema para directivos públicos, eleva los estándares para asesores institucionales al exigir experiencia comprobada, y establece perfiles diferenciados para los cargos técnicos y profesionales.
“Yo soy un férreo defensor del derecho a peticionar a las autoridades, no podemos vivir en una República democrática si no podemos peticionar. Si la gente cree y entiende que hay derechos laborales en peligro de ser vulnerados tiene todo el derecho y la obligación de expresar sus disconformidades y salir en defensa de lo que cree que es justo. Yo, haciendo un análisis técnico, me parece que no hay de ninguna manera una vulneración de la autonomía constitucional”, dijo.
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BCP lanza consulta pública para nuevo marco de seguridad en el Sistema de Pagos
El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la apertura de un proceso de consulta pública para dos propuestas normativas clave: la Estrategia de Reducción de Fraudes para Puntos Finales del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) y su correspondiente Norma de Monitoreo.
Esta iniciativa, alineada con las mejores prácticas internacionales del Banco de Pagos Internacionales (BIS), busca fortalecer de manera proactiva la seguridad del ecosistema de pagos nacional frente a la creciente sofisticación de los fraudes financieros.
La estrategia propuesta establece un marco de cumplimiento obligatorio para todas las entidades participantes del SIPAP (bancos, financieras, cooperativas, etc.), con un foco específico en las operaciones del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) y el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). Su objetivo es minimizar la probabilidad de fraudes en las transferencias de fondos mediante la adopción de lineamientos estratégicos en prevención, detección y respuesta.
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Para asegurar su efectiva implementación, la Norma de Monitoreo define el marco operativo, estableciendo los roles, responsabilidades y la metodología de supervisión que el BCP aplicará. Este enfoque busca no solo mitigar los riesgos, sino también fomentar una cultura de seguridad, colaboración y mejora continua en todo el ecosistema.
El objetivo final es construir una defensa colectiva más robusta, reforzando así la confianza y la estabilidad del sistema financiero nacional.
Invitación a consulta pública
El BCP invita a todas las entidades participantes del SIPAP, asociaciones del sector y a la sociedad en general a revisar ambos proyectos normativos y a enviar sus comentarios, sugerencias y aportes. Los textos completos están disponibles para su descarga en: Estrategia de Reducción de Fraudes para Puntos Finales y Norma de Monitoreo.
Los comentarios lo pueden realizar en el siguiente formulario. El plazo para la recepción de comentarios finaliza el viernes 18 de julio de 2025.
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Seprelad: acusados vuelven a trabar caso y va a la Corte
La causa que investiga la filtración de documentos y falseamiento de información de Seprelad tropieza nuevamente con una paralización. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.
Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apelación general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cuestionan la resolución del tribunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los procesados en el presente caso.
CHICANA
Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apelación de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exministros de Abdo.
Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación integrado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos colaboradores de Abdo Benítez.
Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes planteados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.
La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.
CORTE ADVIERTE SOBRE MALA FE
En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.
En aquella oportunidad los ministros de la Corte mencionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el presente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en dificultar el normal desarrollo de la administración de justicia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.
ALTOS MAGISTRADOS
De la misma manera, los altos magistrados mencionaron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.
Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.
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Falsa denuncia de Arnaldo Giuzzio, congruente con filtración de Seprelad
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.
“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a engrosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
DESESTIMACIÓN DE FALSA DENUNCIA
El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.
“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.
CON EL AVAL DE ABDO
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
El 31 de julio de 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
TRATAMIENTO DE DESAFUERO
Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la Justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.
Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la Justicia, y buscar mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de Justicia.
“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal”, refirió Ovelar.