El juez de ejecución penal de Filadelfia, Chaco, Carlos Alberto Lezcano, rechazó reducir la condena a los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina, quienes fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado en el marco del suceso del cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató, de Mariscal Estigarribia, Chaco, donde fueron asesinados dos adultos y dos niños.

Por su parte, la querella adhesiva representada por el abogado José Dos Santos se opuso al pedido de la defensa de los condenados argumentando que “ el pedido de redención formulado por los condenados no corresponde debido a que no se tienen datos certeros y carecen de credibilidad, debido a que se observa que todas las planillas han sido confeccionadas en un mismo momento, además llama la atención que la hora de entrada y salida en todas las planillas son las mismas, lo cual resulta imposible, por ejemplo no se registra hora para salida de almuerzo según la planilla”, indicó la querella.

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El magistrado Lezcano señaló que “conforme al análisis de la cuestión planteada, esta judicatura constata que no existen méritos que solventen con convicción el otorgamiento de la redención a favor de los condenados, por lo que se resuelve no hacer lugar al incidente de redención con costas a la perdidosa”, refiere el argumento del juez de ejecución.

La Justicia condenó a 30 años de cárcel más10 años de medidas de seguridad totalizando 40 años de pena de privativa de libertad a Vicente Ramírez y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, acusados por el cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

Asimismo, el colegiado condenó a 12 años y 6 meses de cárcel a Cesáreo González, tras ser encontrado culpable por el delito de abigeato y producción de documentos no auténticos. Mientras que los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado. Por su parte, el abogado Ricardo Ramírez fue condenado a 5 años de cárcel por abigeato.

En el crimen fallecieron Alcibiades Ayala Coronel, su esposa Francisca Nidia Núñez y sus dos nietos pequeños. El homicidio ocurrió en julio del 2019 en la citada localidad chaqueña. El agente fiscal, Andrés Arriola, acusó a los procesados por homicidio doloso, abigeato, robo agravado, hurto especialmente grave, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y reducción.

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En el marco del Consejo de Ministros realizado este martes, integrantes del gabinete del presidente Santiago Peña presentaron un balance. Cada una de las carteras habló sobre los avances en sus respectivas áreas misionales, así como también los desafíos y proyecciones para los próximos meses.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, resaltó el reposicionamiento del modelo agrícola nacional, con énfasis en la transición de una agricultura de subsistencia enfocada en el mercado. “Hemos logrado posicionar productos de la agricultura familiar en el mercado regional, generando un impacto económico interesante”, afirmó.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la ministra Claudia Centurión informó que entre enero y mayo se iniciaron más de 37 contratos de obra por un valor superior a USD 580 millones. La ejecución presupuestaria alcanzó un 31% en ese periodo, “el promedio más alto de los últimos diez años”.

Actualmente hay 117 contratos activos que totalizan una inversión de USD 1.740 millones. Además, anunció la próxima puesta en marcha de centros de primera infancia, la generación de más de 15.000 empleos en el sector construcción en lo que va del año y la presentación oficial de la reforma del transporte público, para los próximos días.

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En materia de defensa, el ministro Óscar González destacó el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y la adquisición de seis aeronaves Súper Tucano, de las cuales cuatro llegarán el 27 de junio. Además, celebró la incorporación histórica de cerca de 700 mujeres al centro de instrucción militar (Cimefor), así como avances en la captura de miembros de organizaciones criminales.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, subrayó tres ejes de acción: empleo, formalización y capacitación. “Nos habíamos trazado la meta de 800.000 personas formalizadas y ya alcanzamos 793.200”, precisó. Informó también sobre la generación de empleo para más de 19.000 mujeres jefas de hogar gracias al programa Hambre Cero, el registro de más de 29.000 nuevas empresas y 11.000 sucursales, y la inexistencia de conflictos laborales en lo que va del año.

El ministro del Ambiente, Rolando de Barros, anunció la apertura del mercado de carbono mediante un acuerdo con Singapur, que ya generó inversiones sostenibles por USD 350 millones en Itapúa y Caazapá. También destacó que Paraguay se posiciona como un hub de negocios verdes y se encuentra entre los diez países con mejor calidad de aire en Latinoamérica.

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En el área social, el titular del MDS, Tadeo Rojas, informó que el programa de pensión para adultos mayores alcanzó a 340.544 beneficiarios, superando la meta inicial del año. Además, el programa Hambre Cero ya llegó a más de 1 millón de niños en 7.000 instituciones educativas, y el programa Tekoporã beneficia actualmente a más de 196.000 familias.

En tanto, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, anunció que familias adjudicadas por el programa Che Róga Porã recibirán mañana sus viviendas. Subrayó que con 27.500 soluciones habitacionales ya concretadas, 18.200 de ellas culminadas, el Gobierno alcanzará en dos años los números obtenidos por la administración anterior en cinco años, con proyecciones de duplicarlos al cierre del mandato

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) busca reactivar la cuenca de producción lechera del departamento de San Pedro a través de inversiones que propicien un impulso para el mejoramiento de la producción láctea de las familias productoras de esa zona del país. En ese marco, se realizaron visitas técnicas y verificaciones en varias fincas.

El equipo técnico del Programa Nacional de Fomento a la Cadena Láctea (FCL), dependiente del Viceministerio de Ganadería y de la Dirección General de Planificación del MAG, en coordinación con técnicos locales, trabaja en la adecuación de datos y la planificación conjunta con productores del departamento de San Pedro, con miras al desarrollo de la cuenca lechera en la zona.

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De acuerdo con la cartera estatal, estas acciones buscan impulsar inversiones que mejoren la producción, incrementen los ingresos y eleven la calidad de vida de las familias dedicadas a la producción lechera en el segundo departamento.

En ese marco, se realizaron visitas técnicas y verificaciones en las fincas de los productores beneficiados por el Programa FCL. Durante estas jornadas, los técnicos inspeccionaron el estado general de las instalaciones, con especial énfasis en el desarrollo del forraje.

Los productores fueron beneficiados con la entrega de semillas de nabo forrajero y avena negra, destinadas a la alimentación del ganado lechero, considerando que durante la temporada invernal, las pasturas disminuyen tanto en valor nutritivo como en volumen disponible.

Desde el Ministerio señalan que el cultivo de forrajes, junto con el ensilado y otras técnicas de conservación, permite garantizar una alimentación sostenible, balanceada y continua para el ganado durante todo el año.

De acuerdo con datos de la Cámara Paraguaya de Industrias Lácteas (Capainlac), unas 5.000 fincas de todo el país, donde la mayoría son pequeñas, colaboran con la cadena de producción que genera cerca de 890 millones de litros al año, con un hato lechero de 200.000 animales.

El Programa Nacional de Fomento a la Cadena Láctea se enfoca en potenciar a los pequeños productores para que se integren a la cadena productiva de forma profesional y mantengan el estatus sanitario requerido por las industrias. En ese sentido, se brinda asesoría técnica a los pequeños productores que trabajan en asociatividad.

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• Jimmi Peralta
• Fotos: Gentileza/Archivo

El 12 de junio de 1935 fue firmado en Buenos Aires el protocolo de paz que dio por terminadas las acciones bélicas que enfrentaron a Paraguay y Bolivia desde 1932. Los historiadores Erasmo González y Herib Caballero Campos cuentan los pormenores de las arduas negociaciones y el contexto en el que se desarrolló el conflicto entre ambos países por la posesión del Chaco Boreal.

Luis Alberto Riart y Tomás Elío, cancilleres de Paraguay y de Bolivia, respectivamente, fueron los encargados de refrendar el documento para poner fin a las hostilidades entre ambas naciones mediterráneas, que se disputaron una salida fluvial al mar y sufrieron la falta del vital líquido durante varios tramos de la contienda, lo que infligió múltiples sufrimientos además de los propios de toda guerra.

A 90 años del histórico acuerdo, se celebra la hermandad entre pueblos que, si bien tienen amplias fronteras en común, en gran parte siguen separados por el gran territorio chaqueño.

La guerra del Pacífico (1879-1884) cercenó territorialmente a Bolivia y lo despojó de 120.000 km2 de superficie y 400 km de litoral marítimo. Este fue un momento clave que provocó que el Chaco paraguayo entrara en los planes estratégicos del país del altiplano.

En Bolivia, con la pérdida de su costa sobre el océano Pacífico en la guerra que tuvo contra Chile, desplazaron hombres para irrumpir en el Chaco fundando fortines, al tiempo que los tratados se realizaban, pero no se solucionaron las diferencias territoriales.

“Las incursiones generaron tensiones al punto de que en febrero de 1927 es muerto en el fortín Sorpresa el teniente paraguayo Adolfo Rojas Silva. A partir de ese episodio el conflicto contra Bolivia se desarrolló en un ambiente en el que amplios sectores de la ciudadanía paraguaya reclamaban mayor presencia del Estado paraguayo en el Chaco. Desde el llamado a la movilización en diciembre de 1928 luego del ataque de tropas paraguayas al fortín Vanguardia, donde los bolivianos fueron desalojados, la crisis diplomática afloró con la expulsión de sus respectivos representantes diplomáticos que cumplían funciones en ambos países”, explica Erasmo González, doctor en historia.

El 23 de octubre de 1931, registrado como un ícono del reclamo ciudadano por la protección del Chaco, quedó en la memoria por la masacre de manifestantes estudiantiles en los jardines del Palacio de Gobierno, que estaba ocupado entonces por el presidente José P. Guggiari.

“Lo sucesivos gobiernos paraguayos venían realizando una prudente campaña de reforzar y dotar de mayor armamento al Ejército, que se inició con las reformas realizadas por el presidente Eligio Ayala. Durante su gobierno se mandaron comprar armas e incluso las dos cañoneras adquiridas de Italia: El Paraguay y el Humaitá”, indica González.

“En los últimos años han sido varias las investigaciones históricas académicas que han permitido comprender el esfuerzo del Estado paraguayo para armar al país. Efectivamente, sin un préstamo internacional se pudo comprar armamento moderno y capacitar a los jefes y oficiales para enfrentar el conflicto a partir de los planes consensuados entre el Gobierno y los jefes del Ejército en agosto de 1924”, explica, por su parte, el historiador Herib Caballero Campos.

A pesar de estos esfuerzos, en comparación con el despliegue boliviano Paraguay se encontró con una preparación un tanto menor en efectivos y en armamento para el inicio de las hostilidades.

“La contienda se inició con la toma boliviana en Pitiantuta, casi al mismo tiempo en que el doctor Eusebio Ayala asumía la Presidencia. Era una etapa difícil e incierta, pero el presidente tuvo el tino de apostar por José Félix Estigarribia para el mando del Ejército. La estrategia del comando paraguayo de llevar la guerra al interior de la región chaqueña fue fundamental. Los bolivianos incursionaron en un territorio adverso por las condiciones naturales del territorio, alejados de donde existía agua; además, considerablemente lejos de su puesto logístico”, refiere González.

“La utilización del idioma guaraní por orden general del comandante Estigarribia fue estratégica para comunicarse y despistar a los enemigos con códigos que los jefes oficiales y los soldados paraguayos podían entender. Además, servía para identificarse entre paraguayos si se encontraban en un lugar determinado, evitando confusiones que podían llevar al enfrentamiento entre los mismos”, agregó.

La primera mitad del siglo XX en Paraguay se caracterizó por un sinfín de tragedias internas a consecuencia de la inestabilidad política con revoluciones, golpes de Estado, exilios, atropellos, proscripciones y muerte. La hegemonía liberal había arrancado en 1904, pero tanto los conflictos dentro del propio partido de gobierno como las confrontaciones con la oposición impedían el desarrollo de un proyecto nacional.

“En el contexto de la guerra se había generado una tre­gua política. Según se esta­bleció por leyes aprobadas por el Congreso, se reprimió a los sectores socialistas y comunistas que eran anti­guerreristas, pues conside­raban que la guerra del Chaco era una guerra imperialista. Asimismo, importantes jefes políticos de los dos partidos tradicionales se moviliza­ron o apoyaron al gobierno de Eusebio Ayala”, señala Caballero Campos.

“El territorio chaqueño no conoció diferencias políticas entre los combatientes para­guayos. Diferentes sectores de la sociedad acudieron al llamado: campesinos, obre­ros, estudiantes y con ellos artistas, poetas, intelectua­les, choferes, deportistas, enfermeras y médicos. Con ese esfuerzo mancomunado se pudo sobrellevar la guerra con el acompañamiento de las mujeres, que realizaron diferentes actividades tanto en retaguardia como en el frente. Se destaca la labor de las madrinas de guerra como apoyo emocional para el sol­dado combatiente”, explica González.

A renglón seguido, destacó la unidad que se logró en el Paraguay durante la guerra a pesar de las diferencias que lo sepa­raban anteriormente.

“En general hubo un gran acompañamiento. Las personas hacían donaciones para las viudas y huérfanos de guerra; la Legión Civil Extranjera, conformada por miembros del comercio y la industria que eran de ori­gen extranjero, colaboró con varias acciones para paliar las necesidades más urgentes. La Junta Nacional de Aprovisionamiento era una entidad gestionada por el Estado con fuerte colabo­ración de sectores privados, que proveían los alimentos básicos a las familias de los soldados combatientes que no tenían otros recur­sos para subsistir. La Cruz Roja Paraguaya, liderada por el Dr. Andrés Barbero, donó un avión ambulancia, así como también realiza­ron varias actividades para recaudar fondos, como el partido de fútbol en Buenos Aires en el que jugó Arse­nio Erico, que finalmente fue fichado por el Indepen­diente de Avellaneda”, citó Caballero Campos.

En el contexto de una guerra con fuertes bajas para ambos bandos, la vía diplomática no estuvo clausurada. Esto a pesar de que Paraguay fue sancionado por la Sociedad de Naciones (antecedente de las Naciones Unidas) por haber sido declarado país agresor.

“El grupo mediador lide­rado por el gobierno argen­tino del general Juan B. Justo fue el impulsor de abrir una negociación con el apoyo de los demás gobier­nos de la región, pero el último actor clave en sumarse y muy nece­sario fue el gobierno del Brasil, cuyo presidente Getulio Vargas visitó Buenos Aires en mayo de 1935, dando su acuerdo para que se impulse un alto al fuego en el infierno verde del Chaco”, comenta Caballero.

“De una posición defensiva en los primeros meses del conflicto, Paraguay pasó a la ofensiva en 1934 logrando recuperar territorios que los bolivianos fueron ocupando. Para 1935 ya había cruzado el río Parapití. Sin embargo, no debemos olvidar que todo esto significó sacrificios humanos de padecimientos por sed, pestes, heridas, traumas emocionales, muerte y angustia por la distancia de los seres queridos. Para 1935 los recursos se extremaron. Cada día de combate repre­sentaba un gran costo para el país, por lo que la gestión diplomática también fue ardua”, apunta González.

En este sentido, fue des­tacado el rol del canciller argentino Carlos Saave­dra Lamas en el contexto de las negociaciones diplo­máticas, quien fue reco­nocido con el Premio Nobel de la Paz en 1936 por su mediación en este conflicto y por haber inspirado un tratado antibélico que lleva su nom­bre.

“Las nego­ciaciones comenzaron en mayo de 1935. Primeramente, el grupo mediador se reunía con cada canciller por sepa­rado. El Paraguay desde un principio estaba conteste en general con los términos del documento propuesto por los mediadores, pero Bolivia pretendía esperar el resul­tado de su contraofensiva, que fue detenida exitosamente por el Ejército para­guayo en la batalla de Ingavi, el 8 de junio de 1935. En ese sentido, ya el 11 se anunciaba en los medios de prensa asun­cenos que se había acordado entre los países un alto al fuego, pero se estaban aún ultimando los detalles del documento final”, explica Caballero Campos.

De su parte, González subraya que el pro­tocolo se firmó en un momento en el que ya no se podía continuar con la guerra por la dificultad para obtener recursos y el agotamiento de los combatientes. Por ello, de alguna forma la firma del protocolo de paz del 12 de junio era el camino obli­gatorio.

“Ya en los últimos meses de la guerra, el cansancio, la hos­tilidad de la naturaleza en el alto Chaco, el revés en las estribaciones andinas hicie­ron que la mayoría de la tropa paraguaya ya se encuentre agotada y agobiada, según se puede deducir de varios tes­timonios. Además, las arcas del Estado paraguayo ya esta­ban exhaustas luego de casi tres años de guerra. Por ello, el alto al fuego al mediodía del 14 de junio de 1935 (día en que se festeja la Paz del Chaco en Bolivia) fue celebrado por todos los combatientes, pues era algo que se anhe­laba en ambos ejércitos ”, agrega Caba­llero Cam­pos.

En agosto de 1935 se rea­lizó el desfile de la victoria en Asunción, pero el país estaba con una economía extenuada, con la producción mayormente a cargo de ancianos, niños y mujeres. Todo esto fue terreno fértil para que afloren de nuevo las des­avenencias, los golpes de Estado, revoluciones, per­secuciones e inestabilidad política.

El Tratado de Paz, Amis­tad y Límites definitivo se rubricó el 21 de julio de 1938. El documento final fue fir­mado por Cecilio Báez y José Félix Estigarribia por Paraguay, y Eduardo Díez de Medina y Enrique Finot por Bolivia. El acuerdo fue refrendado por un referén­dum, que se realizó el 15 de agosto de ese año y tuvo una aprobación del 91 %.

En octubre de 1938, en cum­plimiento de una de las cláu­sulas del tratado, se abrió una Comisión Mixta Demarca­dora de Límites para señali­zar la frontera en el terreno, que dio por concluidas sus tareas en 2007.

Por ello, recién en abril de 2009, con firma de Evo Morales por Bolivia y de Fernando Lugo por Para­guay, se oficializó el acta de cumplimiento y ejecución del mencionado tratado.

A poco de cumplirse el cente­nario de esta epopeya, la más grande del siglo pasado en el continente, que dejó cerca de 100.000 bajas, el vínculo entre ambos países sigue en parte separado por aquel territorio hostil.

“Evidentemente el Chaco hasta hoy en día es una barrera para que se dé ese relacionamiento más cercano entre bolivianos y paragua­yos. Hoy la ruta Bioceánica es una oportunidad para mejo­rar esa integración, pero el Chaco aún hoy es un territo­rio despoblado, con muchas carencias y una necesidad de recibir políticas públi­cas que aseguren la edu­cación, la salud y la movi­lidad a las poblaciones chaqueñas, tanto origi­narias como a las demás que habitan dicho terri­torio”, concluyó Caba­llero Campos.