Por Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)

Los cambios hechos a la ley de Alianza Público Privada (APP) contribuirán a captar las inversiones que el país precisa en infraestructura, así como a generar mayor eficiencia para el sector privado, que se reflejará en una mejora del gasto público. Así lo destacaron representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y el Club Ejecutivos a La Nación/Nación Media.

La norma es un paso clave para el crecimiento económico del país, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, al promulgar la Ley 7452 “de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.

Esta nueva ley, cuya iniciativa nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reemplaza a la anterior (5102/2013) tras los cambios. Entre ellos, el incremento del límite del aporte financiero del Estado a los proyectos, anteriormente del 10 % y actualmente al 25 %, del costo total de la obra. Este porcentaje podría aumentar, según lo que disponga el MEF.

También el aumento del tope de la cantidad de proyectos que se pueden financiar con esta modalidad del 2 % al 4 % del producto interno bruto (PIB), es otro de los cambios. Este 4 % representa en números, USD 1.700 millones, y permite al Estado financiar más de dos proyectos de gran envergadura.

Esta normativa estipula un monto mínimo de inversión para que un proyecto pueda ser considerado para una Alianza Público-Privada (APP), equivalente a 12.500 salarios mínimos. Es decir que, el proyecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar esta modalidad de financiamiento.

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El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, dijo que están contentos de que se haya trabajado para perfeccionar la ley de APP a fin de conseguir más inversiones que el país necesita. Al respecto, señaló Paraguay tiene producción, energía y mucha mano de obra, pero por falta de condiciones, muchas veces no se obtienen inversiones acorde a sus necesidades.

“En nuestro país hay mucha infraestructura para poder invertir, pero no menos de USD 1.500 o USD 1.800 millones, que es el 4 % del PIB. Y estamos lejos de poder llegar a eso. Entonces, este tipo de leyes creo que pueden compensar lo que el Estado no puede invertir por falta de recursos”, manifestó Sarubbi a La Nación.

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El representante del gremio aseguró que Paraguay tiene un futuro muy prometedor, pero el Estado también debe seguir mejorando en el gasto público, y tener en orden las finanzas, sin descuidar la inversión pública, ya que actualmente existe un déficit importante.

“Se tienen que bajar los gastos corrientes e invertir en más infraestructura para que vaya menguando este déficit de infraestructura”, enfatizó. Cavialpa junto con otros gremios de la construcción trabajaron en las modificaciones de la ley y lo seguirán haciendo para su reglamentación.

La directora del Club de Ejecutivos, Laura Ramos King, dio su parecer respecto a la ley de APP. Afirmó a La Nación que todas las mejoras que se realicen son cambios que generan mayor eficiencia para el sector privado y por ende una mejora en el gasto público.

“Esto es porque en la normativa se modificó la ampliación de los plazos para las licitaciones, lo que permitirá diluir los costos de las obras a lo largo del tiempo, y así evitar que resulten demasiado onerosas para el sector privado y por lo tanto para el sector público”, expresó.

Teniendo en cuenta lo que contribuirá la modalidad al desarrollo del país, Ramos King señaló que una ley que facilita el proceso de contratación de obras, dando facilidades al sector privado, incentiva sustancialmente el desarrollo del país. Según su apreciación, es fundamental para toda economía tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, pero que, sin el impulso y mejora continua a esta unión de ambos sectores no sería posible.

“Además de esta ley, si logramos dar seguridad jurídica a los inversores, ya sean estos nacionales o extranjeros, lograríamos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza generada, así como tener credibilidad, las cuales son cruciales. Como podemos observar en países más desarrollados, si no se ven las consecuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas, y por lo tanto, no tendremos oportunidad de ser hub regional”, aseveró.

Hay que señalar que la duplicación y ampliación de la ruta PY02 es el primer contrato ejecutado en el país bajo la modalidad de Alianza Público Privada. Los trabajos iniciaron en agosto de 2019. Fueron empleadas de forma directa 1.400 colaboradores y de forma indirecta 4.000, según datos de las constructoras encargadas Sacyr Concesiones y el consorcio Rutas del Este.

Esta vía tiene un impacto sobre nueve municipios de tres departamentos del país y renovó el corredor logístico hacia Brasil, por donde se mueve más del 60 % de la actividad económica de Paraguay. Además de la reducción del tiempo de desplazamiento, existe mayor estándar de seguridad para los 20.000 usuarios que la utilizan diariamente.

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Paraguay avanza con compromisos internacionales a través de la promulgación del Decreto Reglamentario n.° 2915, el 26 de noviembre de 2024, que crea el Consejo Nacional de Afrodescendientes (Conafro) y reglamenta la Ley n.° 6940/22, orientada a prevenir y sancionar actos de racismo hacia la población afrodescendiente.

La Ley n.° 6940/22, promulgada en 2022, tiene como objetivo prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación, con especial énfasis en la protección de los derechos de las personas afrodescendientes. Esta normativa es resultado del esfuerzo conjunto entre las comunidades afrodescendientes, organismos y organizaciones internacionales, y diversas instituciones públicas, bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Cultura.

La reglamentación de la ley incluye importantes avances, como la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos para la inclusión plena de las personas afrodescendientes, un Registro Nacional de Personas Afrodescendientes gestionado por el Instituto Nacional de Estadística, y la incorporación de la historia afrodescendiente en los programas educativos del país. Además, se establece la implementación de sanciones contra actos discriminatorios, promoviendo un entorno de igualdad y respeto. Estos avances legislativos son un paso significativo para disminuir la desigualdad social y racial en el país.

Durante los primeros días hábiles del año, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) recepcionó 45 casos de incumplimiento de pago del aguinaldo, cuya fecha límite es antes del 31 de diciembre, según lo que estipula el Código Laboral.

Desde la cartera laboral indican que del total de las denuncias recibidas, 43 fueron nominales, evidenciando que la mayoría de los trabajadores optaron por identificarse y participar en el proceso de mediación facilitado por la autoridad administrativa del Trabajo para acceder a la remuneración anual complementaria.

En detalles, las denuncias abarcaron a 26 patronales, y entre los denunciantes, 36 fueron hombres y 9 mujeres. La mayor parte de los casos (33) provienen de Asunción y el departamento Central, mientras que las restantes 12 denuncias fueron realizadas desde el interior del país.

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El Ministerio de Trabajo habilitó múltiples canales para facilitar este proceso: 32 denuncias se recibieron de forma presencial, mientras que 13 fueron gestionadas a través de la plataforma en línea. Recuerdan que las denuncias son derivadas a la dirección general de Inspección y Fiscalización del Trabajo, en tanto las denuncias nominales pasan al proceso de mediación.

En el caso de que el empleador no se presente en la mediación, el caso también es derivado a Fiscalización, donde podría enfrentarse a sanciones de entre 10 y 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado. Todos los afectados pueden presentar sus casos de forma presencial en la sede Central de Asunción o en las direcciones regionales alrededor del país; además de forma online a través de www.mtess.gov.py y en los números (021) 729-0100 y (0993) 308-100.

Según explicó Wilson Netto, jefe del departamento de Mediación de Trabajo, son las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) las que tienen más problema para el pago de aguinaldo, ya que sostuvo que las empresas grandes no se arriesgarán “a este tipo de problemas”.

“La empresa ya es pasible de sanciones a partir de este momento, ya estamos ante un incumplimiento normativo. Lo que queremos es tratar que todo sea equitativo, llegar a un acuerdo y no llegar a una etapa de multar, ya queda un antecedente negativo”, explicó a la 1000 AM.

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• Por Felipe Goroso S.
• Columnista político

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad individual y social y mayor suma de estabilidad política”, Simón Bolívar. Hay que agregarle que será difícil acercarse a este cuadro ideal sin una estructura adecuada del Estado. Lo primero son las ideas; lo segundo, las herramientas y materiales con las cuales se construyen, solidifican y amplían.

Lo que en la terminología del derecho constitucional reciben el nombre de poderes del Estado, son en realidad estructuras que traducen en actos precisos, útiles al bien general, los designios justos y equitativos del poder que reside en el pueblo. Las tres patas del Estado cumplen funciones específicas y complementarias con facultades limitadas y con la intervención de ciudadanos idóneos, cuya selección la efectúa, según el cargo, de manera directa e indirectamente, la voluntad popular expresada en elecciones libres, transparentes y legítimas.

La soberanía nacional y popular no constituiría un hecho real, latente y viviente, sin la vigencia irrestricta del doble derecho fundamental de elegir y ser elegido. La democracia es consustancial con la función electiva. El pueblo paraguayo es inmemorialmente democrático porque desde que hay memoria de su existencia ha intervenido con su voto en la designación de sus autoridades. Los pueblos guaraníes, allí donde hayan puesto los pies, se organizaban en democracias de primer grado.

La Real Cédula del Emperador Carlos V, dada en Valladolid en setiembre de 1537, sentó las bases de la representación del Estado y del derecho electoral paraguayo. “… habiendo jurado de elegir persona cual convenga a nuestro servicio y bien de dicha tierra, elijan por nuestro nombre por gobernador y capitán general de aquella provincia la persona que según Dios y sus conciencias pareciere más conveniente y el que así eligiesen todos en conformidad, o la mayor parte de ellos, use y tenga el dicho cargo, al cual por la presente damos poder cumplido para que lo ejecute cuanto merced y voluntad fuere…”, la claridad de las palabras y frases encadenadas del español antiguo. Maravillosa definición de un concepto simple que algunos prefieren complejizar, como el de la voluntad popular.

La política, esa mala palabra que empiece con p y termina con a, nos llama a defender nuestra democracia ante las corporaciones que prefieren sistemas que restringen la libertad. Una democracia viva, activa, ardiente, celosa de sus ciudadanos y por el presente. Así como el Estado y la correspondiente, necesaria y oportuna estructura.