El gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, en consonancia con los distintos sectores económicos, manifestó que no sería conveniente volver a una fase cero porque repercutirá en los fondos.
Esto, teniendo en cuenta que hoy arranca el pago del IPS para unos 10.000 trabajadores que siguen suspendidos en sus funciones laborales, por lo que luego quedará un remanente de US$ 13 millones para el mes siguiente, dijo.
“Si se volviera a una cuarentena, se va a disparar el número de trabajadores suspendidos y se reducirá el presupuesto disponible”, expresó para la 970 AM.
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Leve reactivación
La previsional ejecuta hoy jueves 7 de mayo el pago número 13 de subsidios, correspondiente al mes de mayo del 2021, para los casi 10 mil trabajadores suspendidos por la pandemia, que accederán al beneficio.
En ese sentido, señaló que están desembolsando pagos a los trabajadores suspendidos a razón de unos US$ 6 a US$ 8 millones en sustitución de su salario durante este mes de mayo.
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Si bien, hubo una tendencia a la baja en la cantidad de suspendidos, lo cual se debió a la pequeña reactivación que se dio en el ámbito laboral, si se compara con el primer mes del impacto cuando hubo unos 101.000 trabajadores suspendidos, agregó.
Asimismo, Halley explicó que también se da una situación diferente a los primeros meses, ya que los casos de aislamiento preventivo son los que aumentaron mucho en este tiempo, acotó.
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Comisión de Diputados aconseja aprobar la elevación del cálculo de jubilación en IPS
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).
Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.
La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.
Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.
El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.
A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.
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Ley de Transparencia sincerará rol de las oenegés ante la ciudadanía
Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.
La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.
Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)
La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.
El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.
Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.
La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.
Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.
No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.
Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.
Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.
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“Es un trabajo técnico-político”
La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, aseguró que la propuesta del Poder Ejecutivo consistente en elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) no se trata de un planteamiento improvisado e impulsado a las apuradas.
“El proyecto reúne un paquete de medidas que fueron recomendadas por los efectivos estudios actuariales que se vienen realizando desde hace 20 años al IPS. Desde octubre de 2023 venimos reuniéndonos con el presidente Santiago Peña y todo su equipo técnico para informarles sobre la situación real en la que encontramos al IPS y cuáles eran las recomendaciones técnicas que hacemos desde nuestras distintas dependencias y perspectivas”, manifestó.
“Este es un trabajo conjunto realizado desde el sector técnico acompañado, comprendido por el sector político”, afirmó Cubas. Agregó que la iniciativa fue abordada desde la gerencia financiera, la gerencia de prestaciones económicas, la gerencia de salud, la dirección jurídica y la dirección de planificación.
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Elevar el cálculo jubilatorio en IPS no es un plan improvisado: “Es un trabajo técnico-político”
La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, aseguró que la propuesta del Poder Ejecutivo consistente en elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) no se trata de un planteamiento improvisado e impulsado a las apuradas.
“El proyecto reúne un paquete de medidas que fueron recomendadas por los efectivos estudios actuariales que se vienen realizando desde hace 20 años al IPS. Desde octubre del 2023 venimos reuniéndonos con el presidente Santiago Peña y todo su equipo técnico para informarles sobre la situación real en la que encontramos al IPS y cuáles eran las recomendaciones técnicas que hacemos desde nuestras distintas dependencias y perspectivas”, manifestó.
“Este es un trabajo conjunto realizado desde el sector técnico acompañado, comprendido por el sector político”, afirmó Cubas. Agregó que la iniciativa fue abordada desde la gerencia financiera, la gerencia de prestaciones económicas, la gerencia de salud, la dirección jurídica y la dirección de planificación.
De esta forma señaló al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que el proceso de elaboración de la iniciativa remitida días atrás al Congreso Nacional estuvo encabezado por el jefe de Estado y el titular de la previsional, Jorge Brítez.
“Buscar juntos una mejor salida”
“Tengo más de 20 años en el IPS y debo decir que es la primera vez que en poco más de un año de gobierno un presidente de la República nos da tanto tiempo de su agenda. Nos reunimos por lo menos en 4 ocasiones para buscar juntos una mejor salida a los problemas que tenemos en la institución tanto en el fondo de jubilaciones como en la prestación de salud”, dijo.
Detalló además que el proyecto tras lograr su aprobación en el Consejo de Administración de la previsional fue remitido recién al Ejecutivo en junio pasado, en donde se realizaron varios ajustes por parte del equipo de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas.
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La gerente de Prestaciones Económicas del IPS sostuvo que el proyecto fue debatido con los gremios de trabajadores, sindicatos, centrales obreras, jubilados y los representantes de los empleadores, citando a la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
“Desde que asumimos es de público conocimiento que hemos puesto a conocimiento de nuestros asegurados y de la ciudadanía en general cuál es la condición en la que encontramos al IPS y cuáles eran las recomendaciones técnicas que hacíamos. Los representantes de los jubilados manifiestan que esta es una modificación necesaria para que se fortalezca el IPS y recupere su equilibrio financiero”, expresó.