Estados Unidos sancionó ayer miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los condecorará por ser “eminentes profesionales”, según él.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizó “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, general Rubén Santiago. Los muy temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusaciones de “conspiración” contra el gobierno de Maduro.

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Han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la ONU encargada de investigar abusos en Venezuela. La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.

Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del régimen, presente en casi todas las intervenciones de Maduro, el del Despacho de la Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán, el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello. Desde setiembre está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, afirma el Tesoro en un comunicado.

De esta manera ignoran “la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, añade. La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo.

El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El opositor terminó exiliándose en España, pero ha prometido que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.

Cuatro meses después de las elecciones, “Maduro y sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los principios democráticos”, afirma el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, en otro comunicado. El Departamento de Estado impuso por su parte restricciones de visa a “individuos alineados con Maduro”.

Las sanciones implican el “bloqueo de propiedad y suspensión de entrada” en Estados Unidos “por ser funcionarios actuales o anteriores” del gobierno de Venezuela, informa el Tesoro. Hasta la fecha casi 2.000 venezolanos sancionados tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Caracas ha tardado horas en reaccionar públicamente.

“He dado la orden de crear en los próximos días la condecoración (...) que llevará el nombre de la Gran Victoria de Ayacucho” y “se la voy a colocar a cada uno de estos hombres que han sido hoy agredidos”, soltó Maduro durante el aniversario de la Aviación Militar de Venezuela tras tachar de “ridículas” las sanciones. Son “eminentes profesionales”, defendió.

Anteriormente contraatacó la cancillería. Las sanciones “son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país”, sostuvo refiriéndose a la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump.

El gobierno chavista estima que las medidas apuntan a un “grupo de patriotas”. Para Washington, por el contrario, “no se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro” sino a los funcionarios “que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas”, declaró a periodistas un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.

Pero Estados Unidos sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia. La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.

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“Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela”, afirmó el funcionario. “Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro”, precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.

En los últimos días ha aumentado la presión internacional sobre el chavismo. El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones. Esto llevó a Maduro, reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.

Fuente: AFP

A través de una conferencia de prensa, informaron que el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el proyecto de ley de bienestar y protección animal integral, el cual será remitido al Poder Legislativo. Según explicaron, mediante esta iniciativa se busca robustecer el marco normativo actual, siendo un complemento a la ley que penaliza el maltrato hacia los animales.

“Algunas de las previsiones que hace esta ley, además de reafirmar que la titularidad de la acción penal pública en el caso del maltrato animal lo tiene el Ministerio Público, es establecer y definir claramente cuáles son los criterios para considerarse maltrato animal y contempla un tipo base y graduaciones al momento de hablar de penas”, explicó Paula Carro, vocera del Gobierno.

Entre las innovaciones que trae este proyecto se encuentra la creación de un registro de personas que han incurrido en situaciones de maltrato animal, se crea el primer banco de sangre de animales, además de un centro de atención sanitaria donde no solo se va a dar sostenimiento a animales que sufrieron de maltratos, sino que también apoyará a familias de escasos recursos, se dará atención veterinaria y trabajará con refugios y albergues, los cuales actualmente se sostienen en general con la autogestión.

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“No solo abarca todo lo que tiene que ver con el maltrato, algo muy importante que es la cultura del maltrato, no se trata solo de luchar contra los agresores, sino también contra el abandono, la cría de perros, gatos y animales en general. Estamos cansados de ver animales en las calles y todo forma parte de una cultura que debe ser cambiada y avanzar. Solo se avanza con políticas públicas como las que ahora se están impulsando”, expresó Héctor Rubin, director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal.

Carro recordó que hace poco, el Poder Ejecutivo promulgó una ley que penaliza el maltrato animal, por lo que este proyecto ayudará a robustecer todo el marco normativo de nuestro país en materia de bienestar animal. “Desde la Presidencia se considera que no es una cuestión menor”, aseveró la vocera. “La tenencia responsable es muy importante y para eso se debe mejorar todo el sistema”, añadió por su parte Rubin.

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La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley de reforma de Tren de Cercanías durante la sesión extraordinaria de este miércoles. A través de esta iniciativa se establecen los mecanismos para la construcción y explotación de este transporte que cubrirá el tramo de Asunción-Ypacaraí.

En septiembre de 2024 se optó por desistir con el acuerdo anterior con la República de Corea y el Gobierno anunció que se procedería a convocar a una licitación abierta para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, facilitando la participación del sector privado.

De acuerdo al mensaje del Poder Ejecutivo para el Legislativo, se propone una modalidad nueva que favorecerá el impulso económico, la generación de más puestos de trabajo y mayor confort a los pasajeros de esta zona del país. El proyecto fue analizado en las comisiones de Legislación, de Obras Públicas, de Asuntos Departamentales y aconsejaron la aprobación con modificaciones.

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El presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, indicó que las diferentes comisiones se reunieron con representantes del Ministerio de Obras Públicas, Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), entre otras instituciones y tras este encuentro, se resolvió recomendar al pleno su aprobación con modificaciones.

De acuerdo a lo que explicó Maidana, se deben prever los siguientes puntos: la adopción de un nuevo marco jurídico, el proyecto de ley se declara de orden público, utilidad común e interés social y estará a cargo del MOPC y de Fepasa en su carácter de concesionaria.

“La concesión y la administración de la prestación de servicios estará a cargo de Fepasa y se autoriza a hacer una adenda al contrato de concesión en la que deberán constar las obligaciones del MOPC, se establecerá la concesión por el plazo que resulte necesario para la implementación del proyecto”, explicó.

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También se autoriza a Fepasa a suscribir con el sector privado una subconcesión por un plazo máximo de 35 años, lo que se hará bajo los principios de economía, eficiencia, libre competencia y transparencia. El MOPC estará a cargo de la etapa de construcción y fiscalización de la obra y se constituirán uno o más fideicomisos de administración y pago para cumplir con las obligaciones derivadas.

“El proyecto busca mejorar la infraestructura de transporte público, especialmente en áreas urbanas con el fin de reducir la congestión vehicular y ofrecer una alternativa más eficiente y accesible de transporte para los ciudadanos. Abarca un tramo de 43 km entre Asunción e Ypacaraí, está concebido no solo como una alternativa al transporte urbano tradicional, sino como una infraestructura clave para el desarrollo regional y la integración de las ciudades”, expuso el senador José Ledesma. Tras la aprobación, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley “que modifica y amplía la Ley N° 1016/1997, ‘Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar’”. Con este proyecto, se busca la solución a dos problemáticas, la protección de menores de edad y la desmonopolización de los juegos.

El presidente de la Comisión Nacional Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, explicó que este proyecto de modificar la ley fue una prioridad desde que asumió la administración. Ahora el proyecto de ley pasa a la Cámara de Senadores.

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“Desde que asumí la conducción de esta institución, prometimos que íbamos a desmonopolizar los juegos de azar en nuestro país, se está notando en el horizonte que es posible, ya tenemos media sanción, ahora falta la Cámara de Senadores”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El titular de la Conajzar, explicó que “la motivación principal de la solicitud para modificar esta ley, es lo siguiente, hay una explotación clandestina de juegos de azar tremenda, descontrolada en nuestro país, lastimosamente en los 17 departamentos y esta explotación clandestina pone en riesgo la salud de los menores de edad”.

Agregó que la presentación de este documento conllevo varias discusiones y varios días de trabajo para plantear las modificaciones a una ley que ya cuenta con más de casi 30 años, y que urgía este cambio.

“Necesariamente teníamos que modificar esta ley, en primer lugar, para proteger a los menores de edad, porque con la media sanción que se le dio a esta ley el ente regulador va a tener la prerrogativa por sí de luchar frontalmente contra la explotación clandestina de juegos de azar”, apuntó.

El segundo punto, fundamental para la Conajzar es la desmonopolización de las empresas o personas que realizan esta actividad. “Teníamos juegos que muchas personas físicas y empresas jurídicas, representadas por sus apoderados quieren explotar, ejemplo, las quinielas y apuestas deportivas”, manifestó.

Explicó que estas son las dos modalidades de juegos más requeridas o más solicitadas para poder desarrollar esta actividad, “porque la gente quiere jugar, quiere apostar cada semana, en el caso de la quiniela quiere apostar todos los días, son juegos muy solicitados, y son las que más pagan canon a la institución”.

Finalmente, señaló que al desmonopolizar se tendrá una competencia, lo que también hará que mejore todo. “Lo que sí hay que tener en cuenta es no permitir o adjudicar varias licencias de quinielas, varias licencias para apuestas deportivas porque eso puede poner igual en riesgo la recaudación, porque va a ser ya una actividad no apetecible para las empresas o las personas que quieran explotar esa modalidad de juego”, sentenció.

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