La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

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El doctor Carlos Palacios señaló que, más allá del tra­bajo que realizan los aseso­res, cuyo objetivo es brindar el mayor blindaje posible a las sociedades para ocultar al beneficiario final, la Fisca­lía y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) cuentan con las herramientas necesarias para iniciar esa investiga­ción mediante la coopera­ción con grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que, justamente, la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris y dejar de ser conside­rada un paraíso fiscal, forma parte desde hace algunos años del Grupo Egmont, el organismo internacional que permite la cooperación y el intercambio de inteli­gencia entre las unidades de inteligencia financiera de varios países, incluido Paraguay.

“Esta información no es pública; la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficia­rios finales de las empresas constituidas en esa juris­dicción solo puede ser acce­dida a través de estos meca­nismos oficiales. Por eso, la responsabilidad recae, creo yo, en la Seprelad y, fundamentalmente, en el Ministerio Público”, insis­tió Palacios.

El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

El senador Derlis Maidana resaltó que si bien las islas Seychelles eran consideradas un paraíso fiscal, desde el 2013, este país es miembro del Grupo contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), similar al Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Por tanto, existen mecanismos de cooperación a los que podría acceder la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad) para buscar esclarecer la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez publicada por la prensa argentina.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que existen los mecanismos de cooperación internacional, así como Interpol coopera entre los países para ayudar a establecer un crimen o a localizar a un detenido. Así también Gafilat o la Gafi, del cual Seprelad es parte, es un grupo de países asociados que promueven un comercio internacional más justo y que lucha contra el lavado de dinero, lavado de activos.

El legislador explicó que la Cámara Alta aprobó la declaración en apoyo a la eventual investigación atendiendo que los hechos denunciados afectan a la investidura de un expresidente de la República, por lo que corresponde que las instituciones del Estado, afectadas abran una investigación para deslindar todas las responsabilidades.

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La investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto señaló supuestos fondos ocultos que rondarían los 21 millones de dólares, que estarían canalizados a través de empresas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, que se sospecha serían empresas de maletín.

El legislador señaló que las islas de Seychelles trabajan por dejar atrás la imagen de paraíso fiscal desde el año 2013. Por lo que la Seprelad Paraguay puede solicitar cooperación de informes a su par de esa isla, que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF Seychelles), a fin de saber a nombre de quién o quiénes figuran las empresas que han realizado los depósitos bancarios, así como sus presuntos beneficiarios.

“Con los informes en mano; en el caso de que sea afirmativa la existencia de dichos fondos en las islas de Seychelles, exparaíso fiscal, naturalmente tienen que entrar a tallar todas las otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y, por supuesto, la Contraloría General de la República para hacer un examen de correspondencia”, precisó.

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El senador Maidana insistió en que es una denuncia muy grave que no se debe dejar pasar, por más de que el expresidente Abdo Benítez haya salido a decir que no tiene esas cuentas en ese lugar. Señaló que la información se dio a través de medios de comunicación en la Argentina, que en el pasado también habían investigado a la familia Kirchner y que luego se confirmaron que fueron veraces.

“Entonces, nada cuesta que las instituciones del Estado, puedan recabar los informes pertinentes y actuar en consecuencia”, acotó, destacando que la Seprelad cuenta con técnicos muy capacitados, y protocolos para actuar en la materia, para realizar la correspondencias entre las cuentas millonarias que figuran en el sistema financiero de las islas Seychelles a nombre de un total de seis empresas o firmas, y la declaración de bienes entre sus ingresos y egresos, que presentó el jefe de Estado al término de su mandato.

“Lo importante es poder determinar el rumbo a seguir. Nosotros no decimos todavía con certeza, sino que hay una denuncia de dos portales argentinos con cierta credibilidad y que lo que corresponde es que actúe las instituciones. Acá no hay subjetividad, queremos saber si hay, o no esos 21 millones de dólares a nombre del presidente; o a nombre de algunas empresas de maletín vinculado al exmandatario”, explicó.